El Dictador Nicolás Maduro asume tercer mandato ilegítimo en Venezuela mientras aumenta crisis política

El panorama político venezolano alcanza un punto crítico este viernes con la ceremonia de juramentación de Nicolás Maduro para un controversial tercer período presidencial, desafiando el reclamo legítimo de Edmundo González Urrutia, quien cuenta con respaldo internacional y evidencia de su victoria en las elecciones del pasado julio.

La ceremonia, programada para el mediodía en la sede parlamentaria, marca un nuevo capítulo en la crisis venezolana, extendiendo el control de Maduro hasta 2031. Esta prolongación lo posicionaría en el poder durante 18 años, superando el legado de Hugo Chávez y aproximándose al récord histórico del dictador Juan Vicente Gómez, quien gobernó por 27 años.

El régimen chavista ha evitado presentar las actas electorales que validarían su supuesta victoria, argumentando un presunto ciberataque desde Macedonia del Norte contra los servidores del Consejo Nacional Electoral. Esta falta de transparencia ha generado un rechazo generalizado de la comunidad internacional, incluyendo naciones tradicionalmente cercanas como Brasil, México y Colombia, que han limitado su representación al nivel de embajadores.

La tensión se intensificó en las últimas horas con el secuestro temporal de María Corina Machado, quien reapareció públicamente tras meses de clandestinidad para liderar protestas en Caracas. Aunque el régimen calificó el incidente como una "operación psicológica", el evento provocó inmediatas condenas internacionales. "Toda Venezuela salió a la calle", declaró Machado tras su liberación, manifestando su determinación de continuar la lucha democrática.

González Urrutia, reconocido como presidente electo por organismos internacionales tras obtener más del 60% de los votos según actas verificadas por la OEA y el Centro Carter, ha anunciado su retorno a Venezuela tras completar una gira diplomática por América. Su victoria, documentada en la totalidad de los estados venezolanos, contrasta con la narrativa oficial del régimen.

La militarización de Caracas se ha intensificado con un masivo despliegue de fuerzas de seguridad, justificado por supuestas conspiraciones que han resultado en la detención de dos ciudadanos estadounidenses y numerosos activistas locales. La represión se ha extendido a periodistas y familiares de opositores, incluyendo el arresto del yerno de González Urrutia.

El papel de las fuerzas armadas emerge como factor decisivo en esta coyuntura. Mientras González busca el respaldo militar para una transición democrática, el alto mando encabezado por Vladimir Padrino López mantiene su lealtad al régimen actual, prometiendo "lealtad absoluta" a Maduro.

La crisis política coincide con una devastadora situación económica que ha provocado la migración de más de siete millones de venezolanos, según datos de la ONU. Maduro promete un período de "paz" y recuperación económica, aunque su gestión ha estado marcada por recesión, hiperinflación y escasez generalizada.

El horizonte político se complica ante la posible imposición de nuevas sanciones internacionales, especialmente con la perspectiva del retorno de Donald Trump a la presidencia estadounidense. Mientras tanto, Maduro avanza con una reforma constitucional que, según expertos, amenaza con reducir aún más las libertades civiles.

La ceremonia de investidura contará con la presencia de delegaciones de Rusia, China y Bolivia, evidenciando el aislamiento internacional del régimen venezolano. La ausencia de líderes regionales de alto nivel subraya el creciente rechazo a la legitimidad del nuevo mandato de Maduro.

La comunidad internacional observa con preocupación el desarrollo de los acontecimientos, especialmente ante la posibilidad de que González Urrutia intente una juramentación simbólica en territorio venezolano, lo que podría desencadenar una nueva escalada en la crisis política que atraviesa el país caribeño.