La Administración Pública Nacional de Argentina logró comenzar el 2025 con indicadores fiscales positivos que reflejan la continuidad de las políticas de ajuste implementadas durante el año anterior. En base a información elaborado por la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), el primer mes del año arrojó resultados superavitarios tanto en el balance primario como en el financiero, alcanzando 3,68 y 3,57 billones de pesos respectivamente, marcando un hito en la gestión económica del país.

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La recaudación total experimentó un incremento del 1,1% en términos reales comparado con enero de 2024, aunque con comportamientos dispares en sus diferentes componentes. Las contribuciones a la seguridad social destacaron positivamente con un aumento del 38,7% interanual ajustado por inflación, consolidando una tendencia de recuperación que comenzó en septiembre del año pasado.

Sin embargo, los ingresos impositivos mostraron una contracción del 12% en términos reales. Este retroceso se explica principalmente por la significativa caída en los derechos de exportación, que disminuyeron un 53,9% interanual, aunque esta variación debe contextualizarse considerando la elevada base de comparación de enero 2024, cuando se registró un pico en las liquidaciones post devaluación de diciembre 2023.

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Un cambio significativo en la estructura tributaria fue la virtual desaparición del Impuesto PAIS, que generó apenas 2.680 millones de pesos en enero, representando una caída del 99,6% interanual tras su eliminación el 31 de diciembre de 2024. En contraste, el impuesto a las Ganancias mostró un comportamiento positivo con un incremento del 37,9% real, beneficiado por la ampliación de su base tributaria durante 2024.

Por el lado del gasto, la administración nacional registró una reducción del 14,2% real en sus erogaciones totales. Esta disminución fue impulsada principalmente por una drástica caída en el pago de intereses, que se contrajo un 95,4% debido a modificaciones en el cronograma de pagos de la deuda pública. Al excluir este componente, el gasto primario mostró un aumento del 20,8% real.

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Las prestaciones de la seguridad social mantuvieron su tendencia alcista con un incremento del 34,6% real, reflejando la política de recomposición de jubilaciones y pensiones. Las transferencias corrientes y a universidades también registraron aumentos moderados del 13% y 10,6% respectivamente. En contraste, las remuneraciones al personal público continuaron su tendencia descendente, aunque a un ritmo menor que en meses anteriores, con una caída del 4,3% real.

Un aspecto llamativo fue el comportamiento de la inversión pública. Si bien el gasto de capital creció un 4,4% real interanual, su nivel de ejecución de 49.397 millones de pesos quedó significativamente por debajo del promedio mensual de 185.000 millones registrado en 2024, año en que ya se había implementado una importante reducción en este rubro.

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La mejora en el resultado fiscal se evidencia al comparar el superávit financiero de enero 2025, que representó el 33,6% de los ingresos totales, frente al 21,7% registrado en el mismo mes de 2024. Sin embargo, es importante señalar que estas cifras no incluyen los intereses capitalizables de instrumentos como las LECAPs y LEFIs, emitidos como parte de la operación de traspaso de deuda del Banco Central al Tesoro.

El marco presupuestario actual opera bajo la decisión administrativa N° 3/25, que adaptó el presupuesto prorrogado mediante el Decreto N° 1131/2024, marcando el segundo año consecutivo sin una Ley de Presupuesto formal. La ejecución de enero alcanzó el 7,5% del presupuesto prorrogado, superando el promedio histórico 2015-2024.

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Estos resultados sugieren la consolidación de una política fiscal más restrictiva, aunque persisten desafíos importantes en términos de sostenibilidad y calidad del gasto público. La continuidad de estas tendencias será crucial para determinar el éxito de la estrategia de estabilización económica en curso.