La tensión entre el gobierno argentino y los gremios aeronáuticos alcanzó un punto crítico tras el caos desatado en los principales aeropuertos del país. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anticipó medidas drásticas que incluirían la disolución de Intercargo, la empresa estatal responsable de la asistencia en tierra a las aerolíneas, tras los incidentes que mantuvieron a más de 2,200 pasajeros virtualmente cautivos en aeronaves durante horas.

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"Intercargo tiene que dejar de existir", sentenció Bullrich, revelando que el tema fue objeto de discusión informal en el gabinete. La funcionaria comparó la situación aeroportuaria con los piquetes callejeros y prometió una solución definitiva: "Así como liberamos la calle, vamos a liberar los aeropuertos". El anuncio se produce en medio de una escalada de tensiones que llevó al gobierno a presentar una denuncia judicial por presunta privación ilegítima de la libertad.

Los acontecimientos del día anterior dejaron un saldo preocupante: más de 900 personas retenidas en seis aeronaves en Aeroparque y otras 1,300 en Ezeiza, incluyendo mujeres embarazadas y niños, algunos con complicaciones de salud por la falta de ventilación adecuada. La situación requirió la intervención de la Policía de Seguridad Aeroportuaria para facilitar el descenso de los pasajeros afectados.

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El conflicto adquirió dimensiones judiciales cuando las autoridades presentaron una denuncia ante el Juzgado 11, a cargo del juez Julián Ercollini, por los presuntos delitos de privación ilegítima de la libertad, extorsión y entorpecimiento del transporte aéreo. El vocero presidencial Manuel Adorni confirmó que la presentación será ampliada con testimonios de pasajeros y reportes policiales.

La respuesta sindical no se hizo esperar. Edgardo Llano, secretario general de la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), defendió la medida de fuerza argumentando que "no hubo margen para avisar" y rechazó las acusaciones de toma de rehenes. "Nos están comparando con Hamás", protestó el dirigente gremial, conocido por sus vínculos con el kirchnerismo y por haber convocado anteriormente a "escrachar" a senadores durante el debate de la Ley Bases.

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El gobierno endureció su posición con un ultimátum: si para el viernes los gremios no presentan un plan que garantice el funcionamiento sin conflictos de Aerolíneas Argentinas, el presidente Milei iniciará un Plan Preventivo de Crisis que podría culminar en el cierre definitivo de la aerolínea estatal. Esta amenaza se suma a la inminente reestructuración del sector, con la probable desaparición de Intercargo como punto de partida.

La crisis actual tiene antecedentes recientes. En septiembre, un paro similar provocó la cancelación de 319 vuelos, afectando a miles de pasajeros. Curiosamente, horas antes de aquel conflicto, el propio Llano había viajado a Madrid junto a su familia en un vuelo de la aerolínea de bandera, un detalle que sus críticos no dejaron pasar por alto.

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La determinación del gobierno de terminar con lo que denomina "piquetes aéreos" marca un punto de inflexión en la relación con los gremios del sector. Las medidas anunciadas por Bullrich sugieren una transformación radical en la gestión aeroportuaria argentina, aunque resta ver cómo se implementarán estos cambios sin afectar la operatividad del sistema.

Mientras el Ministerio de Seguridad recopila evidencia adicional para fortalecer su denuncia judicial, la industria aeronáutica argentina se encuentra en una encrucijada. La resolución de este conflicto podría redefinir no solo la operación aeroportuaria sino también el futuro de miles de trabajadores y la calidad del servicio para millones de pasajeros.