La activación del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones marca un momento decisivo para la economía argentina, con la publicación del Decreto 940/2024 que establece el marco operativo para que las empresas inicien sus postulaciones. Este programa, diseñado para atraer inversiones superiores a 200 millones de dólares, apunta a sectores estratégicos como energía, minería, tecnología y turismo.

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La plataforma Trámites a Distancia se convierte en el punto de entrada para las empresas interesadas, estableciendo un proceso de evaluación de 45 días para cada proyecto. El Ministerio de Economía asume el rol de Autoridad de Aplicación, respaldado por una Comisión evaluadora que integra diferentes áreas gubernamentales, incluyendo las Secretarías de Energía, Minería, Hacienda y Finanzas.

La iniciativa contempla beneficios significativos para los inversores, incluyendo ventajas arancelarias, fiscales y cambiarias. Un aspecto destacable es la estabilidad fiscal garantizada por 30 años, asegurando que los proyectos no enfrentarán aumentos en su carga tributaria durante ese período. Esta medida busca proporcionar la previsibilidad necesaria para atraer capital extranjero.

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El programa ha ganado adhesión provincial, con Río Negro, Chubut, Mendoza, San Juan, Salta y Córdoba ya incorporadas al régimen. Estas jurisdicciones pueden ofrecer incentivos adicionales, complementando los beneficios nacionales y fortaleciendo el atractivo regional para las inversiones.

La reglamentación define claramente las mercaderías elegibles para importación, incluyendo insumos y bienes intermedios destinados a la transformación industrial, así como bienes de capital e informática. Se establecen requisitos específicos para los proveedores adheridos, exigiendo que los insumos importados sean sometidos a procesos de transformación que resulten en nuevos productos.

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El sistema incluye salvaguardas para asegurar el cumplimiento de los compromisos de inversión. Los proveedores tienen un plazo de 360 días para concretar las provisiones prometidas, caso contrario deberán reexportar los bienes o afrontar consecuencias fiscales. Además, se requiere autorización expresa para la transferencia de bienes importados bajo el régimen.

La Subsecretaría de Política Industrial, dependiente de la Secretaría de Industria y Comercio, asume la responsabilidad de evaluar técnicamente a los Vehículos de Proyecto Único, garantizando que las inversiones cumplan con los requisitos establecidos y contribuyan efectivamente al desarrollo económico nacional.

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Este marco regulatorio representa un esfuerzo significativo del gobierno por dinamizar la economía a través de inversiones extranjeras directas, proporcionando un entorno más predecible y favorable para proyectos de gran envergadura que podrían impulsar el crecimiento económico y la generación de empleo en sectores clave.