El proyecto incluye extensión horaria, flexibilización salarial y beneficios fiscales para empresas contratantes
Economía31 de octubre de 2025 13News-Economía
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Cumbre clave en Casa Rosada para acelerar la reforma
El jueves, Milei concretó el encuentro con gobernadores para avanzar en modificaciones sustanciales al marco regulatorio del empleo argentino. Participaron Rogelio Frigerio de Entre Ríos, Leandro Zdero del Chaco, Jorge Macri de Buenos Aires y Alfredo Cornejo de Mendoza, aliados electorales de La Libertad Avanza.
También asistieron Rolando Figueroa de Neuquén, Raúl Jalil de Catamarca, Gustavo Sáenz de Salta, Hugo Passalacqua de Misiones, Claudio Poggi de San Luis y Alberto Weretilneck de Río Negro. Los referentes de Provincias Unidas completaron la nómina: Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Ignacio Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy) y Claudio Vidal (Santa Cruz).
El impulso renovado surge tras el respaldo electoral recibido en los últimos comicios, donde el oficialismo consolidó apoyos provinciales estratégicos. Esta fortaleza política permite al Ejecutivo retomar con mayor fuerza las discusiones iniciadas en el Consejo de Mayo sobre transformaciones laborales profundas.
Ley de Promoción de Inversiones y Empleo: pilares del cambio
La diputada nacional libertaria Romina Diez lidera formalmente esta iniciativa legislativa, respaldada por legisladores de múltiples bloques parlamentarios. El proyecto busca institucionalizar transformaciones económicas que modernicen la relación contractual entre empleadores y trabajadores, siguiendo lineamientos establecidos en normativas anteriores del gobierno libertario.
Extensión de jornada: de 8 a 12 horas diarias
Una de las modificaciones centrales establece que la jornada máxima podría alcanzar doce horas diarias, superando el límite vigente de ocho. El texto garantiza descanso mínimo de doce horas entre turnos consecutivos para proteger la salud de los empleados.
Los convenios colectivos deberán establecer regímenes adaptados a modalidades productivas cambiantes, incorporando mecanismos como bancos de horas y francos compensatorios. Esta flexibilización representa casi la desaparición de las horas extras tradicionales, reemplazadas por sistemas de compensación temporal acordados sectorialmente.
Indemnizaciones fraccionadas para PyMEs
Las micro, pequeñas y medianas empresas podrán fraccionar el pago de compensaciones por despido hasta en doce mensualidades consecutivas. Esta medida apunta a reducir el impacto financiero inmediato sobre compañías de menor tamaño que enfrentan dificultades de liquidez.
El objetivo es facilitar la formalización laboral sin generar riesgos de quiebra por pasivos repentinos. Los cálculos oficiales estiman que esta flexibilidad aumentará la disposición empresarial para registrar empleados formalmente, especialmente en sectores con alta informalidad.
Vacaciones fragmentadas y nuevas reglas de licencias
El proyecto autoriza fragmentar los períodos de descanso anual en segmentos no inferiores a siete días corridos. Se garantiza únicamente que cada empleado pueda disfrutar vacaciones estivales al menos una vez cada dos años, salvo decisión contraria del trabajador.
Los matrimonios o uniones familiares empleados por un mismo patrón podrían solicitar períodos coincidentes. Respecto a licencias por enfermedad, se mantienen plazos de tres o seis meses según antigüedad menor o mayor a cinco años de servicio.
Al vencerse estos períodos, el empleador debe preservar el puesto durante un año adicional. Transcurrido este plazo sin reincorporación efectiva, cualquier parte puede finalizar el vínculo sin responsabilidad indemnizatoria, limitando la judicialización de estos conflictos.
Incentivos fiscales para impulsar contrataciones formales
El núcleo de la estrategia oficial reside en un sistema de bonos de crédito fiscal destinado a empleadores que inicien relaciones laborales durante los primeros dieciocho meses de vigencia normativa. Los porcentajes varían según escala empresarial de forma progresiva y diferenciada.
Las microempresas obtienen 100% de beneficio fiscal, pequeñas 75%, medianas 50% y grandes 25%, todos aplicables durante doce meses. El incentivo requiere que la contratación represente incremento neto en la nómina total y que el trabajador no haya tenido vínculo laboral en los tres meses previos.
Se admiten excepciones para programas de inserción laboral de jóvenes, personas con discapacidad y otros grupos vulnerables. Esta arquitectura busca estimular creación genuina de empleos formales en lugar de rotación artificial o reemplazos de personal existente.
