La administración nacional logró un respiro crucial al sostener el veto presidencial sobre la reforma jubilatoria, cortando una serie de derrotas parlamentarias que amenazaban desestabilizar el programa económico oficial. Esta victoria estratégica permitió al presidente demostrar capacidad de liderazgo político precisamente cuando la volatilidad del mercado financiero generaba señales preocupantes sobre la sostenibilidad del modelo macroeconómico vigente.

El triunfo adquiere relevancia especial considerando que en Argentina la tolerancia hacia un mandatario puede extenderse a múltiples aspectos, pero raramente perdona pérdidas de gobernabilidad. Esta observación resulta particularmente significativa dado que el peronismo históricamente se enorgullece de mantener "control de la calle" como uno de sus activos políticos más valorados por analistas especializados.

La situación de Milei había experimentado deterioro gradual durante meses previos. El boicot parlamentario a su agenda reformista del año anterior había sido superado satisfactoriamente, incluyendo el fracaso inicial del proyecto de Ley Bases que no comprometió metas fiscales gracias a un "plan B" alternativo. Posteriormente, tras tensas negociaciones con gobernadores, consiguió respaldo para reinstaurar el impuesto a las Ganancias.

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Durante 2024, la oposición había aprobado tanto reforma jubilatoria como financiamiento universitario con implicancias fiscales, aunque ambos vetos presidenciales fueron ratificados sin mayores complicaciones. Sin embargo, esa situación contrasta marcadamente con circunstancias actuales, pese a que la composición parlamentaria permanece inalterada.

El cambio fundamental radica en la transformación del clima político y social. Evidencia de esto surge del hecho que Milei ya no se jacta de poseer planes alternativos como en períodos anteriores, optando por agitar el fantasma del retorno del déficit fiscal como principal herramienta de presión política.

El presidente reconoció tácitamente la gravedad de su debilidad política durante la cadena televisiva de hace 2 semanas, cuando estimó en 2,5% del PBI el costo fiscal combinado de todas las reformas que impulsaba la oposición. Simultáneamente anunció proyectos para "amurallar el déficit cero y la política monetaria", aunque resultaba evidente que se refería a iniciativas que podrían aprobarse únicamente después de los comicios de octubre.

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Estas medidas poseían mayor efecto simbólico que real, dado que pocos consideraban creíble que el mismo Congreso que minaba su política fiscal aprobaría posteriormente una ley prohibiendo leyes sin financiamiento. La situación se complicaba porque Milei había advertido su intención de judicializar eventuales derogaciones de vetos, amparándose en la ley 24.156 de Administración Financiera.

El artículo 38 de esta normativa obliga que "toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general deberá especificar las fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento". Consecuentemente, el presidente blindaba su superávit fiscal mediante un proyecto largamente redundante con legislación existente.

Los anuncios televisivos constituyeron la excusa formal para transmitir el verdadero mensaje político de Milei: caracterizar a la oposición kirchnerista como el auténtico "riesgo país" y advertir que la agenda reformista quedaría comprometida sin victoria contundente en las urnas.

Luis Caputo llegó a cuantificar este "riesgo K" en puntos básicos del índice EMBI elaborado por JP Morgan. Según el ministro, la situación macroeconómica argentina, tras la caída inflacionaria, el levantamiento del cepo cambiario y el refuerzo de 14.000 millones de dólares del FMI, ameritaba ubicar el riesgo país en 400 puntos básicos.

No obstante, la alta volatilidad en títulos de deuda soberana mantiene el riesgo país argentino persistentemente por encima de 700 puntos básicos. Según este razonamiento, resultados electorales que permitan blindar la política fiscal mediante un Congreso favorable deberían provocar desplomes de 300 puntos en el indicador de riesgo.

La confirmación del veto jubilatorio permite a Milei eludir costos fiscales de 0,3% del PBI este año y 0,76% en 2026, mientras allana el camino para impedir proyectos más temidos como la transferencia automática de Aportes del Tesoro Nacional hacia provincias.

Altas tasas de interés amenazan sostenibilidad del superávit fiscal

Sostener el veto jubilatorio requirió negociar apoyo crucial de 3 gobernadores: Hugo Passalacqua de Misiones, Rogelio Frigerio de Entre Ríos y Alfredo Cornejo de Mendoza, con quienes se alcanzaron acuerdos electorales para las legislativas.

Adicionalmente, hubo diálogos para que legisladores vinculados a mandatarios provinciales respaldaran proyectos alternativos. Milei flexibilizó posturas iniciales a cambio de que las provincias retomaran su rol como "dadoras de gobernabilidad", similar a cuando apoyaron el nuevo acuerdo con el FMI solicitado durante la inauguración del año legislativo.

Ese mismo día había prometido reglas impidiendo cualquier semejanza con "planes platita", pero guiñó a provincias prometiendo reforma federal para manejo de recursos tributarios. Sin embargo, este acuerdo aparece actualmente distante, y en año electoral, muchos jefes provinciales arriesgan su futuro político, declarando que no se sacrificarán electoralmente para preservar el superávit fiscal de Milei.

La disputa involucra una caja equivalente al 0,12% del PBI, representando aproximadamente 840 millones de dólares actuales. La eventual aprobación de versiones "atenuadas" que acepten traspasos limitados de ATN hacia provincias y reparto de "remanentes" anuales reduciría considerablemente el costo fiscal. Por ello Milei abandonó posturas inflexibles apostando a la capacidad negociadora de su jefe de gabinete, Guillermo Francos.

Los eventos parlamentarios permiten a Milei reforzar su mensaje electoral: todo lo ocurrido recientemente, desde tasas de interés hipervolátiles hasta mayores presiones sobre el dólar y precios, obedece a caídas en la demanda monetaria pública. Este rechazo a los pesos reflejaría temores a que el kirchnerismo obtenga resultados electorales permitiendo nuevos proyectos para sabotear el superávit fiscal.

El presidente arriesga simultáneamente su programa económico tanto en la batalla de vetos como en la defensa de decretos dictados mediante facultades extraordinarias delegadas por el Congreso. Estos decretos instrumentaron el "plan motosierra", incluyendo recortes en nóminas de empleados públicos y eliminación o reducción de organismos administrativos centrales como la Dirección Nacional de Vialidad, que cuenta con 5.000 empleados.

La recuperación de Milei en la batalla parlamentaria implica también aspectos riesgosos: debería reflejarse en normalización del mercado financiero, donde actualmente se critica duramente la estrategia de política monetaria y se asignan altas probabilidades a devaluaciones post electorales.

Según la línea argumental gubernamental, si el "riesgo K" se debilitara por sostenimiento del superávit fiscal y difusión de encuestas favorables al oficialismo, entonces el mercado financiero debería reflejar esta situación mediante mejoras en precios de bonos y caídas en tasas de interés.

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Esta lógica establece una correlación directa entre fortaleza política y estabilidad financiera que será puesta a prueba en las próximas semanas. Los mercados observarán atentamente si la victoria parlamentaria se traduce efectivamente en reducción de volatilidad y normalización de variables financieras, o si persisten las turbulencias independientemente de los resultados políticos.

La capacidad de Milei para traducir éxitos parlamentarios en estabilidad macroeconómica determinará tanto la credibilidad de su diagnóstico sobre el "riesgo K" como la viabilidad de su estrategia política centrada en la polarización electoral como herramienta de gobernabilidad económica.

El desafío inmediato consiste en demostrar que el control político efectivamente se traduce en disciplina de mercado, validando así la narrativa oficial que atribuye turbulencias financieras a incertidumbres políticas antes que a inconsistencias del diseño económico implementado por la administración nacional.