El Gobierno argentino anunció una transformación significativa en el sector de las telecomunicaciones, con medidas que apuntan a incrementar la competencia y modernizar la infraestructura digital del país. La decisión más destacada es la licitación de 150 MHz de espectro radioeléctrico para el desarrollo de redes 5G, liberando 100 MHz actualmente en manos de ARSAT y 50 MHz del ENACOM.

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Esta apertura del mercado busca dos objetivos principales: mejorar la calidad del servicio y reducir los precios para los consumidores. La medida implica un cambio significativo en la política de telecomunicaciones, donde el Estado renuncia a su participación directa en favor de operadores privados, potencialmente abriendo el mercado a nuevos competidores.

Paralelamente, el gobierno anunció una nueva licitación para proveer conectividad a 16.000 escuelas del país, con un presupuesto anual aproximado de 60.000 millones de pesos. Esta decisión podría beneficiar especialmente a Starlink, la empresa de Elon Musk que comenzó operaciones en Argentina este año y que ha mostrado público apoyo al presidente Milei desde noviembre pasado.

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El vocero presidencial, Manuel Adorni, también reveló los resultados de una auditoría que detectó irregularidades en el sector. Según el informe, Telecom y Telefónica mantenían deudas superiores a 3.000 millones de pesos en conceptos de aportes de inversión, mientras que el ENACOM habría omitido realizar las intimaciones correspondientes.

Frente a estas acusaciones, Telecom emitió un comunicado defendiendo su posición. La empresa afirma haber aportado más de 12.000 millones de pesos al Fondo de Servicio Universal solo en 2024, posicionándose como el principal contribuyente. Además, destaca inversiones por 6.000 millones de dólares entre 2017 y 2023, principalmente en infraestructura de red y servicios digitales.

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La implementación del 5G requerirá una significativa inversión en infraestructura, incluyendo la instalación estratégica de nuevas antenas. Este despliegue promete mejorar sustancialmente la latencia en las áreas cubiertas, siguiendo la exitosa subasta de bandas de frecuencia realizada al final del gobierno anterior, que recaudó 875 millones de dólares.

El gobierno también anunció un exhaustivo relevamiento de contratos en el sector para identificar posibles prácticas anticompetitivas. La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia iniciará investigaciones para garantizar un mercado más equitativo y eficiente.

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Estas medidas representan un cambio fundamental en la política de telecomunicaciones argentina, apostando por una mayor participación privada y competencia en el mercado. El éxito de esta transformación dependerá de la capacidad para atraer inversiones significativas y garantizar una implementación efectiva que beneficie a los usuarios finales.

La apertura a nuevos competidores, especialmente la potencial participación de Starlink en la conectividad escolar, podría marcar el inicio de una nueva era en las telecomunicaciones argentinas, con tecnologías más avanzadas y mayor competencia en el mercado.