Funcionarios productivos de múltiples jurisdicciones argentinas convergieron en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA para denunciar el vacío de estrategia industrial nacional y demandar acuerdos transpartidarios que impulsen un modelo manufacturero adaptado al siglo XXI. El encuentro, denominado Congreso Productivo para el Desarrollo, expuso las tensiones entre administraciones provinciales y un gobierno central que considera prescindible el desarrollo fabril, generando impactos severos en empleo, innovación y cadenas productivas regionales.

La iniciativa organizada por Misión Productiva reunió profesionales con trayectoria en sectores públicos y privados bajo la premisa de construir consensos federales sobre política industrial. El panel inaugural contó con representantes de Buenos Aires, La Rioja, Misiones y Entre Ríos, además del Consejo Federal de Inversiones, configurando un espacio de debate que trascendió divisiones partidarias tradicionales para enfocarse en desafíos productivos compartidos.

Augusto Costa, ministro bonaerense de Producción, articuló una crítica contundente hacia la administración libertaria. El economista señaló que el menosprecio gubernamental hacia el sector manufacturero impactará principalmente en su provincia, responsable de generar la mitad de la producción industrial argentina. Costa identificó cuatro factores críticos que golpean el entramado productivo: apreciación del tipo de cambio, liberalización comercial sin criterios selectivos, paralización de proyectos infraestructurales y contracción del mercado doméstico.

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La complejidad de diseñar políticas industriales provinciales sin coordinación nacional emergió como tema central. Costa enfatizó que la conducción estratégica debe provenir del gobierno federal, mientras las provincias necesitan cooperar mutuamente. En contraste, percibe que el mensaje oficial promueve competencia destructiva entre jurisdicciones, abandonando cualquier visión integradora del desarrollo territorial.

Federico Bazán, responsable de Trabajo, Industria, Empleo y Minería riojano, ejemplificó consecuencias concretas de la apertura importadora sobre el sector textil provincial. Esta actividad representa un tercio de la producción industrial local y enfrenta competencia desleal de productos importados. El funcionario cuyano también destacó la caída del consumo interno como factor determinante en la crisis sectorial actual.

La agregación de valor a recursos naturales ocupó espacio relevante en las intervenciones. Bazán celebró el retorno de inversiones mineras a La Rioja, pero condicionó su impacto positivo a la participación industrial como proveedora de bienes y servicios. Esta visión integrada entre extractivismo y manufactura representa una alternativa al modelo primario exportador que promueve el gobierno nacional.

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Federico Fachinello expuso las dificultades específicas de Misiones, donde pequeñas y medianas empresas enfrentan competencia fronteriza en condiciones desventajosas. El ministro misionero reclamó políticas específicas para desarrollo infraestructural y conexión energética, destacando que su provincia carece de acceso a gas natural, limitación que condiciona severamente las posibilidades de expansión industrial.

Emanuel Gainza, desde la Secretaría de Modernización entrerriana, propuso una perspectiva centrada en transformación digital y conectividad. El funcionario estableció paralelos históricos, comparando la importancia actual de la infraestructura digital con el desarrollo ferroviario y eléctrico de hace un siglo. Su análisis destacó el potencial del interior argentino, condicionado a la existencia de un Estado eficiente que complemente la inversión privada donde esta resulta insuficiente.

La necesidad de consensos suprapartidarios resonó en múltiples intervenciones. Gainza explicitó que el desarrollo productivo requiere acuerdos que trasciendan identidades políticas, planteamiento que encontró eco en otros participantes. Esta búsqueda de puntos comunes contrasta con la polarización dominante en otros ámbitos del debate público argentino.

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Ignacio Lamothe aportó la perspectiva del CFI como articulador de políticas productivas interprovinciales. El secretario general del organismo resaltó iniciativas de formación dirigidas a jóvenes sobre temáticas estructurales del desarrollo nacional. Contrariando prejuicios generacionales, Lamothe afirmó que existe interés juvenil genuino en estas cuestiones, justificando inversiones sostenidas en capacitación de cuadros técnico-políticos.

La desconexión entre conocimiento generado localmente y realidades sociopolíticas nacionales emergió como problema recurrente. Lamothe señaló la necesidad de vincular producción académica con aplicaciones prácticas en políticas públicas, crítica que resonó entre participantes conscientes de la brecha entre teoría y práctica en el diseño de estrategias industriales.

Costa profundizó sobre casos específicos que ilustran el impacto de políticas actuales. Mencionó el incremento de importaciones de calzado por 11 millones de pares y el cierre de la planta DAS en Coronel Suárez como ejemplos concretos de desindustrialización acelerada. Estos casos particulares humanizaron estadísticas abstractas, evidenciando consecuencias sociales del modelo económico vigente.

