En medio de una creciente preocupación por el impacto de las medidas económicas implementadas por el gobierno de Javier Milei, varios gobernadores de distintos espacios políticos han alzado la voz para advertir sobre una inminente crisis social y la necesidad de un cambio de rumbo en la política económica del país.

Gobernadores como Martín Llaryora (Córdoba), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta) y Alberto Weretilneck (Río Negro) han expresado su preocupación por el deterioro de la situación económica de la población, el aumento de la pobreza y la caída de los ingresos de las provincias debido a los recortes en las transferencias nacionales.

Desde la asunción de Milei, el costo de vida ha aumentado un 71% mientras que la coparticipación nacional a las provincias ha caído un 14%. Los mandatarios provinciales advierten que de continuar esta tendencia, se empezarán a vivir problemas sociales graves en todo el país.

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La quita de subsidios a las tarifas de servicios públicos como gas, electricidad y transporte, sumado al aumento sostenido de precios en alimentos y combustibles, está llevando a que cada vez más familias no puedan afrontar sus gastos básicos. Los gobernadores temen que el tejido social se rompa si no hay un límite al ajuste fiscal.

Aunque muchos gobernadores han mostrado predisposición a colaborar con el gobierno nacional, incluso apoyando una nueva versión de la Ley Ómnibus, advierten que el ajuste no puede ser indiscriminado. Piden que se tengan en cuenta las realidades de cada provincia y el impacto real de las medidas en la población.

El diputado nacional Diego Santilli, allegado al oficialismo, reconoció que se vienen "dos meses muy difíciles" y pidió darle herramientas a Milei para luchar contra la inflación. Sin embargo, criticó que el Congreso no haya aprobado leyes clave y que se haya rechazado el DNU en el Senado, dejando al Presidente sin instrumentos para hacer las transformaciones necesarias.

Mientras tanto, los indicadores sociales se agravan. La demanda en los comedores comunitarios se ha cuadruplicado en algunas provincias, las arcas provinciales están vacías y los sueldos de los trabajadores pierden poder adquisitivo aceleradamente frente a la inflación.

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Los gobernadores reclaman un cambio de rumbo antes de que sea demasiado tarde. Advierten que el gobierno nacional no está midiendo adecuadamente el impacto de las medidas de ajuste y que se necesitan políticas que pongan un freno al empobrecimiento masivo.

Los próximos días serán claves, cuando el ministro del Interior Guillermo Francos reciba a los gobernadores de Juntos por el Cambio para intentar destrabar el paquete fiscal y avanzar en una nueva Ley Bases. Sí no hay avances concretos, será difícil construir el "Pacto del 25 de Mayo" que Milei pretende como base para refundar su gobierno.

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Argentina atraviesa un momento crítico y los gobernadores, en su rol de diques de contención frente a la crisis, piden ser escuchados. El futuro socioeconómico del país depende de que se logre encontrar un equilibrio entre la necesidad de ordenar las cuentas públicas y la de preservar un piso de bienestar para la población. La paz social está en juego.