Rebelión de gobernadores pone en peligro el veto de Milei a la ley de jubilaciones
El respaldo legislativo al presidente Javier Milei enfrenta su momento más crítico desde el inicio de su gestión. La tensión entre el oficialismo y los mandatarios provinciales, sumada al enojo de sectores del radicalismo y del PRO, amenaza con derrumbar el escudo parlamentario que había logrado sostener los vetos presidenciales. El más urgente: el rechazo al incremento en los haberes jubilatorios.
La chispa que encendió la crisis fue la decisión del espacio libertario, encabezado por los Menem, de confeccionar listas electorales excluyentes, dejando fuera a antiguos socios estratégicos. Esta movida despertó fuertes cuestionamientos por parte de gobernadores que hasta ahora habían contribuido a la estabilidad parlamentaria del Gobierno.
Las consecuencias se evidencian en el Congreso, donde la antes ajustada mayoría que permitía respaldar las iniciativas del Ejecutivo ha comenzado a resquebrajarse. Diputados que responden a los mandatarios provinciales se alinearon con la oposición en la votación que aprobó la suba de las jubilaciones, dando una señal contundente sobre el deterioro del apoyo.
Este alejamiento coincide con un panorama electoral adverso para La Libertad Avanza en diversas provincias. En Salta, Misiones, Jujuy y Santa Fe, los resultados en las urnas fueron magros o directamente decepcionantes, lo que intensificó las críticas de los gobernadores, quienes sienten que sus territorios fueron ignorados a la hora de cerrar acuerdos políticos.
A la incomodidad por la exclusión se suma el malestar con el ala comunicacional del Gobierno. Las acciones en redes sociales dirigidas por operadores cercanos a Santiago Caputo, donde incluso se atacó a dirigentes oficialistas, provocaron rupturas con sectores que exigían respeto y consideración. "No se puede construir confianza mientras se estigmatiza a quienes colaboran", expresó un gobernador.
Aunque Milei aún no es el foco directo de las críticas, los líderes provinciales han comenzado a reunirse de manera paralela, evaluando cómo reposicionar su influencia y rediscutir la distribución de poder dentro del esquema de gobernabilidad nacional.
En ese marco, el tratamiento de la ley de movilidad previsional en el Senado podría marcar un punto de quiebre. Si la cámara alta decide rechazar el veto presidencial, quedaría expuesta la fragilidad de la estrategia oficial basada en la austeridad fiscal y el ajuste presupuestario.
Pese a la crisis, algunos referentes, como el jefe de Gabinete Guillermo Francos, conservan cierto grado de legitimidad ante los gobernadores. Sin embargo, la creciente desconfianza y la sensación de haber sido desplazados de la mesa de decisiones podría llevar a una fractura definitiva de la alianza que hizo viable la primera etapa de la administración libertaria.
La advertencia es clara: sin una base política amplia y unificada, el Ejecutivo podría ver bloqueadas sus iniciativas clave en el Congreso y perder capacidad de acción frente a una agenda económica que exige consensos y gobernabilidad.