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Redacción 13News | 18 de febrero de 2026 | Actualizado: 18 de febrero de 2026
La Casa Rosada opera en febrero de 2026 bajo una presión temporal que sus propios estrategas reconocen con franqueza inusual: la ventana para impulsar reformas estructurales de alto calibre político se está cerrando. El oficialismo tiene claridad sobre la aritmética legislativa que le espera en el segundo semestre, cuando los actores opositores dialoguistas comenzarán a alinear sus incentivos con la competencia electoral de 2027 en lugar de hacerlo con la agenda del Ejecutivo. Esa lectura explica la aceleración reformista que el Gobierno activa este miércoles con la reforma laboral en Diputados como primer vector de una estrategia mucho más amplia y sistemática.
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Fuentes de máxima jerarquía gubernamental confirmaron que cada ministerio del gabinete nacional tiene en desarrollo no menos de diez paquetes de medidas legislativas y regulatorias que aún no fueron presentados públicamente. La confidencialidad sobre el contenido específico de esos proyectos es casi total, aunque el esquema general responde a una lógica de secuenciación que el propio Milei explicó a sus colaboradores más cercanos: cada reforma abre las condiciones institucionales y políticas para la siguiente.
Dentro de esa secuencia, la reforma laboral cumple una función de pivote. El Ejecutivo considera que su sanción envía una señal a los mercados sobre la capacidad del oficialismo para cerrar acuerdos legislativos en materias de alta conflictividad social, incluso cuando el proceso implica concesiones significativas y tensión en las calles. "Cuando ganás se genera un circuito virtuoso", resumió un estratega oficialista cercano a la Mesa Política, reconociendo al mismo tiempo que la consolidación de esa dinámica depende de las sanciones definitivas, no solo de las medias sanciones.
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La arquitectura de reformas que el Gobierno tiene diseñada sigue una progresión deliberada. La reforma tributaria, que contempla una simplificación del sistema impositivo, una rebaja en el Impuesto a las Ganancias para personas físicas y estímulos específicos para mercados financieros, solo será enviada al Congreso una vez que la modernización laboral esté convertida en ley. El ministro Luis Caputo anticipó públicamente la eventual implementación de un esquema de IVA dividido, aunque los equipos técnicos aún trabajan en el diseño legislativo que reunirá los contenidos del Capítulo XI, excluido durante la negociación presupuestaria.
La reforma previsional, por su parte, no aparecerá en el horizonte legislativo de 2026. En el entorno presidencial establecen como condición mínima que las reformas laboral y tributaria hayan operado durante un período razonable antes de abrir ese debate. Según fuentes próximas al Ejecutivo, ese proyecto no podría presentarse antes de las elecciones presidenciales de 2027, un reconocimiento implícito de los costos políticos que acarrea cualquier modificación del sistema de jubilaciones en el contexto distributivo actual.
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Más allá de las reformas domésticas, el Gobierno tiene en carpeta una serie de iniciativas de política exterior que requerirán ratificación parlamentaria. El acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, cuya negociación aguardó décadas, está proyectado para tratarse en la sesión del 26 de febrero en el Senado, junto con la baja de la edad de imputabilidad hacia los 14 años y la Ley de Glaciares. El placet del diputado Fernando Iglesias como embajador ante la UE y Bélgica integra el mismo cronograma.
En paralelo, los aspectos del tratado comercial con Estados Unidos que precisan validación legislativa serán enviados al Congreso durante el año. Un punto de mayor complejidad interpretativa es la adhesión argentina al Consejo de Paz liderado por Donald Trump: sectores de los equipos técnicos de la Presidencia lo consideran asimilable a un tratado internacional, lo que obliga a su presentación parlamentaria formal y abre un debate constitucional que la oposición ya anticipa como terreno de disputa.
Evaluado con perspectiva analítica, el plan reformista del oficialismo enfrenta una tensión estructural que sus propios operadores reconocen: la velocidad requerida para aprobar proyectos de alta complejidad técnica y sensibilidad social antes de que el mapa político se fragmente hacia el ciclo electoral es incompatible con los tiempos que demanda una negociación legislativa de calidad. La reforma laboral exhibe esa tensión con precisión: el artículo 44 sobre licencias médicas fue incluido en el texto aprobado por el Senado y retirado días después bajo presión de bloques aliados, revelando deficiencias en el proceso de construcción de consenso previo a la presentación formal.
Si ese patrón se replica en reformas de mayor complejidad política, como la tributaria o los acuerdos comerciales, los costos de negociación podrían erosionar el capital político que el Gobierno busca acumular con cada aprobación legislativa. La ventana que Milei reconoce como estrecha podría cerrarse antes no por la irrupción de la lógica electoral, sino por el desgaste acumulado de concesiones sucesivas que debiliten la coherencia del programa reformista en su conjunto.
Autor: Redacción 13News Publicación: 18 de febrero de 2026 | Última actualización: 18 de febrero de 2026
