La posible liberalización del ingreso de bienes de capital de segunda mano genera inquietud en el sector metalúrgico argentino, que advierte sobre potenciales impactos negativos en la producción nacional y los estándares de calidad. La Asociación de Industriales Metalúrgicos (ADIMRA) manifestó su preocupación mediante una comunicación formal dirigida al Secretario de Comercio, Pablo Lavigne, ante los indicios de una inminente modificación del marco regulatorio vigente.

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La medida se enmarca en una serie de iniciativas de desregulación económica impulsadas por la administración de Javier Milei, que ya ha implementado cambios significativos en materia comercial, incluyendo la eliminación de licencias, reducción de aranceles y modificaciones en los protocolos antidumping. Fuentes del sector industrial confirmaron que la flexibilización del ingreso de equipamiento usado forma parte de la próxima fase de reformas económicas.

El sistema actual, establecido mediante la resolución 909 y sus posteriores modificaciones, clasifica los bienes usados en tres categorías distintas. La primera requiere un certificado de importación y el pago de derechos aduaneros, evaluando el impacto sobre la producción doméstica. La segunda establece prohibiciones específicas para sectores estratégicos como el agrícola, energético y sanitario, mientras que la tercera permite el ingreso directo de determinados productos.

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Los representantes de la industria metalúrgica plantean interrogantes cruciales sobre la valoración de los equipos usados, las condiciones técnicas de ingreso y los mecanismos de tributación. ADIMRA destaca que el procedimiento actual incluye un sistema de consulta que permite verificar la capacidad productiva local y los plazos de entrega antes de autorizar importaciones.

La propuesta de desregulación surge en un contexto económico complejo, caracterizado por una significativa apreciación del tipo de cambio que afecta la competitividad general de la economía argentina. El sector industrial experimenta contracciones superiores al 10% en diversos segmentos, situación que podría agravarse con la entrada de maquinaria usada sin restricciones.

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La preocupación se intensifica en sectores específicos como la producción de maquinaria agrícola, equipos para la industria petrolera y dispositivos médicos, que tradicionalmente han estado protegidos por el régimen vigente. Los industriales no se oponen a la modernización del sistema regulatorio, pero consideran riesgosa una liberalización total como la sugerida por el secretario de Transformación del Estado, Maximiliano Fariña.

La industria argumenta que la competencia entre equipos nuevos y usados podría resultar inequitativa, especialmente considerando las dificultades para establecer valores de referencia precisos para maquinaria de segunda mano. Además, expresan inquietud por los aspectos relacionados con la seguridad y el estado de conservación de los equipos importados.

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Esta potencial modificación regulatoria se suma a una serie de medidas de apertura comercial que han generado debate en el sector productivo argentino. La decisión final sobre la desregulación podría tener implicaciones significativas para el desarrollo industrial del país y la inversión en tecnología, en un momento de particular vulnerabilidad para la economía nacional.