La recaudación acumula ocho meses de retroceso real. La deuda flotante saltó $2 billones en marzo. El 74% del resultado primario del trimestre se explica por gastos que el Tesoro devengó pero no pagó. Los datos son oficiales. La contradicción también.

La última licitación de deuda soberana en dólares produjo un diferencial de 348 puntos básicos entre instrumentos separados por apenas doce meses de plazo: 5,02% anual para vencimiento pre-electoral versus 8,50% para post-2027, con tasa forward implícita de 14,09%. La lectura técnica es inequívoca: el mercado no está descontando riesgo político opositor — está incorporando la probabilidad de que un modelo de estabilización sin desarrollo productivo, sin política industrial activa y con superávit fiscal que no computa íntegramente el devengamiento de intereses capitalizables, no sea autosostenible más allá del ciclo electoral. La experiencia de Corea del Sur, Alemania e Irlanda demuestra que hay salida. Pero tiene requisitos que Argentina todavía no cumple.

El stock de obligaciones del Sector Público Nacional trepó de u$s455.067 millones a u$s472.135 millones entre enero y febrero, según el Boletín Mensual del Ministerio de Economía. El incremento no responde a nueva deuda neta —que cayó u$s1.814 millones— sino a un ajuste de valuación de u$s18.883 millones que el oficialismo minimiza pero que los mercados no pueden ignorar.

 
Argentina enfrenta una agenda financiera y política cargada: el dato de inflación de enero llega envuelto en la crisis del Indec, el Tesoro debe renovar $9,6 billones y el Senado debate la reforma laboral con final abierto.