El gobierno argentino dio un nuevo paso en su plan de reforma estatal al transformar el histórico Yacimiento Carbonífero de Río Turbio en sociedad anónima, una medida que allana el camino hacia potenciales privatizaciones. La decisión, formalizada mediante el Decreto 115/25, establece la creación de Carboeléctrica Río Turbio Sociedad Anónima bajo la órbita del Ministerio de Economía.

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La empresa, que será controlada en un 95% por la Secretaría de Energía y un 5% por la Secretaría de Minería, representa un nuevo capítulo en la agenda privatizadora del presidente Javier Milei. Esta transformación societaria se produce en un momento crítico para la compañía, que según informes recientes de la SIGEN registró pérdidas significativas de $8.728 millones al tercer trimestre de 2024, pese a recibir aportes estatales por $53.837 millones.

La medida forma parte de una estrategia más amplia de reestructuración estatal que incluye a numerosas empresas públicas. La Agencia de Transformación de Empresas Públicas, dirigida por Diego Chaher, actualmente evalúa el destino de 129 compañías en las que el Estado mantiene participación, ya sea mayoritaria o minoritaria.

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El anuncio llegó días después de la controversial transformación del Banco Nación en sociedad anónima y se suma a una serie de privatizaciones iniciadas por la administración libertaria. Entre los casos más destacados se encuentra la reciente venta de IMPSA a la estadounidense Arc Energy, empresa vinculada al presidente Donald Trump, tras una compleja renegociación de deuda por u$s570 millones.

La ciudad de Río Turbio, cuya economía gira en torno al yacimiento y su central termoeléctrica, enfrenta un futuro incierto. Con aproximadamente 2.100 empleados, la transformación societaria genera preocupación en la comunidad local, que depende fundamentalmente de la actividad minera y energética.

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El proceso de privatizaciones del gobierno incluye otras empresas emblemáticas como Energía Argentina, AySA, Belgrano Cargas y Nucleoeléctrica Argentina. Recientemente, el Ejecutivo avanzó con la privatización de Corredores Viales S.A., transfiriendo la gestión y mantenimiento de rutas nacionales al sector privado mediante concesiones.

La transformación de YCRT refleja la determinación del gobierno por reducir la participación estatal en la economía. El vocero presidencial Manuel Adorni, parafraseando al ex ministro Roberto Dromi, enfatizó que ninguna empresa que no deba ser estatal permanecerá en manos del Estado.

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Esta decisión se enmarca en la ley Bases recientemente aprobada por el Congreso, que autoriza al Ejecutivo a privatizar total o parcialmente diversas empresas estatales. La administración Milei ha acelerado el proceso de transformación empresarial, evidenciado en la privatización del Belgrano Cargas Logística y la reforma del Banco Nación, aunque esta última requerirá aprobación legislativa para una eventual privatización según advertencias de la Justicia Federal.

El impacto financiero de YCRT en las arcas públicas ha sido significativo. El déficit operativo alcanzó los $62.565 millones en los primeros nueve meses de 2024, continuando una tendencia deficitaria que en 2023 había alcanzado los u$s140 millones.

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La transformación societaria de YCRT representa un punto de inflexión en la política económica argentina, señalando la determinación del gobierno por reducir la presencia estatal en sectores tradicionalmente públicos. Esta medida, junto con las anteriores privatizaciones y transformaciones, sugiere una profunda reorganización del papel del Estado en la economía nacional, generando tanto expectativas como inquietudes sobre el futuro de las empresas públicas y sus comunidades dependientes.