En medio de las tensas negociaciones entre el gobierno de Javier Milei y los gobernadores para la firma del Pacto del 25 de Mayo, un nuevo conflicto ha estallado en el frente energético. CAMMESA, la empresa mayorista de energía, ha comenzado a enviar cartas a las provincias y cooperativas eléctricas reclamando el pago de abultadas deudas y aplicando aumentos de hasta el 150% en las facturas de febrero.

El caso más resonante es el de Chubut, donde el gobierno provincial y sus principales ciudades han sido intimadas por CAMMESA a pagar una deuda total de $ 58.919 millones. Sin embargo, este no es un hecho aislado, ya que la ofensiva de la mayorista se ha extendido a todas las empresas provinciales y cooperativas eléctricas del país.

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En Entre Ríos, por ejemplo, la cooperativa de Concordia arrastra una deuda de $ 1.700 millones y recibe facturas mensuales de $ 500 millones, mientras que ENERSA, la empresa provincial, sólo pudo pagar parcialmente su última factura de casi $ 4.500 millones y acumula un pasivo de $ 3.100 millones. Ante esta situación, la compañía estatal ha decidido permitir a los usuarios abonar en tres pagos.

Lo novedoso de esta embestida de CAMMESA es que no sólo está pidiendo el embargo de cuentas y bienes de las empresas deudoras, como es habitual, sino que también está solicitando el embargo de cuentas y bienes de las propias provincias y municipios. Tal es el caso de la Cooperativa 16 de Octubre de Chubut, donde se ha pedido el embargo de los municipios de Esquel y Trevelin por incumplimientos en los pagos.

Este accionar ha generado un profundo malestar en el interior del país, especialmente cuando se conoce que las distribuidoras del AMBA, como EDENOR y EDESUR, mantienen deudas superiores a los $ 127 mil millones y $ 72.500 millones respectivamente.

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A esta delicada situación se suma un fuerte incremento del 150% en el precio mayorista de la electricidad. En Formosa, por ejemplo, la factura de la empresa provincial pasó de menos de $ 2.000 millones en noviembre a más de $ 5.700 millones en febrero, aún con subsidios para los sectores de bajos ingresos. Esto ha dejado a las autoridades locales en una encrucijada sobre cómo trasladar estos aumentos a los usuarios.

En Chubut, se estima que las categorías residenciales más bajas pasarán a pagar entre $ 30.000 y $ 40.000 mensuales, mientras que en Puerto Madryn se han dispuesto subas del 75% en la tarifa, con incrementos del 100% para residenciales plenos e industriales, y de hasta 400% para comercios.

Ante este panorama, algunas provincias han tomado medidas drásticas. Salta, por ejemplo, suspendió por 120 días la actualización tarifaria aprobada en enero, en un movimiento que podría sentar un precedente en el proceso de normalización de las deudas con CAMMESA.

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Este nuevo frente de tormenta se suma a otros conflictos abiertos entre Nación y Provincias por fondos millonarios, como los destinados a salarios docentes, transporte y cajas jubilatorias. La amenaza de algunas provincias de acudir a la Corte Suprema en caso de que se supriman estos envíos, mantiene la tensión en un punto álgido.

En conclusión, el reclamo de CAMMESA por deudas millonarias y la aplicación de fuertes aumentos en las tarifas eléctricas ha abierto un nuevo capítulo en la puja distributiva entre el gobierno central y las provincias. Este conflicto no sólo pone en jaque la delicada situación financiera de las empresas y cooperativas eléctricas, sino que también amenaza con impactar fuertemente en los bolsillos de los usuarios finales. En este escenario, alcanzar un acuerdo en el marco del Pacto del 25 de Mayo se vuelve cada vez más urgente y desafiante para todas las partes involucradas.