La decisión del gobierno de Javier Milei de prorrogar el Presupuesto 2023 para el ejercicio 2025 representa un punto de inflexión institucional que trasciende la mera técnica administrativa, constituyendo un precedente significativo en la gestión de las finanzas públicas argentinas. Esta medida, sin antecedentes en la historia económica reciente del país, suscita profundas interrogantes sobre la arquitectura institucional del proceso presupuestario y sus implicaciones para la equidad distributiva.

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La instrumentación de esta prórroga, amparada en el artículo 27 de la Ley de Administración Financiera, otorga al Ejecutivo una discrecionalidad sin precedentes en el manejo de recursos públicos, estimados entre 25 y 30 billones de pesos. Esta magnitud, que representa aproximadamente el 30% del gasto público proyectado, introduce un factor de asimetría en la distribución del poder presupuestario que merece un análisis crítico desde la perspectiva de la economía política institucional.

La dimensión más preocupante de esta decisión radica en su timing político: la coincidencia con un año electoral amplifica las preocupaciones sobre la utilización estratégica de los recursos públicos. Como señala el diputado Germán Martínez, la ausencia de condiciones excepcionales que justifiquen la falta de un presupuesto formal sugiere una decisión deliberada que privilegia la discrecionalidad administrativa sobre la institucionalidad presupuestaria.

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El contexto inflacionario agrava las implicaciones distributivas de esta medida. Como advierte el legislador Esteban Paulón, un presupuesto formulado en 2022 que arrastra una inflación acumulada del 600% plantea serias dudas sobre su capacidad para responder a las necesidades sociales actuales. La erosión del valor real de las partidas presupuestarias amenaza con profundizar las desigualdades territoriales y sociales preexistentes.

La dimensión federal de esta problemática merece especial atención. La ausencia de un presupuesto actualizado afecta de manera asimétrica a las provincias, comprometiendo su capacidad para ejecutar obras públicas y mantener programas sociales esenciales. Esta situación podría exacerbar las disparidades regionales, un fenómeno estructural de la economía argentina que requiere urgente atención.

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El silencio de los bloques dialoguistas, particularmente la UCR y el PRO, sugiere una reconfiguración del equilibrio político que trasciende la mera discusión presupuestaria. La aparente resignación ante esta medida excepcional podría interpretarse como un indicador de la consolidación de nuevas dinámicas en la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo.

Las implicaciones macroeconómicas de esta decisión son significativas. La discrecionalidad en el manejo de recursos públicos en un contexto de alta inflación podría afectar la predictibilidad de la política económica, elemento crucial para la formación de expectativas y la estabilización macroeconómica. La incertidumbre resultante podría impactar negativamente en las decisiones de inversión y en la efectividad de las políticas antiinflacionarias.

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Desde una perspectiva institucional, esta situación plantea un desafío fundamental para la calidad democrática. La función presupuestaria del Congreso, pilar del sistema de checks and balances, se ve significativamente debilitada. Este precedente podría tener consecuencias duraderas para el diseño institucional de la política económica argentina.

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La decisión gubernamental de prorrogar el presupuesto refleja una tensión fundamental entre la eficiencia administrativa y la institucionalidad democrática. Si bien la flexibilidad en la gestión presupuestaria puede facilitar la implementación de políticas económicas, el costo institucional de esta discrecionalidad merece una reflexión profunda sobre los mecanismos de control y transparencia en la gestión de recursos públicos.