Alerta en el gobierno por sesión clave en el Senado que amenaza poner en crisis el plan fiscal de Milei y Caputo

La cámara alta del Congreso Nacional se prepara para una jornada decisiva que podría alterar significativamente la arquitectura fiscal defendida por la administración de Javier Milei. Los bloques opositores han coordinado una estrategia parlamentaria para impulsar simultáneamente 7 iniciativas legislativas que representan un desafío directo al equilibrio presupuestario que constituye el pilar central de la política económica gubernamental.

La sesión extraordinaria comenzará durante la tarde de este jueves, específicamente a partir de las 14 horas, tras una reunión preparatoria programada para las 10 de la mañana. Esta coordinación previa permitirá a los dirigentes opositores confirmar la presencia efectiva de legisladores y garantizar el quorum necesario para el funcionamiento del recinto parlamentario.

José Mayans, presidente del bloque de Unión por la Patria, encabeza la articulación de esta ofensiva legislativa que cuenta con el respaldo de diferentes fuerzas políticas representadas en la cámara alta. La coalición opositora dispone de 34 senadores de Unión por la Patria, complementados por los radicales Martín Lousteau y Pablo Blanco, además de la representante porteña del PRO, Guadalupe Tagliaferri.

Esta configuración numérica asegura ampliamente el quorum mínimo requerido para el funcionamiento del recinto, estableciendo las condiciones necesarias para el tratamiento de las iniciativas programadas. La diversidad partidaria de la coalición refleja la amplitud del consenso opositor respecto a las medidas que se proponen sancionar.

Las iniciativas legislativas se dividen en dos categorías principales según su estado de tramitación parlamentaria. El primer grupo incluye proyectos que ya cuentan con media sanción de la Cámara de Diputados y que, de ser aprobados por el Senado, se convertirían automáticamente en leyes de la Nación. Entre estas normativas destacan los incrementos para jubilaciones y pensiones, el aumento del bono complementario para jubilaciones mínimas desde 70.000 a 110.000 pesos, y la declaración de Emergencia en Discapacidad con sus correspondientes mejoras en las pensiones específicas.

El segundo conjunto comprende propuestas originadas por los mandatarios provinciales que han logrado el respaldo de senadores pertenecientes a diferentes espacios políticos. Estas iniciativas abordan fundamentalmente la redistribución de recursos nacionales entre las jurisdicciones subnacionales, configurando un reclamo federal que trasciende las fronteras partidarias tradicionales.

La propuesta más significativa en términos fiscales establece modificaciones sustanciales en el sistema de coparticipación federal. La normativa contempla la redistribución entre las provincias de recursos provenientes de los Aportes del Tesoro Nacional y lo recaudado mediante el Impuesto a los Combustibles Líquidos. Esta redistribución implicaría la eliminación de múltiples fideicomisos creados durante la administración de Fernando de la Rúa en 2001.

Los fideicomisos sujetos a disolución incluyen el de Infraestructura de Transporte, el Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica, el fondo del Sistema Vial Integrado, el Fondo Compensador del Transporte, el Fondo Nacional de la Vivienda y el Fondo Especial del Desarrollo Eléctrico del Interior. Esta reestructuración representa una reconfiguración completa del esquema de asignación de recursos públicos vigente desde hace más de dos décadas.

La distribución proyectada establece que el 14,29 por ciento de los recursos correspondería al Tesoro Nacional, mientras que el 28,69 por ciento se destinaría al sistema único de Seguridad Social para atender las obligaciones del régimen previsional nacional. Un 2,55 por ciento se asignaría específicamente para compensar el transporte público, y el porcentaje mayoritario del 57,02 por ciento sería transferido directamente a las administraciones provinciales.

Respecto a los Aportes del Tesoro Nacional, la iniciativa establece una distribución específica que contempla el reparto en partes iguales del 25 por ciento de lo recaudado entre todas las provincias, reservando el 75 por ciento restante para su distribución según los parámetros establecidos en la ley de Coparticipación Federal vigente.

Estos aportes, tradicionalmente destinados a atender situaciones de emergencia y corregir desequilibrios financieros de los gobiernos provinciales, actualmente dependen de la discrecionalidad del Ministerio del Interior para su asignación. La propuesta busca establecer criterios objetivos y automáticos para esta distribución, reduciendo la discrecionalidad ejecutiva en la materia.

Adicionalmente, la senadora rionegrina Mónica Silva impulsa la derogación del Decreto 462/2025, mediante el cual la administración nacional decidió transformar la estructura del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Esta iniciativa refleja las preocupaciones regionales sobre las modificaciones en organismos técnicos especializados.

Las declaraciones de Mayans evidencian el creciente malestar de los mandatarios provinciales respecto a la política fiscal nacional. El dirigente peronista señaló la existencia de un sentimiento de hartazgo por parte de los gobernadores, quienes habrían expresado su determinación de no tolerar mayores restricciones presupuestarias. La ausencia de un presupuesto nacional aprobado constituye, según su perspectiva, el problema central que motiva esta reacción legislativa.

La controversia procedimental añade complejidad adicional a la sesión programada. Durante la semana anterior, los senadores opositores se autoconvocaron en el marco de la Comisión de Presupuesto, emitiendo dictámenes sobre varios de los proyectos programados para tratamiento. Esta reunión se desarrolló sin la presencia del senador libertario Ezequiel Atauche, generando cuestionamientos sobre la validez de las resoluciones adoptadas.

El secretario Parlamentario Agustín Giustinian respondió a esta situación emitiendo una resolución de 7 páginas que declara la nulidad absoluta de los dictámenes firmados. El documento técnico argumenta que no se cumplió con el procedimiento reglamentario establecido, particularmente la ausencia de convocatoria formal a reunión de comisión, requisito considerado indispensable según el Reglamento del Senado para validar el tratamiento y dictamen de proyectos.

Mayans desestima la resolución de Giustinian, calificándola de nula, y anticipa que la oposición intentará obtener los dos tercios de los votos senatoriales para avanzar con el tratamiento de todos los proyectos programados. Esta estrategia incluye las iniciativas cuyos dictámenes han sido cuestionados, que según la interpretación oficialista requerirían tratamiento sobre tablas.

Victoria Villarruel, en su carácter de vicepresidenta de la Nación y presidente natural del Senado, confirmó su presencia para conducir la sesión en caso de que la oposición logre constituir el quorum necesario. Su participación en los actos oficiales desarrollados en Tucumán no impediría su retorno para presidir los debates parlamentarios.

El fracaso de la reunión de Labor Parlamentaria convocada el martes anterior, en la cual participó Villarruel sin haberla convocado formalmente, ilustra las tensiones procedimentales que caracterizan la relación entre el oficialismo y la oposición en la cámara alta.

La estrategia opositora aprovecha las debilidades de coordinación parlamentaria del espacio libertario, que no ha logrado desarrollar una presencia legislativa proporcional a su peso electoral. Esta situación permite a los bloques tradicionales mantener capacidad de iniciativa en temas sensibles para la agenda gubernamental.

Las implicancias fiscales del paquete legislativo son significativas, considerando que el presidente Milei ha prometido vetar cualquier normativa que comprometa el equilibrio presupuestario. Esta dinámica configura un escenario de confrontación institucional donde el Ejecutivo deberá utilizar su facultad constitucional de veto para preservar su política fiscal.

La sesión de este jueves representará una prueba crucial para la capacidad de articulación opositora y para la resistencia del gobierno a las presiones redistributivas que emergen desde el sistema federal. El resultado de estos debates tendrá repercusiones directas sobre la sostenibilidad del modelo económico implementado por la administración libertaria.