La administración nacional formalizó este jueves el envío al Parlamento de una iniciativa legislativa que pretende facilitar la incorporación al circuito económico formal de divisas estadounidenses mantenidas por particulares fuera del sistema bancario tradicional. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, confirmó que tanto él como el presidente Javier Milei rubricaron el texto durante la jornada anterior, permitiendo su ingreso inmediato al Congreso mediante procedimientos electrónicos.

La propuesta normativa aborda una realidad extendida en la sociedad argentina: la conservación de ahorros dolarizados al margen de las instituciones financieras formales. Esta práctica, consolidada durante décadas de inestabilidad macroeconómica, representa un volumen significativo de recursos que permanecen inmovilizados por temores vinculados a potenciales consecuencias legales derivadas de la legislación vigente.

Francos explicó durante declaraciones radiales que el contenido del proyecto contempla modificaciones sustanciales en la Ley Penal Económica, particularmente en los montos que configuran delitos tributarios y en los plazos de prescripción aplicables. Estas transformaciones buscan generar un marco de seguridad jurídica que incentive a los tenedores de activos no declarados a incorporar sus fondos a la actividad económica nacional sin enfrentar sanciones retroactivas.

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El funcionario describió el espíritu de la iniciativa como una herramienta destinada a proteger los ahorros de los ciudadanos que, ante sucesivas crisis económicas, optaron por resguardar el valor de su dinero mediante la adquisición y conservación de divisas extranjeras. Esta decisión, según argumentó, no respondía a intenciones delictivas sino a la necesidad de preservar el poder adquisitivo frente a procesos inflacionarios recurrentes y restricciones cambiarias.

La estrategia gubernamental apunta a movilizar recursos existentes dentro del territorio nacional sin recurrir a emisión monetaria adicional ni incrementar la presión fiscal sobre los contribuyentes. Esta aproximación se alinea con el compromiso del Ejecutivo de mantener el equilibrio presupuestario y la política de veto a toda iniciativa que implique gastos sin financiamiento específico.

El ministro utilizó expresiones coloquiales para referirse a estos fondos, mencionando la práctica de guardar ahorros en efectivo que muchos argentinos adoptaron como mecanismo de protección patrimonial. Esta caracterización busca normalizar comportamientos que, aunque técnicamente irregulares según la normativa actual, responden a patrones culturales y económicos arraigados en la historia reciente del país.

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Las modificaciones propuestas incluyen ajustes en los umbrales monetarios que determinan la configuración de delitos económicos, actualmente establecidos en 1,5 millones de pesos. El proyecto contempla elevar estos montos y reducir los plazos de prescripción para ciertos ilícitos tributarios, creando condiciones más favorables para la regularización voluntaria de activos no declarados.

Francos evitó caracterizar la iniciativa como un blanqueo de capitales tradicional, prefiriendo describir las modificaciones como actualizaciones normativas que reconocen la realidad económica nacional. Esta distinción semántica busca diferenciar la propuesta de experiencias anteriores de regularización fiscal, presentándola como una actualización del marco legal existente más que como un mecanismo excepcional de amnistía.

El funcionario contextualizó históricamente la práctica del ahorro informal en dólares, remontándose al período posterior al Rodrigazo de 1975 como punto de referencia temporal. Esta perspectiva histórica fundamenta la decisión gubernamental de abordar legislativamente una conducta que considera resultado de circunstancias económicas excepcionales más que de intenciones evasoras deliberadas.

La elaboración del texto contempló múltiples dimensiones legales y fiscales, según confirmó el jefe de Gabinete. El proceso de redacción involucró consideraciones sobre el sistema tributario, aunque evitó proporcionar detalles específicos sobre los impactos previstos en esa área. Esta reserva sugiere que ciertos aspectos del proyecto podrían requerir reglamentación posterior o negociaciones adicionales durante el tratamiento parlamentario.

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El envío electrónico al Congreso habilita inmediatamente el inicio del proceso legislativo, aunque el funcionario no especificó prioridades temporales ni estrategias de tratamiento en comisiones. La presentación simultánea en ambas cámaras podría acelerar la sanción, especialmente considerando la urgencia que el Gobierno asigna a la movilización de recursos económicos inactivos.

La iniciativa se enmarca en una estrategia más amplia de fortalecimiento de la base monetaria sin recurrir a instrumentos expansivos que comprometan la estabilidad macroeconómica. El objetivo declarado es canalizar fondos existentes hacia inversión y consumo, contribuyendo al crecimiento económico mediante la reactivación de recursos ociosos.

Francos subrayó que muchos ahorristas que recurrieron al mercado informal carecían de alternativas viables para preservar el valor de sus activos durante períodos de alta inflación y restricciones cambiarias. Esta caracterización busca despenalizar moralmente comportamientos que, aunque técnicamente irregulares, respondían a necesidades económicas legítimas en contextos de crisis prolongada.

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El proyecto incluye disposiciones destinadas a blindar a los participantes del régimen frente a futuras modificaciones normativas, proporcionando estabilidad jurídica a largo plazo. Esta garantía resulta crucial para generar confianza entre potenciales adherentes que temen cambios regulatorios posteriores que puedan comprometer su situación legal.

Las declaraciones del jefe de Gabinete evitaron vincular esta iniciativa con intentos previos de regularización fiscal, aunque reconoció implícitamente que la práctica del ahorro dolarizado informal constituye un fenómeno estructural en la economía argentina. Esta desvinculación busca presentar la propuesta como una innovación legislativa más que como la repetición de mecanismos ya implementados.

La estrategia comunicacional del Gobierno enfatiza el carácter protectivo de la medida hacia ahorristas que actuaron defensivamente ante la inestabilidad económica. Esta narrativa busca generar legitimidad social para la iniciativa, presentándola como reconocimiento estatal de comportamientos adaptativos racionales más que como concesión a prácticas evasoras.

El contenido específico del proyecto permanece reservado hasta su tratamiento parlamentario, aunque las declaraciones oficiales permiten inferir modificaciones sustanciales en el régimen penal económico vigente. La combinación de ajustes en montos, plazos y garantías jurídicas configura un paquete integral destinado a facilitar la regularización voluntaria de activos no declarados.

La propuesta representa una apuesta significativa del Gobierno por movilizar recursos internos sin comprometer el equilibrio fiscal ni recurrir a emisión monetaria adicional. El éxito de esta estrategia dependerá tanto de la sanción parlamentaria como de la respuesta de los tenedores de activos no declarados ante las nuevas condiciones legales propuestas.