Argentina diseña marco legal para uso de "dólares del colchón" tras advertencia del GAFI

Lo que comenzó como un anuncio inminente para incentivar el uso de divisas atesoradas por particulares ha evolucionado hacia un complejo proceso de adecuación normativa internacional. El Ministerio de Economía trabaja junto a Justicia para implementar un mecanismo que permita la utilización de fondos no declarados sin vulnerar estándares globales antilavado.

La iniciativa gubernamental para estimular la circulación de dólares informales, inicialmente programada para completarse en dos semanas, se extiende ya por casi un mes mientras funcionarios clave afinan detalles críticos. Fuentes cercanas al proceso revelaron a 13News que una advertencia informal del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) activó alarmas que obligaron a replantear aspectos centrales del esquema.

El ministro Mariano Cúneo Libarona asumió protagonismo inesperado en esta fase del proyecto económico, confirmando que Argentina estuvo cerca de ingresar a la "lista gris" del organismo internacional, situación que habría representado una contracción económica estimada en 7% del PIB, equivalente a aproximadamente 45.000 millones de dólares.

"Estábamos con serio riesgo de caernos de la lista. Hubiese implicado una merma significativa del producto bruto, e incluso la imposibilidad para ciudadanos argentinos de abrir cuentas en el exterior", explicó el titular de Justicia, quien ahora trabaja en coordinación con Economía para garantizar que las medidas resulten compatibles con estándares internacionales.

La intervención del área jurídica transformó lo que inicialmente se presentaba como una implementación rápida en un proceso más reflexivo y analítico. Luis Caputo, ministro de Economía, reconoció esta evolución al adelantar que posiblemente no se trate de un paquete único de medidas, sino de iniciativas escalonadas que combinarán resoluciones administrativas con propuestas legislativas.

El desafío central consiste en diseñar mecanismos que faciliten la utilización de divisas atesoradas sin exigir justificación sobre su origen, mientras simultáneamente se cumplen compromisos internacionales en materia de transparencia financiera y prevención de lavado de activos. Esta tensión entre objetivos aparentemente contradictorios explica la complejidad y demoras en la implementación.

"No es un blanqueo convencional, ni está limitado a montos específicos como cien mil dólares. Representa un cambio sistémico más profundo", aclaró Caputo, estableciendo distancia con regularizaciones anteriores que ofrecían amnistías tributarias transitorias. "Este esquema busca generar mayor formalidad económica sin hostigar a los ciudadanos mediante controles excesivos", agregó.

El ministro de Economía ilustró la sobreregulación actual con casos concretos: "Conozco a una persona de excelente posición económica a quien un banco exigió explicaciones por transferir 750 mil pesos a su cónyuge. La situación evidencia un sistema que presume culpabilidad generalizada".

Las autoridades económicas destacan que Argentina incrementó controles fiscales durante dos décadas mientras paradójicamente la informalidad continuó expandiéndose, demostrando la ineficacia del enfoque previo. Esta reflexión fundamenta el viraje hacia un modelo donde los organismos estatales especializados, no las entidades financieras privadas, asuman mayor responsabilidad en la detección de operaciones verdaderamente irregulares.

El presidente Javier Milei respaldó esta perspectiva, enfatizando que "la iniciativa carece de propósitos recaudatorios; su finalidad es permitir libertades fundamentales para utilizar recursos propios sin persecuciones inspiradas por motivaciones fiscalistas".

Las entidades intervinientes incluyen al Ministerio de Economía, el Banco Central, la recientemente creada Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y diversas áreas jurídicas gubernamentales. Este entramado institucional busca eliminar requisitos actuales que obligan a presentar documentación certificada por contadores públicos y consejos profesionales para operaciones cotidianas como adquisición de vehículos, propiedades o transferencias internacionales.

Entre las alternativas evaluadas para incentivar la circulación de dólares atesorados figuran modificaciones tributarias significativas. Una propuesta contempla simplificar las declaraciones juradas impositivas para trabajadores independientes y pequeños contribuyentes, permitiéndoles informar exclusivamente rendimientos netos sin detallar exhaustivamente el origen patrimonial.

El paquete incluiría también incentivos específicos como exenciones temporales en Bienes Personales para quienes formalicen divisas dentro de plazos determinados, además de condiciones preferenciales en productos financieros. Estos estímulos perseguirían no solamente captar moneda extranjera, sino también promover inversiones productivas mediante canales institucionales.

Un aspecto crucial del plan consiste en garantizar protección frente a investigaciones retroactivas por administraciones futuras. El gobierno estudia implementar mecanismos que preserven la confidencialidad dentro del marco legal, respondiendo así a preocupaciones legítimas de potenciales participantes.

Especialistas coinciden en que la desconfianza constituye la raíz principal de la informalidad económica. El economista Marcos Victorica sostiene que "más del 80% de la población mundial convive con algún grado de informalidad" y advierte contra la criminalización indiscriminada de quienes recurren a mecanismos defensivos ante sistemas percibidos como arbitrarios o confiscatorios.

El acceso crediticio emerge como factor determinante para estimular la formalización voluntaria. "Con tasas razonables en préstamos, los contribuyentes naturalmente declararán ingresos para calificar financieramente, sin necesidad de persecuciones fiscales", argumenta Victorica, quien identifica al crédito como principal motivador para la transparencia financiera.

El ministro Cúneo Libarona remarca que la adecuación normativa lleva más de un mes de trabajo técnico para garantizar legitimidad y compatibilidad con parámetros internacionales. "Este objetivo es fundamentado y beneficioso para reactivar la economía, estimular consumo y dinamizar sectores clave como inmobiliario y automotriz", subrayó el funcionario.

La coordinación entre Economía, Banco Central y Unidad de Información Financiera resulta esencial para equilibrar flexibilidad operativa con transparencia suficiente ante organizaciones internacionales, preservando así credibilidad en mercados globales mientras se implementan cambios estructurales en la relación entre ciudadanos y sistema financiero.

El gobierno busca transmitir que estas medidas representan compromiso sostenido con estabilidad económica y no simplemente instrumentos recaudatorios transitorios. La percepción ciudadana sobre continuidad en estas políticas resultará determinante para su efectividad, considerando experiencias previas donde cambios en administraciones derivaron en reversiones normativas con consecuencias adversas para quienes confiaron en regularizaciones.

Funcionarios gubernamentales lamentan que actualmente "todos los ciudadanos están bajo sospecha y deben demostrar origen de sus fondos", trasladando responsabilidades de control al sector privado. La visión actual propone simplificar operaciones legítimas mientras se fortalecen capacidades estatales para detectar actividades efectivamente delictivas mediante organismos especializados.

Las medidas, cuando finalmente se materialicen, representarán un caso interesante de innovación regulatoria que intentará conciliar objetivos aparentemente contradictorios: incentivar la transparencia financiera mientras se flexibilizan controles percibidos como excesivos. El éxito dependerá tanto del diseño técnico como de la capacidad para transmitir confianza a potenciales participantes sobre la permanencia y respeto futuro de las condiciones establecidas.