Beneficios sociales no remunerativos: nuevas definiciones
El texto redefine prestaciones sociales no remunerativas, incluyendo almuerzos, útiles escolares, servicios de telefonía móvil e internet para el trabajador y su núcleo familiar. Se aclara que estos conceptos no integran la remuneración salarial salvo excepciones legales expresas.
Se recupera además el "salario en especie", permitiendo abonar porción del sueldo mediante vales alimentarios o canastas de productos básicos. Los pagos podrán efectuarse en efectivo, cheque o transferencia bancaria, con recibos electrónicos detallando conceptos liquidados y deducciones practicadas por el empleador.
Esta medida busca optimizar la carga fiscal para empresas mientras mantiene el poder adquisitivo de los trabajadores mediante prestaciones directas. El sistema conocido como "ticket canasta" funcionó en períodos anteriores con resultados mixtos según el sector económico.
Calendario de implementación y objetivos electorales 2027
Los cálculos oficialistas proyectan vigencia de la normativa hacia marzo de 2026, tras el trámite legislativo en ambas cámaras del Congreso. El gobierno aspira generar un "shock de empleo" con impacto significativo durante 2027, año electoral donde Milei buscará renovar su mandato presidencial.
Esta sincronización temporal entre implementación de reformas y calendario político evidencia la estrategia de mediano plazo del oficialismo libertario. La apuesta implica que los efectos positivos sobre el empleo formal se materialicen antes de las elecciones presidenciales.
Sin embargo, especialistas laborales advierten que los cambios estructurales suelen requerir períodos de ajuste más prolongados. La transición entre marcos regulatorios puede generar incertidumbre empresarial que retrase inversiones hasta consolidarse las nuevas reglas de juego.
Julio Cordero: el arquitecto técnico desde Trabajo
El secretario de Trabajo, Julio Cordero, lidera técnicamente estas transformaciones tras 35 años en el Grupo Techint, principal conglomerado industrial argentino. Cordero participó en redactar capítulos del DNU 70/23 antes de asumir su cargo público, incluyendo disposiciones sobre medicina prepaga y sistemas indemnizatorios.
Su visión propone revisar convenios colectivos, especialmente la obligatoriedad de aportes sindicales y el concepto de ultraactividad que mantiene vigentes acuerdos hasta negociar reemplazos. El punto más polémico de su agenda busca modificar negociaciones salariales hacia paritarias por productividad empresarial individual.
Este modelo es similar al implementado durante los años noventa con Carlos Menem y Domingo Cavallo al frente de la economía. Cordero denomina este esquema "negociaciones dinámicas" que permiten ajustar salarios según desempeño específico de cada compañía.
La CGT, principal central sindical, interpreta la propuesta como estrategia para reducir salarios reales mediante descentralización de la negociación colectiva. Los gremios temen pérdida de poder de negociación sectorial y fragmentación de derechos conquistados históricamente.
Aportes del Consejo de Mayo y actores sociales
El proyecto presentado en Diputados incorporará aportes surgidos del Consejo de Mayo, donde participan la Unión Industrial Argentina y representantes de la CGT. La inclusión de actores empresariales y sindicales busca construir consensos mínimos que faciliten la aprobación parlamentaria.
Sin embargo, sectores gremiales anticipan fuerte oposición a puntos neurálgicos como la extensión horaria y la flexibilización indemnizatoria. Los sindicatos argumentan que estas medidas precarizarán las condiciones laborales y transferirán riesgos empresariales hacia los trabajadores.
Por su parte, cámaras empresariales celebran la modernización normativa que consideran indispensable para competir globalmente. Sostienen que la rigidez actual desincentiva contrataciones formales y genera informalidad estructural que perjudica a todos los actores del mercado laboral.
Perspectivas de aprobación y desafíos legislativos
El desenlace legislativo dependerá de la capacidad oficialista para articular mayorías en ambas cámaras, aprovechando el impulso político post reunión con gobernadores. El oficialismo necesita 129 votos en Diputados y mayoría simple en el Senado para aprobar la iniciativa.
La implementación efectiva requerirá además adaptación empresarial y sindical a nuevas reglas, proceso que el Ejecutivo considera crucial para dinamizar creación de empleo formal. Los plazos apretados hasta marzo 2026 implican negociaciones intensas durante el verano austral.
Expertos laborales advierten que reformas estructurales sin consensos amplios pueden generar conflictividad social y judicialización masiva. El equilibrio entre flexibilidad empresarial y protección de derechos laborales será el eje del debate parlamentario durante los próximos meses.
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