La Justicia Federal intensificó la investigación sobre presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad tras el descubrimiento de una red de contrataciones que supera los 100.000 millones de pesos, involucrando a la droguería Suizo Argentina y funcionarios de alto nivel gubernamental. El juez Sebastián Casanello ordenó medidas restrictivas de libertad y allanamientos masivos que revelaron evidencia financiera significativa en el marco de denuncias por coimas sistemáticas.

Diego Spagnuolo, exdirector de ANDIS cesanteado el miércoles pasado, fue localizado en el country Altos de Campo Grande en Pilar y se le prohibió abandonar territorio argentino junto a los directivos de la empresa farmacéutica investigada. La medida judicial alcanza también a Emmanuel Kovalivker, Jonathan Kovalivker y Eduardo Kovalivker, propietarios de la droguería que concentró contratos multimillonarios durante la actual administración.

Los 15 procedimientos de allanamiento ejecutados desde la madrugada del viernes arrojaron hallazgos que fortalecen la hipótesis de irregularidades financieras. En el domicilio de Emmanuel Kovalivker en Nordelta, las fuerzas de seguridad interceptaron un vehículo que transportaba 266.000 dólares estadounidenses y 7 millones de pesos en efectivo, junto a anotaciones manuscritas y documentación que fue secuestrada como evidencia.

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El procedimiento en las oficinas de ANDIS ubicadas en Ramsay 2250 permitió el descubrimiento de una orden de pago por 10.828.052.146 pesos destinada a Suizo Argentina, cifra que representa una fracción del volumen total de contrataciones que la empresa obtuvo con diversos ministerios nacionales. Esta documentación constituye evidencia directa del flujo financiero entre la agencia estatal y la droguería investigada.

Durante los registros domiciliarios, las autoridades judiciales secuestraron dos teléfonos celulares de Spagnuolo, una máquina contadora de billetes, documentación diversa y efectivo de baja denominación. El fiscal Franco Picardi, quien tiene delegada la investigación, optó por no solicitar la detención del exfuncionario, priorizando el resguardo de elementos probatorios sobre medidas de coerción personal.

La magnitud de los negocios entre Suizo Argentina y el Estado Nacional adquiere dimensiones extraordinarias cuando se analiza la progresión temporal de las contrataciones. Durante poco más de año y medio de gobierno libertario, la empresa participó victoriosamente en 105 procesos de compra, superando el total acumulado durante los cuatro años de la administración Fernández y cuadruplicando las adjudicaciones obtenidas durante el período Macri, que alcanzaron apenas 22 operaciones.

El Ministerio de Salud emergió como el principal comprador de productos farmacéuticos provistos por la droguería investigada. Entre las adquisiciones más significativas se destaca la compra de Asparaginasa Pegilada por 1.034 millones de pesos mediante contratación directa, y la adquisición de Cetuximab por 2.800 millones de pesos utilizando el mismo mecanismo contractual que evita procesos licitatorios competitivos.

Las transacciones con el área sanitaria incluyeron medicamentos oncológicos por 762 millones de pesos, Hormona de Crecimiento Somatotropina por 861 millones, y diversos fármacos especializados vendidos al Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante por 94 millones de pesos. La modalidad de contratación directa predominó en estas operaciones, generando cuestionamientos sobre la transparencia del proceso de selección de proveedores.

El contrato de logística representa la operación individual más voluminosa, alcanzando 78.000 millones de pesos para servicios de distribución farmacéutica en colaboración con Andreani, empresa que recibirá 20.000 millones adicionales por servicios complementarios. Esta adjudicación superó ofertas del Correo Argentino y OCA, consolidando el dominio de Suizo Argentina en el segmento de distribución sanitaria estatal.

Los ministerios de Defensa y Seguridad también mantuvieron relaciones comerciales significativas con la droguería. En el ámbito de Defensa, el Hospital Naval Buenos Aires adquirió guantes quirúrgicos y productos médicos por 105 millones de pesos, mientras que contratos pendientes de adjudicación alcanzan 133 millones por soluciones fisiológicas y 469 millones por medicamentos inmunosupresores y antitumorales.

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La cartera de Seguridad, bajo conducción de Patricia Bullrich, concentró 18 operaciones de compra a través de la Superintendencia de Bienestar de la Policía Federal Argentina. Las adquisiciones incluyeron medicamentos de alto costo por 1.680 millones de pesos, tratamientos para HIV por 301 millones, fármacos neurológicos por 26 millones y medicamentos antineoplásicos por 1.426 millones de pesos.

Los audios difundidos públicamente revelan presuntos mecanismos de corrupción que involucrarían porcentajes sobre las contrataciones. Según las grabaciones atribuidas a Spagnuolo, la droguería contactaba proveedores exigiendo incrementos del 5% al 8% en los precios de medicamentos, trasladando estos recursos a instancias superiores del Ejecutivo Nacional a través de comunicaciones telefónicas directas.

La investigación adquirió impulso tras denuncias presentadas por Alejandro Sebastián Díaz Pascual de la fundación Arcos, quien identificó inicialmente compras por 30.000 millones de pesos sin licitación pública. Las denuncias señalaban vínculos entre Farma Online, plataforma de Suizo Argentina, y productos GenTech asociados al presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem.

Las grabaciones también implican a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del mandatario, junto a Eduardo "Lule" Menem, como presuntos beneficiarios de los esquemas irregulares. Spagnuolo habría advertido personalmente al presidente Javier Milei sobre estas irregularidades, según consta en las comunicaciones interceptadas.

La familia Kovalivker, propietaria de Suizo Argentina, mantiene presuntos vínculos históricos con el clan Menem, añadiendo dimensiones políticas al escándalo financiero. Esta conexión explicaría parcialmente el acceso privilegiado a contratos estatales y la capacidad de influencia sobre funcionarios responsables de las adjudicaciones.

El descubrimiento de efectivo en moneda extranjera durante los allanamientos sugiere operaciones financieras complejas que podrían incluir maniobras de lavado de activos o evasión fiscal. La presencia de una máquina contadora de billetes en poder de Spagnuolo refuerza las sospechas sobre manejo irregular de fondos públicos.

Las medidas judiciales se enmarcan en un contexto de creciente escrutinio sobre la gestión de recursos sanitarios estatales. La concentración de adjudicaciones en una sola empresa genera interrogantes sobre competencia leal y eficiencia en el uso de fondos públicos destinados a medicamentos esenciales para poblaciones vulnerables.

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La prohibición de salida del país para los investigados busca preservar la integridad del proceso judicial y evitar la sustracción de evidencia adicional. Esta medida precautoria refleja la gravedad que las autoridades judiciales asignan al caso y la complejidad de las maniobras financieras investigadas.

El impacto de estas revelaciones trasciende el ámbito administrativo para alcanzar dimensiones políticas que podrían afectar la credibilidad gubernamental en materia de transparencia y lucha contra la corrupción, temas centrales del discurso oficial durante la campaña electoral y los primeros meses de gestión.