| 18 de febrero de 2026 | Actualizado: 18 de febrero de 2026

La central sindical argentina atravesó los últimos meses con una fragilidad política que sus propios cuadros reconocían en privado. Tres convocatorias de movilización con adhesión discreta, acusaciones internas de tibieza negociadora y una imagen pública deteriorada habían convertido a la CGT en un actor marginal del debate por la reforma laboral. Sin embargo, en el lapso de una semana, esa misma conducción que se resignaba a emitir comunicados mientras el Senado aprobaba la modernización laboral pasó a liderar la resistencia más articulada que enfrenta el proyecto del Gobierno desde su lanzamiento. El cambio de escenario no fue producto de una estrategia sindical brillante: fue el resultado acumulado de errores políticos del oficialismo que la oposición gremial supo capitalizar con eficacia.

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Tres paros fallidos y una reputación en entredicho

El historial reciente de la CGT como fuerza de choque político presenta resultados que dificultan construir credibilidad movilizadora. La paralización del 30 de octubre de 2024, impulsada bajo el liderazgo de Pablo Moyano con pretensión de alcance total, se frustró por una fractura interna que dejó a camioneros y ferroviarios en postura combativa mientras los colectiveros negociaban mejoras salariales por separado. El resultado fue una jornada que el Gobierno descartó públicamente como irrelevante. El segundo paro de baja intensidad, en abril de 2025, repitió el patrón: movilización insuficiente para generar impacto político mensurable.

La convocatoria del 18 de diciembre en Plaza de Mayo, específicamente diseñada para repudiar la ley de modernización, completó el ciclo con una asistencia que ningún dirigente sindical calificó de satisfactoria. La ironía que circuló en medios especializados sobre la "Confederación General de Twitter" sintetizó con crueldad la percepción dominante sobre la capacidad real de la central para traducir su representación formal en presión política efectiva.

Qué cambió: el artículo 44 como catalizador

El punto de inflexión no surgió de una decisión estratégica de la conducción sindical sino de un error de redacción gubernamental que nadie en el oficialismo reivindica como propio. La inclusión en el texto aprobado por el Senado de un recorte salarial del 50% para trabajadores que se accidentaran practicando deportes fuera del horario laboral desbordó el debate técnico y se instaló en la agenda mediática con una intensidad que el propio ministro Caputo lamentó públicamente, al señalar que los artículos de reducción de costos para los empleadores recibieron escasa cobertura frente al escándalo de las licencias.

El origen del artículo revela un proceso de elaboración legislativa deficiente. La propuesta inicial contemplaba mecanismos de auditoría para enfermedades de larga duración, orientados a combatir la adulteración de certificados médicos. La incorporación de los descuentos salariales fue un agregado posterior cuya autoría ningún funcionario reclamó. La marcha atrás anunciada en dos etapas, primero sugiriendo revisión y luego confirmando la eliminación completa del artículo, consolidó la imagen de un Ejecutivo que legisla sin medir las consecuencias políticas de lo que firma.

El caso Fate y la industria como flanco vulnerable

El cierre de la planta de Fate en San Fernando, con 900 despidos directos anunciados el mismo día en que Diputados inicia el debate, proporcionó a la CGT un argumento material que ningún comunicado doctrinario hubiera podido construir. El caso excede la problemática específica del sector de neumáticos: con la industria manufacturera operando en promedio al 53,8% de su capacidad instalada, y el sector automotor en apenas el 31%, el cierre de una empresa centenaria de capitales nacionales convierte la discusión sobre flexibilización laboral en algo cualitativamente distinto.

La oposición sindical y política puede ahora sostener que la apertura importadora combinada con la desregulación contractual no genera empleo formal sino que destruye el existente. El Gobierno tiene dificultades para rebatir ese argumento en el corto plazo con datos propios, dado que los efectos positivos de la reforma en términos de contratación, si ocurren, solo serían verificables con rezago temporal significativo.

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La CGT negocia con empresarios y busca ampliar la coalición opositora

El dato político más relevante de las últimas jornadas no es el paro en sí mismo sino la ingeniería de alianzas que la central sindical está construyendo. Las reuniones mantenidas con la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, la Cámara de Comercio y la Asociación de la Industria Metalúrgica revelan una estrategia de convergencia con sectores empresariales que comparten parte de las objeciones al proyecto oficial. Los puntos de coincidencia giran en torno a la alteración del orden de preeminencia entre convenios de empresa y convenios de rama, y la eliminación de la ultraactividad de los acuerdos colectivos vencidos, cambios que algunas cámaras consideran generadores de conflictividad en lugar de reducirla.

La CGT también activó canales de comunicación con gobernadores peronistas, buscando una coordinación territorial que amplifique el impacto político del paro más allá de los grandes centros urbanos. Esa articulación intersectorial representa una evolución cualitativa respecto de las movilizaciones anteriores, que dependían casi exclusivamente de la adhesión gremial.

Una evaluación crítica del escenario

El riesgo que enfrenta el Gobierno no es el paro en sí mismo sino la narrativa que lo acompaña. Cada error de cálculo legislativo refuerza la percepción de que el proceso reformista carece de consistencia técnica y produce concesiones sucesivas que erosionan la credibilidad del programa. Si esa dinámica se traslada a las reformas tributaria y previsional que el Ejecutivo proyecta para los próximos meses, el costo político de cada aprobación podría superar el beneficio institucional obtenido.

Autor: Redacción 13News Publicación: 18 de febrero de 2026 | Última actualización: 18 de febrero de 2026