La tensión entre el equipo económico y el sector bancario alcanzó un punto crítico en las vísperas de la operación de refinanciamiento más significativa del año, cuando el Tesoro Nacional debe renovar vencimientos por 11,8 billones de pesos, equivalentes a 9,200 millones de dólares. La administración de Luis Caputo expresó su preocupación por las señales que indican una posible resistencia de entidades financieras privadas nacionales a participar en condiciones favorables para el Estado.

Los rumores que circularon intensamente en el mercado financiero local durante las últimas jornadas sugieren que determinadas instituciones bancarias domésticas mostrarían renuencia a renovar completamente sus tenencias de instrumentos gubernamentales. Esta situación generó alarma en el ministerio de Economía, particularmente después de las controvertidas declaraciones del presidente Javier Milei durante su participación en Radio Mitre el sábado anterior.

El mandatario dirigió críticas severas hacia las entidades financieras y el sector privado, responsabilizándolas por las fluctuaciones cambiarias y las distorsiones en las tasas de interés posteriores al canje de Letras Financieras por instrumentos del Tesoro. Milei explicó que el gobierno proporcionó un mes de plazo para el desarme ordenado de las LEFI mediante 3 licitaciones sucesivas, pero las instituciones optaron por concentrar las operaciones al final del período, generando volatilidad innecesaria.

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La estrategia bancaria de retener liquidez hasta el último momento, según la interpretación presidencial, facilitó operaciones especulativas que presionaron el tipo de cambio. El mandatario describió cómo algunos actores utilizaron cauciones respaldadas por títulos públicos, convirtiendo las LEFI en pesos para financiar ataques contra la divisa estadounidense. Esta dinámica creó un círculo vicioso donde la liberación súbita de liquidez alimentó presiones cambiarias adicionales.

Cuando las autoridades continuaron el proceso de absorción de liquidez excedente, la escasez resultante provocó una escalada exponencial en las tasas de interés. Milei manifestó su rechazo a liberar fondos que pudieran utilizarse nuevamente para atacar la estabilidad cambiaria, identificando específicamente a 2 bancos como protagonistas centrales de estos movimientos desestabilizadores.

Las declaraciones presidenciales alcanzaron un tono particularmente combativo cuando sugirió motivaciones políticas detrás del comportamiento bancario. El mandatario expresó que ciertos sectores estarían dispuestos a sacrificar la estabilidad económica nacional con objetivos de poder, utilizando términos especialmente duros para describir esta conducta. Esta escalada retórica refleja la profundidad del conflicto entre la administración y segmentos del sistema financiero.

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El origen de esta confrontación se remonta a la decisión gubernamental de eliminar las Letras Financieras de Liquidez, instrumentos de corto plazo creados después del fin de los pasivos remunerados del Banco Central. Estos mecanismos permitían a los bancos gestionar sus necesidades de liquidez, con tasas que operaban como referencia para el mercado. El equipo económico anunció su eliminación en junio, esperando una migración ordenada hacia Lecap.

Sin embargo, el proceso no se desarrolló según las expectativas oficiales. El 10 de julio, las instituciones no transfirieron completamente sus tenencias hacia los nuevos instrumentos, liberando aproximadamente 9 billones de pesos de liquidez excedente al mercado. Esta situación provocó una caída abrupta en las tasas de interés y presiones alcistas sobre el dólar, obligando al equipo económico a implementar medidas correctivas urgentes.

La respuesta oficial incluyó la reactivación de pases pasivos para absorber el exceso de liquidez mediante tasas superiores al 40% anual, junto con licitaciones extraordinarias del Tesoro para mitigar las consecuencias del desarme desordenado. Esta secuencia de eventos fue interpretada por analistas como una falla en la planificación, aunque Milei la atribuye exclusivamente a maniobras bancarias.

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Luis Caputo había anticipado estas tensiones mediante declaraciones en redes sociales el 15 de julio, donde acusó directamente a los bancos de realizar operaciones especulativas. El ministro explicó que las instituciones, temerosas de perder liquidez diaria, prefirieron mantener posiciones en efectivo en lugar de canjear completamente sus LEFI por Lecap. Esta decisión generó el sobre encaje simultáneo que provocó la distorsión de tasas.

El ministro reveló que fueron las propias entidades quienes solicitaron la licitación extraordinaria después de que la liquidez excedente presionara las tasas a la baja. Según su interpretación, los bancos presionaron para que el Tesoro ofreciera instrumentos con rendimientos superiores a las cauciones, que en ese momento rondaban el 28% pero posteriormente se dispararon por encima del 100%.

La gravedad de la situación había sido anticipada por las asociaciones bancarias en una carta enviada el 14 de julio al ministerio de Economía y al Banco Central. Los representantes de Adeba, ABA, ABE y Abappra advirtieron sobre los riesgos del desarme acelerado de 15 billones de pesos en LEFI. La comunicación propuso mantener una ventana de liquidez de muy corto plazo en lugar de depender exclusivamente de las Lecap quincenales.

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La ineficacia para redireccionar los pesos circulantes generó volatilidad extrema en las tasas domésticas, afectando el costo del crédito en moneda local. Esta situación demostró las limitaciones del nuevo esquema de gestión de liquidez y la necesidad de ajustes en la transición hacia el nuevo marco operativo.

En la antesala de la licitación crucial, los mercados mostraron signos continuos de tensión. Las tasas de cauciones, aunque reducidas respecto a los picos de la primera quincena de julio, mantuvieron alta volatilidad. Las Lecap presentaron rendimientos entre 3,2% y 5,4% mensual, mientras los Boncap finalizaron con tasas levemente superiores, ubicándose entre 3,1% y 3,4% mensual.

Los títulos indexados por CER operaron con rendimientos promedio de CER más 15% de Tasa Interna de Retorno, superando el CER más 14% observado anteriormente. Esta dinámica reflejó las expectativas de mayor riesgo y las demandas de primas adicionales por parte de los inversores.

El comportamiento del tipo de cambio confirmó las presiones subyacentes del sistema. El dólar oficial cerró en 1,295 pesos, mientras los dólares financieros mostraron cotizaciones de 1,287 pesos para el MEP y 1,298 pesos para el contado con liquidación. El dólar paralelo alcanzó 1,315 pesos, reflejando las tensiones del mercado informal.

Las declaraciones presidenciales contra el sector bancario aparentemente intensificaron la resistencia de las entidades privadas nacionales, quienes podrían exigir tasas significativamente más altas para renovar los vencimientos. Esta situación coloca al Tesoro ante el dilema de convalidar rendimientos elevados o enfrentar una liberación masiva de pesos al mercado, con consecuencias impredecibles para la estabilidad monetaria y cambiaria.

El desenlace de esta licitación determinará no solo la capacidad del gobierno para refinanciar su deuda de corto plazo, sino también la naturaleza futura de la relación entre las autoridades económicas y el sistema financiero, en un momento crucial para la consolidación del programa de estabilización macroeconómica.