En medio de una creciente tensión institucional, el gobierno nacional se prepara para extender la prórroga del Presupuesto 2023, mientras endurece su posición frente a las demandas de los gobernadores provinciales. El Ejecutivo ha calculado que las medidas solicitadas por los mandatarios provinciales implicarían un impacto fiscal de 3.700 millones de pesos, una cifra que consideran incompatible con sus objetivos de equilibrio financiero.

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La administración de Milei ha comenzado a realizar planificaciones presupuestarias para programas de 2025 sin considerar los techos establecidos en el proyecto original, señalando un distanciamiento significativo de las negociaciones en curso. El secretario de Hacienda, Carlos Guberman, quien mantuvo reuniones con el asesor Santiago Caputo, es el responsable de autorizar los fondos para las diferentes partidas.

Los reclamos provinciales abarcan un amplio espectro de necesidades financieras: 293.000 millones en Aportes del Tesoro Nacional no distribuidos, 322.000 millones para el financiamiento de cajas jubilatorias, 221.000 millones por la disolución de la AFIP, 1.000 millones en compensaciones pendientes del consenso fiscal 2017, y 1.700 millones correspondientes a la coparticipación del Impuesto a los Combustibles Líquidos.

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El círculo íntimo presidencial prefiere mantener la prórroga presupuestaria, lo que les permitiría gestionar la distribución de fondos con mayor discrecionalidad. El ala más ortodoxa del gobierno sostiene que la ausencia de un presupuesto aprobado no afecta la capacidad del país para acceder a crédito internacional, minimizando así la urgencia de alcanzar un acuerdo.

La convocatoria a sesiones extraordinarias está condicionada a lograr un acuerdo sustancial con las provincias antes del 30 de noviembre, fecha en que finaliza el período de sesiones ordinarias del Congreso. Esta postura se evidenció en la reciente suspensión de la reunión de la comisión de Presupuesto y Hacienda en Diputados, anunciada por su presidente, José Luis Espert.

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El gobierno mantiene una posición firme respecto a que "no está dentro de las posibilidades que se cumplan todos los pedidos" de los gobernadores, argumentando que las demandas generarían un déficit incompatible con sus objetivos fiscales. Esta postura ha llevado a un estancamiento en las negociaciones, con los jefes provinciales manifestando la ausencia de avances en el diálogo con la Nación.

La situación refleja una profunda división entre el gobierno central y las provincias en torno a la distribución de recursos fiscales, en un contexto donde la administración nacional prioriza el equilibrio fiscal por sobre las demandas territoriales. Esta tensión podría tener implicaciones significativas para la gobernabilidad y la implementación de políticas públicas a nivel nacional y provincial durante el próximo año.

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El escenario actual plantea interrogantes sobre la capacidad del gobierno para mantener su programa económico mientras preserva relaciones funcionales con las provincias, especialmente considerando que la prórroga del presupuesto anterior podría limitar la capacidad de respuesta ante nuevos desafíos económicos y sociales.