El conflicto entre el sindicato de Camioneros y el Gobierno nacional se intensifica debido a las discrepancias en torno a la homologación del acuerdo paritario firmado por el gremio. La tensión escaló luego de que Pablo Moyano, secretario adjunto del sindicato, amenazara con un paro nacional si no se confirma el aumento salarial del 25% para marzo y del 20% para abril.

Desde el Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, sostienen que la homologación no es un acto automático y que existen impugnaciones graves por parte de integrantes de cámaras empresariales que deben resolverse antes de avanzar con el trámite. Fuentes oficiales destacaron que el Estado tiene la función de garantizar el orden público y evitar que se afecten los derechos de terceros.

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El ministro de Economía, Luis Caputo, fue contundente al afirmar que la paritaria de Camioneros "no será homologada por el Gobierno" porque "tiene que tener una lógica". Argumentó que homologar aumentos del 25% en febrero, cuando la inflación fue del 13%, y del 20% en marzo, cuando se estima una inflación del 10%, abriría la puerta a reclamos aún mayores en los meses subsiguientes.

Caputo enfatizó que solo se homologarán acuerdos "razonables" y compatibles con el "equilibrio general", advirtiendo que ceder a las presiones del gremio podría desencadenar una carrera nominal similar a la experimentada por el gobierno anterior. En este sentido, el titular del Palacio de Hacienda consideró que un aumento de uno o dos puntos por encima de la expectativa de inflación es aceptable, pero que un incremento de 15 puntos "no tiene ningún sentido".

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Por su parte, Pablo Moyano cuestionó la injerencia del Gobierno en un acuerdo entre privados y acusó al ministro Caputo de ordenar el congelamiento de la paritaria para evitar sentar un precedente de mejora salarial elevada. El dirigente camionero reafirmó su ultimátum: si el lunes 8 de abril no se confirma el aumento acordado, "no se va a mover una hoja, una pluma en todo el país".

Desde el Gobierno, advierten que una medida de fuerza sería considerada "ilegítima" y llaman a Moyano a mantenerse dentro del marco de la ley. Subrayan que la gente votó por un cambio profundo y que ahora las reglas se cumplen, sin lugar para "aprietes" ni dirigentes que busquen imponerse por la fuerza.

El conflicto entre Camioneros y el Gobierno pone de manifiesto la puja distributiva en un contexto de alta inflación y la tensión entre las demandas gremiales y la búsqueda oficial de contener los aumentos salariales. La amenaza de un paro nacional agrega presión a una economía ya desafiada por la escalada de precios y la necesidad de alcanzar un delicado equilibrio.

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En los próximos días, la evolución de las negociaciones y la posibilidad de un acercamiento entre las partes serán claves para evitar una medida de fuerza que podría tener un fuerte impacto en la actividad económica del país. El desenlace de este conflicto pondrá a prueba la capacidad del Gobierno para mantener la gobernabilidad y la de los sindicatos para obtener mejoras salariales en un escenario económico complejo.