La jueza Preska rechazó pedido argentino de supensión de sentencia. ¿Argentina puede caer en desacato?

La magistrada estadounidense Loretta Preska emitió una resolución adversa para los intereses argentinos en el extenso litigio vinculado a la nacionalización de la petrolera estatal. El tribunal del Distrito Sur de Nueva York confirmó las expectativas gubernamentales que anticipaban un fallo desfavorable desde la semana anterior, materializando los temores expresados por funcionarios locales respecto al desarrollo de este caso judicial.

La decisión judicial denegó categóricamente la solicitud argentina para postergar la entrega de participaciones accionarias de la compañía energética a favor de Burford Capital. La magistrada fundamentó su resolución sin establecer condicionamientos adicionales, empleando términos particularmente severos contra la posición sostenida por las autoridades del país sudamericano.

El documento judicial elaborado por Preska especifica que Argentina incumplió las condiciones establecidas previamente, las cuales habrían permitido acceder a una postergación sin garantías del fallo dictado en septiembre de 2023. La magistrada acusó explícitamente al país de intentar esquivar sus responsabilidades mediante estrategias procesales destinadas a dilatar el procedimiento.

La fundamentación judicial recuerda que, incluso después de obtener una extensión temporal para facilitar la transición gubernamental, la administración argentina maximizó el período adicional concedido sin realizar esfuerzos concretos para cumplir las exigencias impuestas por el tribunal. Esta observación subraya la percepción judicial de que las autoridades argentinas emplearon el tiempo extra disponible sin avanzar hacia el cumplimiento de las obligaciones establecidas.

El gobierno argentino se anticipó a esta resolución negativa y ya había presentado una apelación ante la Cámara correspondiente. Esta estrategia preventiva evidencia la comprensión oficial respecto a la dirección probable del fallo de primera instancia, aunque no logró evitar las consecuencias inmediatas de la decisión de Preska.

La situación procesal coloca a Argentina en riesgo de incurrir en desacato judicial ante el tribunal de Preska, que mantiene jurisdicción sobre casos relacionados con empresas que cotizan en Wall Street. La petrolera argentina mantiene presencia bursátil en el mercado estadounidense desde hace más de 3 décadas, proporcionando el marco jurisdiccional para estas actuaciones judiciales.

La posibilidad de declaración de desacato depende exclusivamente de que los demandantes presenten una solicitud formal en este sentido ante la magistrada. Esta eventualidad representa una escalada significativa en las tensiones legales entre Argentina y el sistema judicial estadounidense, con implicaciones que trascienden el caso específico.

Sebastián Maril, director ejecutivo de Latam Advisors y especialista que monitorea este litigio desde sus inicios, ofreció una perspectiva histórica sobre las implicaciones del desacato judicial. Según su análisis, la última ocasión en que Argentina enfrentó desacato ante tribunales estadounidenses coincidió con una situación de cesación de pagos, durante la presidencia de Cristina Kirchner, cuando el impacto global resultó limitado debido al aislamiento internacional del país.

La evaluación de Maril sugiere que las circunstancias actuales difieren sustancialmente de aquel precedente histórico. Su recomendación incluye agotar las vías legales disponibles mientras se implementan estrategias de control de daños, incluyendo la posibilidad de negociaciones que podrían involucrar depósitos como mecanismo de garantía.

El especialista considera que entablar negociaciones no constituye una demostración de debilidad sino una manifestación de interés genuino en resolver el conflicto. Esta perspectiva contrasta con enfoques que priorizan exclusivamente la resistencia legal sin considerar alternativas de resolución extrajudicial.

En 2023, Preska condenó al Estado argentino en primera instancia a compensar a Burford Capital con un resarcimiento de 16.000 millones de dólares. Burford Capital opera como un bufete de abogados especializado que adquirió los derechos litigiosos en esta causa, transformándose en el principal demandante del caso.

La complejidad procesal del caso presenta múltiples niveles de apelaciones y medidas cruzadas que operan simultáneamente. Esta estructura judicial, comparada metafóricamente con muñecas rusas por la superposición de procedimientos, requiere comprensión diferenciada de cada instancia para evaluar adecuadamente las perspectivas del litigio.

La apelación de la condena principal por 16.000 millones de dólares sigue un curso procesal independiente, en un expediente que actualmente presenta escaso movimiento y cuya resolución se estima para aproximadamente un año. Mientras esta apelación fundamental permanece pendiente, la sentencia de primera instancia mantiene firmeza jurídica.

El demandante busca materializar el cobro de la compensación establecida, mientras la magistrada respalda activamente este objetivo mediante la orden de transferencia accionaria. Esta dinámica explica la decisión judicial de ordenar la entrega de participaciones en la petrolera como mecanismo de pago parcial de la sentencia.

Sebastián Soler, ex viceprocurador del Tesoro durante la administración de Alberto Fernández, proporcionó clarificaciones sobre la estructura de apelaciones en desarrollo. Según su análisis, existe una apelación específica contra la decisión de Preska que ordena la entrega de acciones de la petrolera como forma de pago de la sentencia de septiembre de 2023.

Las partes ya completaron la presentación de todos los escritos correspondientes a la apelación sobre la sentencia de 2023, aunque la Cámara no ha establecido la fecha para la audiencia correspondiente. Esta circunstancia procesal hace extremadamente improbable que la Cámara emita un fallo antes de 2026, extendiendo la incertidumbre sobre la resolución definitiva del caso.

La decisión actual de Preska rechaza específicamente suspender los efectos de su orden de entrega de acciones hasta que la Cámara determine la validez de tal medida. Soler destacó que incluso el Departamento de Justicia estadounidense ha cuestionado la validez de esta orden, sugiriendo tensiones dentro del propio sistema judicial americano respecto a las medidas adoptadas.

La convergencia de factores legales, políticos y económicos en este caso trasciende las dimensiones puramente jurídicas para incidir en las relaciones bilaterales entre Argentina y Estados Unidos. La resolución de estos procedimientos influirá significativamente en la percepción internacional sobre el tratamiento de inversiones extranjeras y la seguridad jurídica en el país sudamericano.

La situación actual evidencia la complejidad de los litigios internacionales relacionados con nacionalizaciones de activos, particularmente cuando involucran empresas con cotización en mercados desarrollados. Las decisiones judiciales en este caso establecerán precedentes relevantes para futuros conflictos similares en la región.