La administración de Javier Milei escaló su confrontación con el sindicalismo argentino mediante la presentación de un ambicioso proyecto de reforma laboral. La iniciativa, diseñada por el ministro Federico Sturzenegger, contempla modificaciones sustanciales al régimen de negociación colectiva y al financiamiento de las organizaciones gremiales. El texto generó rechazo inmediato de la CGT y tensiones internas dentro del propio oficialismo, donde el sector dialoguista quedó desplazado tras fracasar los intentos de negociación previa con los representantes sindicales.

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Qué propone la reforma laboral y cómo afecta a los sindicatos
El proyecto oficial introduce cambios estructurales en la relación entre trabajadores y organizaciones gremiales. Entre las modificaciones más controvertidas figura el requisito de consentimiento expreso del empleado para afiliarse a un sindicato, sujeto además a autorización gubernamental. La cuota solidaria, mecanismo de financiamiento histórico del movimiento obrero, pasa a ser optativa salvo que esté contemplada en convenios negociados por empresa individual. Esta modificación representa un giro respecto al sistema vigente, donde la contribución se establecía mediante acuerdos por rama de actividad.

El impacto económico estimado resulta significativo para el sistema de obras sociales sindicales. La reducción de aportes patronales destinados a estas entidades generaría una caída aproximada de 90.000 millones de pesos mensuales. Los dirigentes gremiales advirtieron que estas medidas llevarían al sistema sanitario sindical hacia una situación de colapso financiero. La propuesta también afecta a quienes derivan sus aportes hacia empresas de medicina prepaga, modificando el esquema de redistribución vigente.

Fracaso del diálogo previo entre Gobierno y centrales obreras
Los días anteriores al lanzamiento oficial estuvieron marcados por intensas comunicaciones entre funcionarios y representantes sindicales. Santiago Caputo y Diego Santilli mantuvieron contactos permanentes con referentes gremiales hasta el martes previo al anuncio. Sin embargo, las negociaciones no prosperaron y el ala dura del Ejecutivo impuso su posición. El propio vocero Manuel Adorni había asegurado horas antes que los recursos sindicales no serían afectados en esta etapa. La versión final del proyecto contradijo esas declaraciones públicas.

El Consejo de Mayo, instancia de diálogo creada por el Gobierno, quedó en el centro de las controversias. La CGT participó de seis reuniones a través de su representante Gerardo Martínez, líder de la Uocra. Sin embargo, la central obrera dejó constancia escrita de su oposición a cualquier modificación del régimen laboral. Este rechazo aparece documentado en la página 288 del informe final del organismo, aunque pasó inadvertido durante la presentación oficial donde se afirmó que existía consenso gremial.

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Senado: los números ajustados que definen la batalla legislativa
La Cámara alta será el escenario inicial del tratamiento parlamentario. El oficialismo cuenta con 21 senadores de La Libertad Avanza, sumando a Luis Juez, más tres legisladores provenientes del desarmado bloque Pro. La bancada radical aporta diez integrantes que analizan su posicionamiento. El peronismo reúne 28 votos propios, insuficientes para bloquear la iniciativa sin sumar aliados externos. Fuentes sindicales mencionaron que estarían a tres voluntades de alcanzar el rechazo.

Los gobernadores provinciales adquieren protagonismo central en esta disputa. El Ejecutivo nacional diseñó una estrategia de negociación simultánea: mientras avanza la reforma laboral en el Senado, Diputados debate el presupuesto nacional. Los mandatarios provinciales priorizan la discusión presupuestaria por su impacto directo en las finanzas regionales. Tucumán ya recibió 20.000 millones de pesos en concepto de Aportes del Tesoro Nacional, la cifra más elevada durante toda la gestión libertaria. La senadora Beatriz Ávila representa un voto clave para el oficialismo en esa provincia.

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CGT convoca movilización mientras el peronismo busca estrategia común
La central obrera programó una concentración en Plaza de Mayo para el jueves próximo. La fecha coincide estratégicamente con las reuniones de comisión donde comenzará el análisis del proyecto. Los organizadores esperan congregar también a representantes del movimiento por la discapacidad, jubilados y sectores universitarios afectados por vetos presidenciales recientes. La decisión de movilizar en lugar de convocar un paro responde a la necesidad de sumar adhesiones sociales antes de escalar las medidas de fuerza.

El peronismo exhibe divisiones internas respecto a la táctica parlamentaria. Un sector propone rechazar el proyecto sin presentar alternativas. Otros dirigentes impulsan elaborar una contrapropuesta que posicione al espacio como opción programática frente al oficialismo. La única coincidencia actual entre las distintas facciones opositoras es preservar la unidad del bloque durante el tratamiento legislativo.

Contexto económico: desempleo lidera las preocupaciones ciudadanas
Las encuestas recientes ubican la falta de trabajo como principal inquietud social, desplazando a la inflación del primer lugar. El relevamiento de Opinaia registró que el 53% de los consultados identifica al desempleo como problema prioritario. La pobreza, inseguridad y corrupción aparecen en posiciones secundarias. Este clima de opinión representa un desafío para el Gobierno al impulsar reformas que podrían flexibilizar las condiciones de contratación y despido.

Los indicadores económicos de noviembre agregaron complejidad al escenario político. La inflación mensual alcanzó 2,5%, pero la canasta básica alimentaria trepó 4,1% y la total 3,6%. Estos números presionan especialmente sobre los sectores más vulnerables de la población. El retorno a los mercados internacionales de deuda generó resultados modestos según analistas especializados. Las reservas netas del Banco Central permanecen por debajo de los niveles registrados a fines de octubre, sin mostrar acumulación genuina de divisas.