Doble desafío para el Gobierno: aprobar acuerdo con FMI y gestionar protestas en día crítico

El Gobierno argentino enfrenta este miércoles una jornada decisiva en dos frentes simultáneos que pondrán a prueba su capacidad política y de gestión. Por un lado, buscará asegurar la aprobación legislativa del Decreto de Necesidad y Urgencia que habilita la negociación con el Fondo Monetario Internacional, mientras en paralelo implementa un operativo de seguridad para contener una nueva manifestación de jubilados que amenaza con superar en magnitud a la protesta anterior, que culminó con incidentes violentos.

En el plano legislativo, el oficialismo ha intensificado contactos con diferentes bloques parlamentarios durante los últimos días para garantizar que el DNU firmado por el presidente Javier Milei no sea rechazado en la Cámara de Diputados. Fuentes cercanas a La Libertad Avanza expresaron confianza respecto a contar con los respaldos necesarios, no solo de su aliado tradicional, el PRO, sino también de partidos que habitualmente mantienen distancia crítica con la administración libertaria, como la Coalición Cívica.

Un factor que podría inclinar la balanza a favor del oficialismo es el apoyo manifestado por algunos gobernadores provinciales. Durante su participación en el IEFA Latam Forum 2025, el mandatario cordobés Martín Llaryora subrayó la importancia de respaldar el acuerdo con el organismo internacional como herramienta para estabilizar la economía y generar condiciones favorables para la inversión y el desarrollo productivo regional.

La normativa vigente establece que para anular un DNU resulta necesario el rechazo explícito de ambas cámaras legislativas. Esta particularidad otorga una ventaja estratégica al Gobierno, ya que bastará con blindar el decreto en Diputados para asegurar su continuidad, sin necesidad de enfrentar el debate en el Senado, donde el oficialismo cuenta con menor representación.

No obstante, la convocatoria urgente realizada por Cristina Kirchner para unificar la posición del Partido Justicialista antes de la sesión parlamentaria ha encendido alarmas en sectores gubernamentales. Un dirigente libertario con acceso al conteo de votos admitió que existe la posibilidad de un escenario adverso: "Todo puede ser, pero nosotros trabajamos para que se lleve adelante la aprobación de todo lo que envía el Presidente", señaló la fuente consultada.

En el frente callejero, el equipo de seguridad gubernamental ha diseñado un dispositivo especial para gestionar la movilización anunciada. A diferencia de la protesta anterior, donde predominaron elementos violentos con "la idea clara de generar caos y causar destrozos", según explicó un funcionario familiarizado con la estrategia oficial, la convocatoria para este miércoles presenta un perfil más heterogéneo.

La ampliación del espectro de organizaciones participantes, con la incorporación de ambas CTA, la Asociación de Trabajadores del Estado y agrupaciones universitarias, podría modificar la dinámica de la manifestación. Paradójicamente, algunos funcionarios consideran que una mayor afluencia de manifestantes no necesariamente representaría un escenario desfavorable para el Gobierno, al diluir el protagonismo de sectores más propensos a la confrontación.

La coordinación del operativo de seguridad estuvo a cargo del asesor presidencial Santiago Caputo, quien reunió en su despacho a la ministra Patricia Bullrich, a los responsables de la SIDE, Sergio Neiffert y Diego Kravetz, y a los secretarios de Transporte y Justicia, Franco Mogetta y Sebastián Amerio, respectivamente. La ausencia del ministro Mariano Cúneo Libarona, reemplazado por su viceministro, generó interrogantes que sus colaboradores no despejaron completamente.

El esquema preventivo contempla controles estrictos a los vehículos que transporten manifestantes hacia la capital. Personal de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte verificará habilitaciones, documentación técnica, medidas de seguridad y realizará pruebas de alcoholemia a los conductores. Estas medidas buscan detectar anticipadamente elementos que pudieran derivar en situaciones de riesgo.

El dispositivo territorial establece restricciones a la circulación vehicular desde las 9 de la mañana en el perímetro comprendido entre Paraná-Sáenz Peña, Bartolomé Mitre, Ayacucho-Sarandí y Adolfo Alsina. Para facilitar el tránsito urbano, aproximadamente 600 agentes de tránsito se desplegarán en puntos estratégicos, mientras que durante la noche del martes se retiraron preventivamente 350 contenedores de residuos del área comprendida entre Sarmiento, Combate de los Pozos, Moreno y Avenida 9 de Julio, y en la Avenida de Mayo entre la 9 de Julio y Plaza de Mayo.

El traumático precedente del fotógrafo Pablo Grillo, gravemente herido por el impacto de una granada de gas durante los incidentes de la semana anterior, ha reforzado la preocupación oficial por evitar episodios similares. El esquema contempla que efectivos de la Policía de la Ciudad establezcan perímetros de contención, mientras que la Policía Federal permanecerá posicionada detrás de las vallas instaladas alrededor del Congreso. Sin embargo, fuentes gubernamentales confirmaron que existe la instrucción de intervenir si la situación se desborda.

La jornada representa un punto de inflexión para la administración libertaria en múltiples dimensiones. En el plano económico, la aprobación del DNU resulta crucial para avanzar en las negociaciones con el FMI en un contexto de presión cambiaria creciente y deterioro de las reservas internacionales. En el aspecto político, la capacidad para gestionar simultáneamente el frente legislativo y la protesta social constituirá un indicador significativo sobre la solidez del Gobierno para mantener la gobernabilidad.

El ministro de Economía, Luis Caputo, ha destacado las características particulares de la negociación actual con el Fondo, argumentando que a diferencia de acuerdos anteriores, Argentina ya ha implementado buena parte del ajuste fiscal y monetario que habitualmente exige el organismo. "Estamos en un caso atípico. Al Fondo no le pasó nunca de ir a un programa en donde el Presidente y el equipo económico del país es más ortodoxo que ellos", enfatizó el funcionario.

La finalidad principal del acuerdo, según explicó Caputo, consiste en "sanear el BCRA" mediante la reducción de pasivos remunerados y el fortalecimiento del respaldo de la base monetaria con activos de mayor calidad. El funcionario afirmó que la gestión actual ha logrado reducir "las Lebacs y Leliqs en un 76%" y que el objetivo es que "los pesos estén bien respaldados, por oro, dólares, y no por papelitos de colores".

Mientras tanto, en los mercados financieros persisten las tensiones. El dólar libre se negocia en niveles máximos de seis meses, al igual que las paridades financieras del contado con liquidación y el MEP. Esta presión sobre las cotizaciones paralelas coincide con ventas significativas de divisas por parte del Banco Central, que acumula un saldo negativo de USD 121 millones en marzo y ha experimentado una contracción de USD 882 millones en sus reservas durante las últimas tres ruedas.

La intersección entre estos factores económicos y políticos configura un escenario complejo para el Gobierno, que deberá demostrar capacidad para administrar las múltiples variables en juego mientras avanza en su agenda de transformaciones estructurales.