El gobierno argentino está embarcándose en una reforma estructural del sistema de salud que podría alterar significativamente el panorama sanitario del país. Esta iniciativa, que se ha acelerado tras el reciente cambio en la dirección del Ministerio de Salud, incluye la posibilidad de transferir hospitales nacionales a las jurisdicciones provinciales y contempla recortes presupuestarios sustanciales.

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Fuentes cercanas a la administración han revelado que se está llevando a cabo una revisión exhaustiva de todos los gastos del ministerio, que actualmente cuenta con un presupuesto de más de 1,6 billones de pesos. Las modificaciones recientes en el Hospital Bonaparte, que según el gobierno atiende a solo 30 pacientes con un presupuesto anual de 16.800 millones de pesos, se consideran el punto de partida de esta reforma más amplia.

El alcance de la reestructuración podría extenderse a otros hospitales nacionales de renombre, como el Posadas, el Baldomero Sommer y el Ramón Carrillo, así como a los centros que forman parte del Servicio de Atención Médica Integral para la Comunidad (SAMIC), incluyendo el prestigioso Hospital Garrahan.

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La estrategia del gobierno parece inspirarse en las reformas implementadas durante la administración de Carlos Menem en la década de 1990, que vieron la transferencia de 19 hospitales nacionales a las provincias bajo el artículo 25 de la Ley 24.061 y el decreto 578/93, que introdujo el concepto de "Hospital Público de Autogestión".

El argumento principal del Ejecutivo para estas medidas es que la salud es una "facultad federal" y, por lo tanto, las provincias deberían asumir la responsabilidad financiera de estos centros sanitarios. Sin embargo, esta postura ha generado preocupación entre diversos sectores de la sociedad, que temen por la calidad y accesibilidad de los servicios de salud, especialmente en las regiones más desfavorecidas del país.

La administración no descarta la posibilidad de privatizar algunos hospitales si no se logra concretar su transferencia a las provincias, una perspectiva que ha intensificado el debate sobre el futuro del sistema de salud pública en Argentina.

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El nuevo ministro de Salud, Mario Lugones, cercano al asesor presidencial Santiago Caputo, ya ha comenzado a implementar cambios significativos. Entre ellos, se destaca un nuevo sistema para las prepagas que elimina la intermediación de las obras sociales, y se avanza con planes para cobrar la atención médica a extranjeros en las provincias.

Estas medidas se enmarcan en una política más amplia de reducción del gasto público impulsada por el gobierno del presidente Javier Milei. Sin embargo, la magnitud de los cambios propuestos en el sector salud ha despertado inquietudes sobre el impacto en la atención médica, especialmente para los sectores más vulnerables de la población.

Los críticos argumentan que la transferencia de hospitales a las provincias podría exacerbar las desigualdades regionales en la atención sanitaria, dado que no todas las jurisdicciones cuentan con los mismos recursos para mantener infraestructuras hospitalarias complejas. Además, existe preocupación por la posible pérdida de empleos y la continuidad de programas de investigación y formación médica de excelencia que se desarrollan en estos centros nacionales.

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Por otro lado, los defensores de la reforma sostienen que una gestión más descentralizada podría mejorar la eficiencia y la capacidad de respuesta a las necesidades locales. También argumentan que la revisión del gasto es necesaria para garantizar la sostenibilidad a largo plazo del sistema de salud.

El gobierno ha enfatizado que la implementación de estos cambios no será inmediata y que se buscará el consenso con las autoridades provinciales. Sin embargo, la magnitud de la reforma propuesta sugiere que el debate sobre el futuro del sistema de salud argentino apenas comienza.

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A medida que se desarrollen estos planes, será crucial monitorear cómo se equilibran los objetivos de eficiencia fiscal con la necesidad de mantener y mejorar la calidad y accesibilidad de los servicios de salud para todos los argentinos. El resultado de esta reforma podría redefinir el panorama de la salud pública en el país por décadas.