La comisión investigadora parlamentaria que analiza el caso $LIBRA en la Cámara de Diputados estableció formalmente la convocatoria a declarar de Karina Milei, secretaria General de la Presidencia, antes del cierre del mes corriente. Esta decisión marca un hito significativo en la investigación legislativa sobre los vínculos entre funcionarios gubernamentales y los desarrolladores de la controvertida criptomoneda que involucra a la administración libertaria.

Las autoridades de la comisión, presidida por Maximiliano Ferraro con Juan Marino como secretario, fijaron como fechas tentativas el martes 23 o el martes 30 de septiembre para que la hermana del presidente comparezca ante el cuerpo legislativo. Esta citación responde a las sospechas surgidas a partir de la investigación estadounidense que la señala como facilitadora del ingreso de Hayden Davis a la Casa Rosada durante 2024.

Los mensajes interceptados revelan declaraciones comprometedoras de Davis, quien se jactaba públicamente de su influencia sobre el presidente argentino mediante transferencias económicas a su hermana. En estas comunicaciones, el desarrollador estadounidense afirmaba textualmente su capacidad de control sobre las decisiones presidenciales a través de este mecanismo de financiamiento, generando alarmas sobre posibles actos de corrupción en las más altas esferas gubernamentales.

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La estrategia parlamentaria contempla alternativas operativas en caso de que la funcionaria rehúse presentarse voluntariamente al Congreso Nacional. Las autoridades de la comisión buscarían entonces tomarle testimonio directamente en la Casa Rosada o permitirían que ella misma establezca una fecha alternativa, siempre dentro de un plazo que no exceda la primera semana de octubre.

Si estas opciones resultaran infructuosas, los legisladores avanzarían hacia la judicialización del reclamo solicitando el uso de la fuerza pública para garantizar su comparecencia. Esta medida extrema evidencia la determinación parlamentaria de obtener testimonios directos sobre los hechos investigados, independientemente de la resistencia que puedan oponer los funcionarios involucrados.

Fuentes gubernamentales confirmaron a medios especializados que Karina Milei no tiene intención de asistir a ninguna citación parlamentaria relacionada con este caso. Esta postura de no colaboración refuerza las sospechas sobre la existencia de información comprometedora que la administración prefiere mantener reservada, complicando el esclarecimiento de los hechos investigados.

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Durante la primera jornada de convocatorias, la comisión experimentó ausencias significativas de funcionarios clave. Alejandro Melik, presidente de la Oficina Anticorrupción, y María Florencia Zicavo, extitular de la Unidad de Tareas de Investigación, decidieron no comparecer pese a las citaciones formales cursadas por el cuerpo legislativo.

La diputada Sabrina Selva calificó como inaudita la situación de que precisamente los dos primeros funcionarios citados, quienes estuvieron a cargo de la investigación oficial del caso, se negaran a brindar testimonio ante la representación popular. Ambos enviaron documentación justificatoria rubricada personalmente pero presentada de manera informal al Poder Legislativo, evidenciando resistencia institucional a la fiscalización parlamentaria.

Melik había determinado controversialmente que Javier Milei difundió $LIBRA en calidad de ciudadano privado y no como presidente, concluyendo que no infringió la Ley 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública por promocionar el proyecto privado. Esta resolución le valió una denuncia por abuso de autoridad, incumplimiento de deberes funcionariales y encubrimiento presentada en julio.

Cuando autoridades parlamentarias se dirigieron a la Oficina Anticorrupción para notificarle personalmente, Melik se negó a recibir la citación, obligando a los legisladores a pegarla en la puerta de su despacho. Su justificación posterior alegó que la labor parlamentaria supondría duplicar una investigación judicial en trámite, implicando riesgos para la reserva informativa y propiciando preguntas indicativas o improcedentes.

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Zicavo dirigió la Unidad de Tareas de Investigación durante apenas 3 meses antes de su cierre por parte del Poder Ejecutivo, quien consideró cumplida la tarea encomendada pese a no haberse conocido públicamente ningún informe conclusivo. Actualmente ocupa la jefatura de Gabinete del Ministerio de Justicia, posición desde la cual justificó su ausencia alegando improcedencia constitucional, técnica y operativa de una investigación parlamentaria paralela a la judicial.

Luis Villanueva, exfuncionario de la Oficina Anticorrupción durante el período 2019-2023, sí compareció ante la comisión brindando testimonio crítico sobre el manejo del caso. Consideró prematuro el cierre de la investigación oficial y sostuvo que existen pruebas suficientes de una negociación incompatible con la función pública por parte del presidente.

Villanueva caracterizó como locura la negativa actual de la Oficina Anticorrupción a proporcionar información sobre un caso de corrupción, interpretando esta postura como un deseo deliberado de obstruir el esclarecimiento de los hechos antes que contribuir a la búsqueda de la verdad institucional.

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La comisión decidió además crear una subcomisión especializada integrada por los diputados Agost, Vega, Selva, Frade y Carbajal, que tendrá acceso directo al expediente judicial manteniendo el secreto de sumario. Esta medida busca profundizar la investigación parlamentaria con acceso privilegiado a la información reservada del proceso penal.

Solo 2 legisladores aliados del oficialismo participaron de la reunión investigativa. La diputada salteña Yolanda Vega adoptó una postura expresa para dilucidar los hechos ocurridos en la presunta estafa, distanciándose de la línea partidaria. El tucumano Mariano Campero también evidenció alejamiento de La Libertad Avanza específicamente en este tema sensible.

El espacio parlamentario definió enviar oficios para requerir información a billeteras virtuales donde los involucrados argentinos abrieron cuentas relacionadas con las operaciones investigadas. Esta medida apunta a rastrear movimientos financieros que podrían confirmar las transferencias mencionadas en los mensajes interceptados de Davis.

La investigación parlamentaria se desarrolla paralelamente al proceso judicial, generando tensiones institucionales entre poderes del Estado. Mientras el Ejecutivo adopta posturas defensivas y de no colaboración, el Legislativo intensifica sus herramientas de fiscalización para esclarecer posibles actos de corrupción en las más altas esferas gubernamentales.

El cronograma establecido por la comisión investigadora coincide estratégicamente con el período preelectoral, amplificando el impacto político de las revelaciones que puedan surgir. La proximidad de las elecciones legislativas de octubre otorga particular relevancia a estos procedimientos parlamentarios que podrían influir significativamente en la percepción ciudadana sobre la transparencia gubernamental.

La resistencia sistemática de funcionarios oficialistas a comparecer ante la representación popular configura un patrón preocupante que erosiona los mecanismos democráticos de control y rendición de cuentas. Esta dinámica plantea interrogantes fundamentales sobre la disposición del gobierno libertario a someterse a la fiscalización institucional en casos que involucran presuntos actos de corrupción.