El gobierno argentino ha dado un paso significativo en su agenda de privatizaciones al anunciar la venta del paquete accionario mayoritario de cuatro centrales hidroeléctricas estratégicas. Esta medida, enmarcada en la ley Bases, representa un giro importante en la política energética del país y forma parte de un plan más amplio de transformación del sector público.

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Las centrales en cuestión son Alicurá, Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila, todas ellas actualmente bajo el control de ENARSA y NASA. El Decreto 895/2024, firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de gabinete Guillermo Francos y el ministro de economía Luis Caputo, establece un plazo de 180 días para llevar a cabo el proceso de privatización.

La Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio de Economía, ha sido facultada para coordinar la transformación de estas empresas públicas y gestionar la venta de sus acciones. Este proceso incluirá la elaboración de un esquema de remuneración para los futuros concesionarios y la preparación de documentos clave como el contrato de concesión, inventarios, y normas de manejo de aguas, entre otros.

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Un aspecto crucial de esta iniciativa es el llamado a un concurso público nacional e internacional para atraer potenciales compradores. La Secretaría de Energía será responsable de establecer las pautas de este concurso y de elaborar los documentos necesarios para la transferencia de acciones.

Esta medida se enmarca en un contexto más amplio de reformas económicas impulsadas por el gobierno de Milei. Recientemente, se reglamentó la ley Bases, que establece el marco para las privatizaciones y modifica aspectos del empleo público y los procesos administrativos.

El proceso de privatización, según la normativa, requiere que el ministro o secretario responsable presente un informe detallado al Poder Ejecutivo. Este documento debe incluir la justificación de la privatización, las alternativas de procedimiento, los plazos estimados y las propuestas para el otorgamiento de preferencias o la aplicación de Programas de Propiedad Participada.

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La lista de empresas sujetas a privatización o concesión es extensa e incluye nombres destacados como Nucleoeléctrica Argentina, Yacimientos Carboníferos de Río Turbio, Intercargo, Enarsa, AySA, Trenes Argentinos, Belgrano Cargas y Corredores Viales.

Esta iniciativa ha generado debates intensos en la sociedad argentina. Sus defensores argumentan que la privatización mejorará la eficiencia y atraerá inversiones necesarias al sector energético. Los críticos, por su parte, expresan preocupaciones sobre el impacto en los precios de la energía y la pérdida de control estatal sobre recursos estratégicos.

El éxito de este proceso dependerá de varios factores, incluyendo el interés de inversores privados, la transparencia del concurso y la capacidad del gobierno para negociar términos favorables. Además, será crucial observar cómo se manejan aspectos sensibles como la transferencia de personal y la continuidad de los contratos existentes.

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La privatización de estas centrales hidroeléctricas marca un punto de inflexión en la política energética argentina. Su implementación y resultados serán seguidos de cerca no solo por los actores del sector energético, sino también por la sociedad en general, dada la importancia estratégica de estos activos para el desarrollo económico del país.

A medida que avance este proceso, será fundamental monitorear su impacto en la generación y distribución de energía, los precios al consumidor, y el cumplimiento de las normas ambientales y de seguridad. La experiencia de Argentina en esta nueva ola de privatizaciones podría servir como caso de estudio para otros países de la región que contemplen reformas similares en sus sectores energéticos.