El presidente argentino Javier Milei ha dado un paso decisivo en su intento por completar la conformación de la Corte Suprema de Justicia, al firmar los decretos que designan "en comisión" a Ariel Lijo y Manuel García Mansilla como nuevos magistrados del máximo tribunal. Esta medida, anunciada a través de un comunicado oficial de Presidencia, representa un movimiento significativo en el escenario judicial argentino tras varios meses de infructuosos intentos por obtener el acuerdo del Senado.

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La designación realizada a través de la figura constitucional "en comisión" establece que ambos juristas ocuparán sus cargos hasta la finalización del próximo período legislativo. Durante este lapso, según informa el comunicado presidencial, la administración libertaria continuará con el trámite legislativo correspondiente para que la Cámara Alta ejerza sus atribuciones constitucionales y eventualmente preste los acuerdos a los pliegos enviados originalmente.

"El objetivo es normalizar el funcionamiento del máximo tribunal judicial de nuestro país, el cual no puede llevar a cabo su rol con normalidad con tan solo tres ministros", señala el documento difundido por la Casa Rosada. Actualmente, la Corte Suprema opera con una integración reducida, compuesta únicamente por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda.

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La decisión del mandatario llega después de que los intentos por obtener el aval del Senado para estos nombramientos se vieran frustrados durante meses. El anuncio se produce en un contexto político complejo, marcado por tensiones entre el Ejecutivo y diversos sectores del arco parlamentario, que han mostrado resistencia a la confirmación de estos candidatos, particularmente en el caso de Lijo.

El gobierno fundamenta su postura en una interpretación del rol constitucional del Senado en estos procesos. Según el comunicado oficial, "en ningún caso el Senado tiene la potestad para rechazar el acuerdo de los candidatos propuestos por el Presidente en base a preferencias personales o políticas de los senadores". La administración Milei considera que la prerrogativa presidencial de seleccionar candidatos para la Corte Suprema es una facultad exclusiva del Ejecutivo, limitándose el papel del Senado a evaluar la idoneidad técnica de los postulantes.

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La Casa Rosada ha sido enfática al señalar que "es la politización de la Justicia una de las principales causas de que los argentinos no tengan un servicio de Justicia que resuelva sus problemas", estableciendo una línea discursiva que vincula su decisión con una supuesta defensa de la calidad institucional frente a intereses sectoriales.

"El Gobierno Nacional no tolera ni tolerará que los intereses de la política se impongan por sobre los del pueblo argentino, bajo ninguna circunstancia", afirma categóricamente el documento presidencial, en una declaración que refleja la retórica característica de la administración libertaria en su confrontación con el establishment político tradicional.

El mecanismo de designación utilizado, aunque contemplado en la Constitución Nacional, no ha sido frecuentemente empleado para nombramientos en la Corte Suprema. Sin embargo, el gobierno hace referencia a precedentes históricos para respaldar su legitimidad, recordando "cuando una notable mayoría del arco político respaldó tanto a Néstor Kirchner como a Mauricio Macri en la designación temprana de jueces para la Corte Suprema durante sus mandatos".

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Particularmente relevante resulta el antecedente de Mauricio Macri, quien a pocos días de asumir la presidencia en diciembre de 2015, designó mediante un mecanismo similar a Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti. No obstante, en aquella ocasión, tras diversas críticas, ambos candidatos esperaron a obtener el acuerdo del Senado antes de asumir formalmente sus cargos en el máximo tribunal.

La decisión de Milei se produce en un momento crítico para el funcionamiento institucional del Poder Judicial argentino. La reducida composición actual de la Corte Suprema ha generado preocupaciones sobre su capacidad operativa para abordar el volumen de causas pendientes y la complejidad de los asuntos constitucionales que llegan a su jurisdicción.

Los perfiles de los designados reflejan orientaciones jurídicas diferentes. Por un lado, Ariel Lijo, actual juez federal con amplia experiencia en causas penales complejas y vínculos con diversos sectores del espectro político, ha sido objeto de controversias y resistencias desde distintos ámbitos. Su pliego había obtenido dictamen favorable en comisión, pero no logró avanzar hacia el tratamiento en el recinto del Senado.

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Por otro lado, Manuel García Mansilla, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral y académico con una trayectoria más vinculada al ámbito universitario y la investigación jurídica, representa un perfil más cercano a las posturas doctrinarias tradicionalmente asociadas al pensamiento constitucional conservador, alineado con ciertos aspectos de la visión libertaria del gobierno.

La designación "en comisión" establece un escenario de potencial interinidad para ambos jueces, cuya permanencia definitiva en el tribunal quedará supeditada a la eventual obtención del acuerdo senatorial durante el próximo período legislativo. Esta situación podría generar interrogantes sobre la legitimidad y estabilidad de las decisiones que tome la Corte durante este intervalo.

La medida adoptada por el Ejecutivo argentino se inscribe en un contexto más amplio de tensiones institucionales que han caracterizado los primeros meses de gestión de Milei. El gobierno ha mantenido una relación compleja con el Poder Legislativo, donde no cuenta con mayorías propias, lo que ha dificultado el avance de diversas iniciativas, incluyendo estos nombramientos judiciales.

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Diversos sectores de la oposición habían manifestado previamente sus reservas respecto a la idoneidad de los candidatos, particularmente en el caso de Lijo, cuya trayectoria como juez federal ha sido objeto de cuestionamientos relacionados con su desempeño en determinadas causas de alto perfil político y su presunta cercanía con diversos actores del poder.

La decisión de avanzar con las designaciones mediante decreto probablemente intensifique el debate sobre los límites y contrapesos entre los poderes del Estado en el sistema republicano argentino. Mientras el gobierno argumenta que actúa dentro del marco constitucional para garantizar el adecuado funcionamiento institucional, voces críticas podrían interpretar esta medida como un intento de eludir los controles parlamentarios establecidos para estos nombramientos.

El desarrollo de esta situación en los próximos meses será determinante para evaluar tanto la estabilidad de estas designaciones como su impacto en el funcionamiento del máximo tribunal argentino. La reacción del Senado y de los demás actores institucionales, así como la eventual judicialización de la medida, configurarán un escenario complejo que pondrá a prueba los mecanismos constitucionales de equilibrio entre poderes en la República Argentina.

La conformación definitiva de la Corte Suprema representa un aspecto fundamental para la seguridad jurídica y el funcionamiento institucional del país en un período caracterizado por profundas transformaciones económicas, políticas y sociales impulsadas por la administración libertaria.