Caputo lanza bonos dolarizados, tras deflación en precios mayoristas, para presionar baja inflacionaria

La economía argentina atraviesa un momento singular con la primera deflación en precios mayoristas registrada en 17 años, un fenómeno que el gobierno aprovecha para profundizar su estrategia monetaria restrictiva mediante la emisión de títulos denominados en moneda extranjera. La autoridad monetaria pondrá en marcha una operación financiera que busca simultáneamente resolver el problema de activos corporativos bloqueados por restricciones cambiarias y reducir la liquidez circulante en el mercado local.

El mecanismo elegido consiste en la colocación de títulos Bopreal denominados en dólares estadounidenses por un monto máximo de 3000 millones, instrumentos que permitirán a las empresas multinacionales liberar dividendos y otros pasivos comerciales acumulados durante años de controles cambiarios. Esta operación, programada para iniciar este miércoles, representa un componente central del tercer tramo del programa económico gubernamental y podría extraer del sistema financiero el equivalente a 3,5 billones de pesos argentinos.

La caída de 0,3 por ciento en el índice de precios al por mayor durante mayo constituye un hito que no se registraba desde 2008 y refleja fundamentalmente la desaceleración en el segmento de bienes transables. Los analistas de la consultora LCG atribuyen este comportamiento diferencial a la composición estructural del indicador mayorista, que excluye los servicios y se concentra exclusivamente en mercaderías. Mientras los precios de bienes convergen hacia niveles más estables, los servicios mantienen incrementos cercanos al 2,7 por ciento mensual, generando una brecha que eventualmente deberá corregirse mediante ajustes en los precios relativos.

La emisión número cuatro de estos instrumentos mantiene características similares a las series anteriores pero incorpora elementos novedosos en su diseño. Portfolio Personal Inversiones describe el instrumento como un bono tipo bullet con maduración programada para octubre de 2028, que devengará intereses del 3 por ciento anual pagaderos semestralmente. La suscripción se realizará en moneda local al tipo de cambio oficial vigente el día anterior a cada licitación, mientras que el pago se efectuará en divisas norteamericanas, estableciendo un mecanismo de cobertura cambiaria implícito para los tenedores.

Una característica distintiva de esta emisión radica en su estructura de desdoblamiento programado. A partir de septiembre próximo, cada título se dividirá en dos componentes diferenciados: un tercio del valor nominal conformará el strip A, que incorporará una opción de rescate anticipado ejercible desde abril de 2028, mientras que los dos tercios restantes constituirán el strip B sin esta prerrogativa. Esta segmentación permite mayor flexibilidad en la gestión de los instrumentos y facilita estrategias diferenciadas según las necesidades de liquidez de cada inversor.

El gobierno habilitó además el uso de estos títulos para la cancelación de obligaciones tributarias y aduaneras, estableciendo un tope de 1000 millones de dólares para este fin. Esta funcionalidad fiscal estará disponible durante un período específico comprendido entre abril y octubre de 2028, otorgando a los tenedores alternativas adicionales para la utilización de estos activos más allá de su función primaria como vehículo de liberación de fondos bloqueados.

La magnitud del problema que estos instrumentos buscan resolver se evidencia en las cifras del mercado cambiario. Los pasivos de importadores, que alcanzaron un máximo histórico de 58.800 millones de dólares en marzo del año anterior, descendieron a 53.648 millones en diciembre pasado, mostrando una reducción parcial pero insuficiente. Durante los primeros cuatro meses del año en curso, la autoridad monetaria reportó una disminución adicional de 3.315 millones en estas obligaciones, según el informe oficial sobre la evolución del mercado de cambios.

El stock acumulado de deuda comercial experimentó un incremento sustancial de aproximadamente 25.500 millones de dólares desde finales de 2021, reflejando las tensiones generadas por las restricciones cambiarias sobre el sector productivo. Paralelamente, las estimaciones del sector privado sugieren que los dividendos no distribuidos de empresas multinacionales alcanzan los 7.000 millones de dólares, recursos que permanecen inmovilizados en el sistema financiero local sin posibilidad de transferencia a sus casas matrices.

La estrategia gubernamental apunta a mantener el índice de precios al consumidor en niveles inferiores al 2 por ciento mensual durante el período previo a los comicios electorales. La inflación minorista de mayo se ubicó en 1,5 por ciento, marcando una desaceleración respecto a meses anteriores, aunque las proyecciones para junio muestran dispersión entre los analistas privados que monitorean la evolución de precios durante las primeras semanas del mes.

El diseño del programa monetario restrictivo responde a la teoría de que la reducción de la cantidad de dinero circulante generará presiones deflacionarias adicionales sobre los precios. Sin embargo, los economistas advierten sobre la existencia de un piso inflacionario inercial derivado del comportamiento diferencial entre bienes y servicios. La convergencia entre ambos componentes del índice de precios típicamente ocurre mediante ajustes alcistas en los bienes antes que mediante reducciones en los servicios, lo que podría limitar el margen de maniobra para sostener niveles inflacionarios mínimos.

La mecánica operativa de estos bonos establece que, en caso de activarse la opción de rescate anticipado, la cancelación se realizará en pesos al tipo de cambio oficial vigente, introduciendo un elemento de riesgo cambiario para los tenedores que opten por esta alternativa. Esta característica busca equilibrar los incentivos entre mantener los instrumentos hasta su vencimiento o ejercer la opción de salida anticipada según las condiciones del mercado cambiario en cada momento.

El contexto macroeconómico en el que se desarrolla esta operación incluye señales adicionales de ajuste fiscal, como la decisión gubernamental de no extender la reducción temporal de retenciones para exportaciones de soja y maíz, medida que acelera las ventas de granos por parte del sector agropecuario. Esta combinación de políticas fiscales y monetarias restrictivas configura un escenario de contracción de la demanda agregada orientado a consolidar la estabilidad de precios.

La efectividad de estos instrumentos para alcanzar los objetivos planteados dependerá de múltiples factores, incluyendo la demanda efectiva por parte de las empresas con activos bloqueados, la evolución del mercado cambiario y la capacidad del gobierno para mantener la disciplina fiscal. La experiencia de las tres series anteriores de Bopreal sugiere que existe apetito por estos instrumentos, aunque el volumen efectivamente colocado determinará el impacto real sobre la base monetaria y, consecuentemente, sobre la trayectoria inflacionaria en los próximos meses.