La crisis política en Venezuela alcanzó un nuevo punto de inflexión este 10 de enero de 2025, cuando Nicolás Maduro procedió a juramentarse para un tercer período presidencial ante la Asamblea Nacional controlada por el régimen, en un contexto de creciente tensión internacional y protestas internas.

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El acto de juramentación, presidido por Jorge Rodríguez, se desarrolló en medio de un despliegue militar sin precedentes, incluyendo la activación del sistema de misiles antiaéreos y el cierre de fronteras con Colombia. La dictadura justificó estas medidas alegando una supuesta "conspiración internacional", según declaraciones del gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal.

La comunidad internacional ha respondido con contundencia. La Unión Europea amplió sus sanciones contra el régimen, incluyendo a 15 nuevos funcionarios vinculados al Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo Nacional Electoral y organismos de inteligencia. Italia, a través de su primera ministra Giorgia Meloni, condenó enérgicamente los "actos inaceptables de represión" y reiteró el desconocimiento de la victoria electoral proclamada.

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El escenario político se complica con la ausencia notable del dictador nicaragüense Daniel Ortega, uno de los pocos aliados regionales del régimen, quien optó por enviar una delegación en su lugar. En contraste, el expresidente boliviano Evo Morales manifestó su respaldo público a Maduro a través de redes sociales.

La crisis ha generado preocupación en la región. El gobierno colombiano, bajo el liderazgo de Gustavo Petro, se encuentra en una posición delicada, intentando justificar el mantenimiento de relaciones diplomáticas con el argumento de proteger intereses económicos bilaterales que afectan a millones de colombianos.

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Edmundo González Urrutia, reconocido como presidente electo por gran parte de la comunidad internacional, ha prometido regresar al país tras completar una gira diplomática por América. Su reconocimiento internacional se ha fortalecido con el respaldo explícito de naciones como Israel, que ha condenado la persecución política y exigido el respeto a la democracia.

La situación humanitaria se agrava con reportes de al menos 19 manifestantes detenidos durante las protestas opositoras. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha condenado el terrorismo de Estado y exigido protección para la líder opositora María Corina Machado.

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El panorama inmediato sugiere una profundización de la crisis política y social en Venezuela, con un régimen que se atrinchera en el poder mientras enfrenta un creciente aislamiento internacional y resistencia interna. La suspensión de vuelos con Colombia y el cierre de fronteras terrestres evidencian el temor del régimen ante posibles manifestaciones de descontento popular durante la controversial juramentación.

Los próximos días serán cruciales para determinar la evolución de esta crisis, mientras la comunidad internacional mantiene su presión sobre el régimen de Maduro y la oposición busca consolidar su legitimidad bajo el liderazgo de González Urrutia.