La administración de Javier Milei formalizó la disolución definitiva de la Dirección Nacional de Vialidad mediante un decreto que será publicado en el Boletín Oficial, según anunció el portavoz presidencial Manuel Adorni durante una conferencia de prensa realizada en Casa Rosada. La medida, que entrará en vigencia antes del vencimiento de las facultades delegadas este 8 de julio, representa una transformación integral del sistema de infraestructura vial argentino.

La decisión gubernamental incluye además la eliminación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, organismos que según la Casa Rosada formaban parte de una estructura administrativa que facilitaba prácticas corruptas. En su lugar, se creará la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos del Transporte, que surgirá de la reestructuración de la actual Comisión Nacional de Regulación del Transporte.

El vocero presidencial justificó la medida haciendo referencia directa a la causa judicial que condenó a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner a 6 años de prisión por administración fraudulenta. Adorni destacó que el expediente judicial documentó 51 contratos de obra pública con sobreprecios destinados al empresario Lázaro Báez, evidenciando un sistema de "maniobras fraudulentas" que incluía adjudicaciones amañadas y ejecuciones anticipadas de adelantos financieros millonarios sin justificación técnica.

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"El organismo se inventó para simplificar la corrupción", declaró el funcionario, quien añadió que la investigación judicial demostró el abandono sistemático de obras sin penalizaciones y ampliaciones injustificadas de plazos contractuales. La denuncia oficial señala que durante los años investigados "no se construyeron las rutas y la plata se la quedaba igual", configurando un esquema de defraudación al Estado que motivó la decisión de clausura definitiva.

La nueva estructura administrativa asignará a Gendarmería Nacional las tareas de control que anteriormente realizaba la Agencia Nacional de Seguridad Vial, mientras que la flamante Agencia de Control de Concesiones será la autoridad de aplicación para normas y actos administrativos relacionados con la fiscalización de concesiones viales. Esta reorganización busca establecer mecanismos de control más eficientes y transparentes según los lineamientos del plan de modernización estatal.

El anuncio más significativo del paquete de medidas corresponde a la licitación de 9.120 kilómetros de rutas que, según el diagnóstico gubernamental, se encuentran degradadas tras décadas de despilfarro y corrupción institucionalizada. Este proceso de concesión representará la transferencia más importante de infraestructura vial al sector privado en la historia reciente del país, modificando sustancialmente el modelo de gestión de las principales arterias de comunicación terrestre.

Adorni enfatizó que las transformaciones anunciadas constituyen "un acta de defunción a la corrupción de la obra pública" firmada personalmente por el presidente Milei, quien utilizó las facultades delegadas para implementar reformas estructurales que la administración considera imposibles de realizar a través de los mecanismos legislativos tradicionales. El portavoz defendió el uso de esta herramienta constitucional argumentando que el gobierno actual es uno de los pocos desde el retorno democrático que no solicitó prórrogas de los poderes especiales.

Durante la presentación, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, acompañó los anuncios en primera fila, subrayando su rol central en la redacción de los decretos de reforma estatal que forman parte de la denominada "motosierra" implementada desde diciembre de 2023. El funcionario celebró las transformaciones logradas y agradeció tanto a su equipo como al de la Secretaría Legal y Técnica dirigida por María Irrazabal.

La conferencia incluyó un repaso detallado de los 65 decretos promulgados durante el período de facultades delegadas, los cuales según los cálculos oficiales generaron un ahorro fiscal de 2.000 millones de dólares anuales mediante cierres y fusiones de organismos estatales. Adorni precisó que esta primera etapa del plan de reducción del Estado representa apenas el inicio de un proceso que la administración caracteriza como "infinito" en sus alcances y proyecciones temporales.

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El vocero aprovechó la ocasión para contrastar la utilización actual de las facultades delegadas con la implementación que realizaron administraciones anteriores, particularmente durante la gestión de Alberto Fernández. Recordó que el gobierno precedente empleó estos poderes especiales para declarar emergencias, crear impuestos como el tributo PAIS y establecer restricciones a la circulación durante la pandemia, medidas que considera perjudiciales para la actividad económica y las libertades individuales.

La estrategia comunicacional gubernamental presentó las medidas como una reparación del daño institucional causado por gestiones previas, enfatizando que por primera vez en décadas las facultades delegadas se utilizaron para reducir la carga fiscal sobre los contribuyentes en lugar de expandir el poder estatal. Esta narrativa busca posicionar las reformas como una ruptura definitiva con prácticas administrativas que la Casa Rosada considera responsables del deterioro económico nacional.

El timing del anuncio, realizado apenas horas antes del vencimiento de los poderes especiales, subraya la determinación oficial de maximizar el impacto de las facultades delegadas sin extender su vigencia más allá del plazo constitucional establecido. Esta decisión de no solicitar prórrogas se presenta como evidencia del respeto gubernamental hacia la institucionalidad democrática y la separación de poderes.

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Las transformaciones anunciadas requerirán un período de transición cuya duración y características específicas aún no han sido detalladas por las autoridades. La complejidad técnica y administrativa involucrada en la transferencia de responsabilidades desde organismos con décadas de funcionamiento hacia nuevas estructuras institucionales plantea desafíos operativos significativos que deberán resolverse durante los próximos meses.

La reacción de los sectores empresariales vinculados a la construcción vial y el transporte será clave para evaluar la viabilidad práctica de las reformas propuestas. La experiencia internacional en procesos de concesión de infraestructura sugiere que el éxito de estas iniciativas dependerá crucialmente del diseño de marcos regulatorios que equilibren la rentabilidad privada con la prestación de servicios públicos de calidad accesible para los usuarios.

El impacto económico de las medidas trascenderá el sector vial específicamente, considerando que la infraestructura de transporte constituye un componente fundamental de la competitividad nacional y la integración territorial. La eficiencia de los nuevos mecanismos de gestión y control determinará en gran medida si las reformas logran sus objetivos declarados de transparencia, calidad y sustentabilidad fiscal a largo plazo.