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El funcionario bonaerense caracterizó el rol provincial como escudo protector y red de contención, pero reconoció limitaciones estructurales cuando el Estado nacional abdica responsabilidades básicas. Esta metáfora captura la tensión federal actual, donde administraciones subnacionales intentan compensar ausencias del poder central sin recursos ni herramientas adecuadas.

La referencia de Costa al pedido de nuevas canciones, popularizado por Axel Kicillof, introdujo dimensiones culturales al debate técnico. El economista argumentó que el contexto internacional actual demanda rediscutir política industrial, oportunidad que sectores dogmáticos negaron durante años. Esta apertura conceptual sugiere disposición para revisar paradigmas establecidos sin abandonar convicciones fundamentales sobre el rol manufacturero.

El manifiesto presentado por Misión Productiva sintetizó argumentos centrales del encuentro. El documento destacó que la industria representa 20% del PBI nacional, genera 2.5 millones de empleos con salarios superiores al promedio, concentra la mayor inversión privada en investigación y desarrollo, y aporta 57% de las exportaciones de bienes y servicios. Estas cifras fundamentan la relevancia estratégica del sector más allá de ideologías particulares.

Sin embargo, el manifiesto también autocriticó fórmulas tradicionales de política industrial basadas en proteccionismo ciego y subsidios indiscriminados. La propuesta aboga por superar falsas dicotomías como mercado interno versus exportaciones o industria versus agro, planteando integraciones productivas más sofisticadas.

La visión de una industria adaptada al siglo XXI incorpora reconocimiento de cambios tecnológicos, centralidad de la innovación, búsqueda permanente de productividad, selección de prioridades estratégicas y evaluación continua de políticas implementadas. Este enfoque modernizador busca distanciarse tanto del laissez-faire absoluto como del dirigismo anacrónico.

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El congreso evidenció convergencias notables entre funcionarios de diferentes signos políticos. La preocupación compartida por el abandono estatal de políticas industriales activas generó espacios de diálogo impensables en otros contextos. Esta transversalidad sugiere que la cuestión productiva podría constituir eje articulador de coaliciones amplias.

Las demandas específicas incluyeron desarrollo infraestructural, especialmente en regiones periféricas; políticas diferenciadas para zonas fronterizas; integración entre sectores primarios y manufactureros; apoyo a la transformación digital; y formación de recursos humanos especializados. Este catálogo de necesidades configura una agenda concreta para eventuales políticas industriales futuras.

La ausencia de representantes del gobierno nacional en el encuentro resultó sintomática. Mientras provincias de diversos colores políticos buscan articular respuestas a la crisis industrial, la administración central mantiene su convicción de que el mercado resolverá automáticamente desequilibrios productivos. Esta divergencia fundamental complica cualquier coordinación federal efectiva.

El evento en la Facultad de Ciencias Económicas, con sala colmada según organizadores, demostró interés sostenido en temáticas productivas pese al discurso oficial dominante. La convocatoria diversa, incluyendo académicos, empresarios, sindicalistas y funcionarios, sugiere que existe base social para políticas industriales activas, aunque carezcan de representación en el poder ejecutivo nacional.

Las intervenciones revelaron tensiones entre necesidades inmediatas de supervivencia empresarial y visiones estratégicas de largo plazo. Mientras algunos sectores demandan medidas urgentes ante cierres y despidos, otros plantean transformaciones estructurales que requieren horizontes temporales extendidos. Equilibrar estas temporalidades constituye desafío central para diseñadores de políticas.

La experiencia internacional reciente, con reindustrializaciones en países desarrollados y políticas industriales activas en economías emergentes exitosas, proporciona argumentos adicionales a quienes cuestionan el abandono manufacturero. El contexto global post-pandémico revalorizó cadenas productivas locales y autonomía tecnológica, tendencias que el gobierno argentino parece ignorar.

El congreso concluyó sin resoluciones vinculantes pero estableciendo redes de colaboración interprovincial. Los participantes acordaron mantener espacios de intercambio y coordinar respuestas ante la emergencia productiva. Aunque limitadas por restricciones jurisdiccionales y presupuestarias, estas iniciativas representan intentos de preservar capacidades industriales ante la indiferencia federal.

La paradoja argentina actual muestra provincias intentando políticas industriales sin herramientas macroeconómicas mientras el gobierno nacional controla instrumentos clave pero rechaza utilizarlos con fines productivos. Esta descoordinación estructural augura profundización de desequilibrios regionales y sectoriales, con consecuencias sociales potencialmente graves en territorios dependientes de la actividad manufacturera.