En medio de la batalla por controlar la inflación, el gobierno nacional intensificó los contactos con las principales cadenas de supermercados, instándoles a rechazar las nuevas listas de precios presentadas por proveedores para el corriente mes. Aunque las grandes superficies comerciales mantienen su compromiso de no convalidar incrementos injustificados, importantes empresas alimenticias consultadas por este medio confirmaron que analizan aplicar ajustes hacia finales de mayo, especialmente después de haber mantenido congelados sus valores durante abril.

Fuentes calificadas de dos compañías líderes del sector confirmaron a 13News que están evaluando cuidadosamente dos variables críticas antes de tomar decisiones sobre precios: la evolución del tipo de cambio oficial y el índice inflacionario que publicará el Instituto Nacional de Estadísticas la próxima semana. "No implementamos ningún aumento durante mayo. Evidentemente, seguimos con atención qué ocurrirá con el próximo IPC para eventualmente ajustar valores conforme a lo que se publique, pero nada fuera de los patrones habituales", explicó un ejecutivo de una importante marca.

En el encuentro entre autoridades económicas y representantes del sector supermercadista trascendió que el Ejecutivo pretende mantener el dólar oficial más cercano a los $1.000 que a los $1.200, argumento que utilizan para cuestionar la legitimidad de ciertos incrementos solicitados por proveedores. "Varias empresas insistieron que algunos productos son estrictamente commodities cuyo precio se determina por la cotización del dólar, como aceites, café, conservas de pescado, harina y derivados. En esos casos, recibimos las listas pero no las aceptamos automáticamente", revelaron fuentes del sector minorista.

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La definición del conflicto podría producirse hacia la tercera semana de mayo, cuando los niveles de inventario comiencen a reducirse y los comercios deban reponer mercadería. "En ese momento se clarificará si prevalece la postura gubernamental o si las industrias logran justificar ajustes basados en la variación cambiaria", anticiparon desde una importante cadena.

Un punto particularmente conflictivo en las negociaciones fueron las propuestas de la industria aceitera, que según participantes del mercado incluían incrementos cercanos al 12%. Víctor Palpacelli, presidente de la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios (FASA), confirmó a 13News que el impacto resultó más notorio en aceites y azúcar, mientras el resto del universo de productos mantiene relativa estabilidad de precios.

"El eje central de la discusión fueron las listas presentadas por fabricantes de aceite, fundamentalmente por su posicionamiento frente a otros aumentos. Sin embargo, entre nuestros proveedores no observamos incrementos masivos, existe cierta calma, exceptuando aceites y azúcar", precisó Palpacelli. Desde su perspectiva, la controversia se concentra en un segmento específico del mercado: aproximadamente 400 productos de un total cercano a 6.000.

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La tensión por los precios coincide con otro frente conflictivo: los acuerdos salariales del sector comercio. La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) formalizó un convenio paritario que establece un incremento acumulativo del 5,4% distribuido trimestralmente (1,9% en abril, 1,8% en mayo y 1,7% en junio). Sin embargo, algunas empresas expresaron su desacuerdo durante el encuentro con el ministro Luis Caputo.

"El equipo económico viene sosteniendo desde hace tiempo que no aprobará ni homologará acuerdos salariales superiores al 1%. No constituye una decisión empresarial. Adicionalmente, persisten incertidumbres respecto a la homologación oficial del acuerdo, lo que complica significativamente la situación", comentó un empresario que participó de las reuniones.

Las compañías mayoristas mostraron mayor resistencia a aceptar incrementos. "Al contrastar los aumentos del índice mayorista a lo largo del año con los incrementos salariales otorgados, observamos que estos últimos fueron superiores. Por ese motivo el gobierno se negó a homologar el acuerdo y solicitó que no aceptemos nuevas listas hasta que se consolide un valor cambiario estable", indicaron a 13News.

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Frente a esta situación, FAECYS emitió un comunicado destacando que el acuerdo firmado con la Cámara Argentina de Comercio (CAC), Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA) permanece "vigente conforme lo establecido por las partes". El documento recuerda específicamente la cláusula que "garantiza la validez y aplicación del convenio, incluso ante la eventual demora en su homologación oficial".

El panorama inflacionario continúa siendo motivo de preocupación tanto para el gobierno como para el sector privado. Analistas económicos consultados por esta redacción señalan que la evolución de los precios podría experimentar comportamientos diferenciados según categorías de productos. Aquellos con alto componente importado o vinculados directamente a commodities internacionales presentarían mayor presión alcista, mientras que artículos con predominio de insumos locales mantendrían mayor estabilidad.

La estrategia gubernamental parece orientarse a mantener controlado el tipo de cambio oficial como ancla antiinflacionaria, complementada con presión directa sobre formadores de precios. Sin embargo, esta política enfrenta cuestionamientos desde sectores productivos que advierten sobre potenciales distorsiones a mediano plazo si no se atienden los factores estructurales de la inflación.

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El conflicto entre control de precios y negociaciones salariales evidencia las complejidades de administrar expectativas inflacionarias en un contexto donde diversos actores económicos intentan preservar su participación en el ingreso. La evolución del índice de precios que se conocerá la próxima semana resultará determinante para las estrategias tanto del sector público como privado en los próximos meses.

Mientras tanto, consumidores y comerciantes permanecen atentos a la dinámica de precios en productos esenciales, especialmente aquellos vinculados a la canasta básica alimentaria, que históricamente han mostrado mayor sensibilidad ante fluctuaciones macroeconómicas. El desafío gubernamental consiste en lograr una desaceleración inflacionaria sostenible sin afectar la recuperación del consumo, variable fundamental para consolidar el crecimiento económico tras la severa recesión de períodos anteriores.