En un hecho que refleja las tensiones entre la política fiscal y la economía digital, el presidente argentino Javier Milei destituyó este sábado a Florencia Misrahi de su cargo como titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). La decisión, confirmada por el vocero presidencial Manuel Adorni, se produjo como respuesta directa a una controvertida resolución que buscaba gravar las actividades de influencers y creadores de contenido digital.

La medida que desencadenó esta crisis administrativa, la Resolución General 5.607, había introducido nuevas clasificaciones en el sistema tributario argentino para regular las actividades de creadores digitales, incluyendo streamers, instagramers y youtubers. Esta normativa pretendía establecer un marco fiscal que obligaría a estos profesionales digitales a registrarse como contribuyentes y realizar aportes jubilatorios, además de someterse a una serie de gravámenes tanto nacionales como provinciales.

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La reacción presidencial evidencia una clara divergencia entre la visión regulatoria de ARCA y los principios libertarios que Milei ha defendido consistentemente. El presidente, conocido por su presencia activa en plataformas digitales y su defensa de la mínima intervención estatal, consideró que esta regulación contradecía directamente su visión de gobierno.

En el marco de esta reorganización, Juan Pazo ha sido designado como nuevo titular de ARCA, mientras que Pablo Quirno asumirá como Secretario de Relaciones Económicas Internacionales en la Cancillería Argentina. La reestructuración también incluyó el desplazamiento de otros dos funcionarios del organismo recaudador, aunque sus identidades no han sido reveladas públicamente.

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La resolución en cuestión había establecido la actividad 731002, que contemplaba la "creación, edición, producción, difusión y publicidad de contenido audiovisual" en plataformas digitales. Este marco regulatorio no solo afectaba a los creadores de contenido, sino que también incluía disposiciones sobre criptominería y transacciones digitales, expandiendo significativamente el alcance de la supervisión fiscal sobre la economía digital.

La implementación de esta normativa habría significado que los creadores digitales deberían comenzar a facturar sus servicios, incluyendo canjes valorados a precio de mercado, y someterse a una amplia gama de obligaciones fiscales. Entre estas se encontraban el monotributo, IVA, impuestos personales, aportes al sistema de seguridad social, ingresos brutos provinciales y potencialmente un monotributo provincial unificado.

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La decisión de Milei de intervenir en esta situación refleja una postura clara sobre el rol del Estado en la regulación de nuevas tecnologías y modelos de negocio digitales. El presidente parece considerar que una regulación excesiva podría obstaculizar el desarrollo del ecosistema digital argentino, un sector que ha mostrado un crecimiento significativo en los últimos años.

Esta situación marca un precedente importante en la administración Milei, demostrando que el presidente está dispuesto a tomar medidas decisivas cuando considera que las políticas institucionales entran en conflicto con su visión de un Estado menos interventor. El caso también plantea interrogantes sobre el futuro marco regulatorio para la economía digital en Argentina y cómo se equilibrarán las necesidades de recaudación fiscal con el fomento de la innovación y el emprendimiento digital.