La administración de Javier Milei se prepara para recibir una nueva resolución desfavorable del tribunal del distrito sur de Manhattan, donde la magistrada Loretta Preska maneja el complejo litigio derivado de la nacionalización de la petrolera estatal. Las fuentes oficiales anticipan que la decisión judicial llegará durante las próximas horas, generando expectativa y preocupación en los círculos gubernamentales.

El extenso proceso legal, que se prolonga desde hace una década, tiene su origen en la controvertida expropiación ejecutada durante 2012 bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. La operación, caracterizada por funcionarios actuales como deficientemente ejecutada, derivó en una condena millonaria que obliga al Estado argentino a desembolsar 16.000 millones de dólares según la sentencia emitida durante 2023.

La actual gestión heredó un panorama judicial adverso que incluye pasivos por aproximadamente 30.000 millones de dólares distribuidos en múltiples causas. Esta situación representa uno de los desafíos más significativos que enfrenta la administración libertaria en materia de política exterior y gestión fiscal.

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Burford Capital emerge como el principal beneficiario de la resolución judicial, habiendo presentado nuevas solicitudes ante el estrado de Preska que intensifican la presión sobre las autoridades argentinas. La firma de inversión logró que la magistrada ordene la transferencia del 51 por ciento de las participaciones estatales en la compañía energética como mecanismo de pago parcial de la deuda reconocida.

Esta decisión desencadenó una serie de reacciones políticas que el Ejecutivo nacional caracteriza como contraproducentes para los intereses nacionales. Las declaraciones públicas del gobernador bonaerense Axel Kicillof, quien defendió el proceso expropiatorio durante una conferencia de prensa, fueron inmediatamente incorporadas por los demandantes como evidencia favorable a sus reclamos.

La Procuración del Tesoro, bajo la dirección de Santiago Casto Videla, expresó su molestia por estas manifestaciones que considera perjudiciales para la estrategia defensiva. Los equipos legales del Estado observan cómo los litigantes utilizan las declaraciones del mandatario provincial para reforzar sus argumentos ante la corte neoyorquina.

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El equipo jurídico oficial califica estas intervenciones como operaciones de "buitres domésticos" que deliberadamente debilitan la posición argentina en el proceso judicial. Esta caracterización incluye no solo a funcionarios políticos, sino también a estudios de abogados privados, analistas económicos y empresas que podrían beneficiarse indirectamente de un resultado adverso para el país.

La administración nacional también manifestó su disgusto por las apariciones mediáticas de exprocuradores como Facundo Saravia Frías y Carlos Balbín, ambos con antecedentes durante la gestión de Mauricio Macri. Desde el oficialismo consideran que estas intervenciones resultan inoportunas y potencialmente perjudiciales para el desarrollo del caso.

Las opciones inmediatas que maneja la magistrada Preska incluyen la convocatoria a una conferencia con las partes involucradas, la suspensión temporal de la sentencia mientras se resuelven casos relacionados, o el acceso al pedido argentino de suspensión para facilitar el proceso de apelación. Cada una de estas alternativas presenta implicancias diferentes para la estrategia defensiva nacional.

La eventual materialización de un desacato judicial permanece como posibilidad latente, especialmente si el demandante solicita formalmente esta medida. La imposición de garantías adicionales también constituye un escenario probable que podría complicar aún más la situación fiscal argentina.

El proceso judicial acumula intereses diarios por 2,5 millones de dólares, elevando la deuda total por encima de los 17.000 millones. Esta progresión aritmética incrementa constantemente la presión financiera sobre el Estado argentino mientras se desarrollan las instancias procesales.

La estrategia gubernamental mantiene una posición inflexible respecto a eventuales negociaciones con Burford Capital. Esta política replica la adoptada por administraciones anteriores, incluyendo las gestiones de Cristina Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández. Los funcionarios actuales argumentan que cualquier acercamiento con la firma demandante establecería precedentes desfavorables para futuros litigios.

Burford Capital ha transmitido señales sobre su disposición a negociar y su desinterés en la propiedad efectiva de las acciones petroleras. Sin embargo, estas comunicaciones no reciben respuesta oficial, manteniendo el distanciamiento estratégico que caracteriza la posición argentina.

Los argumentos defensivos se concentran en la naturaleza excepcional del caso, diferenciándolo de disputas comerciales ordinarias. La administración sostiene que el cumplimiento de la orden judicial obligaría al país a violar su propia legislación y perder irreversiblemente el control sobre la empresa energética estratégica.

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La dimensión internacional del conflicto incluye gestiones diplomáticas para obtener respaldo oficial estadounidense. Durante noviembre del año anterior, el Departamento de Justicia de Estados Unidos recomendó rechazar el pedido de transferencia accionaria, argumentando violaciones a las normas de inmunidad soberana. La administración argentina busca replicar este apoyo bajo la presidencia de Donald Trump.

La Cancillería desarrolla iniciativas para incorporar otros países como amicus curiae, siguiendo precedentes establecidos con Uruguay, Paraguay y otras naciones. Las gestiones diplomáticas incluyen aproximaciones a gobiernos europeos que podrían expresar posiciones favorables a la posición argentina.

Las reuniones estratégicas involucran funcionarios de múltiples áreas gubernamentales, incluyendo Casa Rosada, Economía y Cancillería. La participación de YPF en estas discusiones permanece sin confirmación oficial, considerando que Burford busca demostrar identidad entre el Estado y la empresa.

La perspectiva gubernamental descarta completamente cualquier acercamiento negociador, priorizando la vía judicial hasta agotar todas las instancias disponibles. Esta determinación refleja la interpretación oficial de que existen intereses especulativos que podrían beneficiarse de eventuales acuerdos extrajudiciales.

Los antecedentes del tribunal de Preska sugieren que la estrategia internacional no ha logrado evitar resoluciones adversas ni órdenes de transferencia accionaria. La expectativa de un nuevo revés judicial se mantiene alta entre los funcionarios responsables del caso, quienes se preparan para implementar las medidas procesales correspondientes ante eventuales decisiones desfavorables.