La Procuración del Tesoro Nacional formalizó su oposición categórica a las demandas de ejecución inmediata presentadas por los fondos litigantes Petersen/Eton y Bainbridge ante la justicia de Nueva York, respondiendo a los planteos que buscan impedir la suspensión de la sentencia que ordena transferir el 51% de las acciones de YPF
Economía09/07/2025 13News-Economía
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La Procuración del Tesoro Nacional formalizó su oposición categórica a las demandas de ejecución inmediata presentadas por los fondos litigantes Petersen/Eton y Bainbridge ante la justicia de Nueva York, respondiendo a los planteos que buscan impedir la suspensión de la sentencia que ordena transferir el 51% de las acciones de YPF. Esta nueva fase del conflicto judicial se desarrolla en el marco de un fallo valorado en 16.100 millones de dólares que el Estado argentino continúa apelando ante las instancias superiores del sistema judicial estadounidense.
Los escritos presentados por la defensa argentina constituyen una respuesta directa a las iniciativas del lunes 7 de julio, donde los fondos demandantes intensificaron su presión sobre la jueza Loretta Preska para acelerar los procedimientos de ejecución. La estrategia de los litigantes incluyó la incorporación de una transcripción traducida de declaraciones recientes del gobernador bonaerense Axel Kicillof, documento que busca fundamentar la urgencia de sus reclamos mediante evidencia testimonial contemporánea.
La argumentación legal desarrollada por los abogados del Estado argentino se estructura en torno a tres ejes fundamentales que cuestionan tanto la viabilidad jurídica como las implicaciones prácticas de la orden de transferencia. El primer argumento enfatiza la naturaleza excepcional del caso y la existencia de cuestiones legales sin resolver que ameritan una evaluación más profunda antes de proceder con cualquier ejecución forzosa.
Los representantes argentinos subrayaron que se trata de un litigio sin precedentes en el sistema judicial estadounidense, caracterizado por la complejidad de sus fundamentos jurídicos y la magnitud económica involucrada. Esta posición se fortalece con la referencia a las diferencias manifestadas por el propio gobierno de Estados Unidos respecto a la interpretación del tribunal, evidenciando que incluso las autoridades locales cuestionan aspectos sustanciales de la decisión judicial.
El segundo eje argumentativo se centra en la configuración de un daño irreparable y la imposibilidad de cumplimiento legal que resultaría de ejecutar la orden de transferencia. Los abogados del Estado sostienen que forzar el denominado "turnover" obligaría a Argentina a violar su legislación nacional vigente, comprometiendo de manera irreversible el control estatal sobre la empresa petrolera más importante del país.
Esta línea de defensa adquiere particular relevancia al considerar que la transferencia de acciones implicaría un incumplimiento directo de la Ley 26.741, normativa que consagra el dominio público sobre los recursos hidrocarburíferos y establece el marco regulatorio para la participación estatal en el sector energético. La violación de esta legislación fundamental no solo tendría consecuencias jurídicas internas, sino que podría desencadenar un conflicto constitucional de proporciones significativas.
El tercer componente de la estrategia defensiva argentina se fundamenta en la ausencia de perjuicio concreto para los demandantes en caso de suspenderse la ejecución, contrastando esta situación con el interés público que se vería comprometido por el avance de la orden judicial. Los representantes del Estado argumentan que la legislación local impide efectivamente la venta de acciones sin el aval legislativo correspondiente, por lo que cualquier transferencia resultaría inviable desde la perspectiva del derecho argentino.
La defensa destaca además que proceder con la orden judicial afectaría a terceros no involucrados en el litigio original, incluyendo provincias y bonistas cuyas posiciones se verían comprometidas por la restructuración forzosa de la estructura accionaria de YPF. Esta afectación a terceros podría activar cláusulas contractuales perjudiciales para la empresa petrolera, generando un efecto cascada que trascendería el ámbito específico del conflicto entre las partes litigantes.
La presentación específica contra Bainbridge incorpora argumentos adicionales relacionados con la violación del derecho argentino, enfatizando que cualquier transferencia accionaria constituiría un incumplimiento flagrante de la normativa que regula el dominio público sobre los recursos estratégicos del país. Esta perspectiva legal refuerza la posición argentina respecto a la imposibilidad práctica de ejecutar una orden que contravendría principios fundamentales del ordenamiento jurídico nacional.
Los representantes del Estado también señalaron la ausencia de antecedentes jurisprudenciales que avalen la ejecución de activos de otro Estado en territorio estadounidense bajo las condiciones específicas propuestas por la orden de la jueza Preska. Esta carencia de precedentes legales fortalece, según la argumentación argentina, las posibilidades de revertir el fallo mediante las instancias de apelación correspondientes.
La estrategia legal del gobierno argentino trasciende la respuesta a los planteos inmediatos, desarrollando paralelamente trabajos preparatorios para la apelación formal de la orden de transferencia. Este enfoque integral busca agotar todas las instancias disponibles en el sistema judicial estadounidense, comenzando por un eventual pedido de suspensión ante el Segundo Circuito en caso de que la jueza Preska rechace la solicitud argentina.
La complejidad del caso se ve amplificada por las implicaciones geopolíticas y económicas que trascienden el ámbito puramente judicial. La disputa por YPF involucra no solo aspectos contractuales y financieros, sino también consideraciones de soberanía energética y política exterior que influyen en las posiciones de ambas partes. La magnitud del fallo y su potencial impacto sobre las finanzas públicas argentinas añaden presión adicional a las negociaciones y procedimientos legales.
La incorporación de declaraciones de Kicillof por parte de los fondos demandantes sugiere un intento de contextualizar el caso dentro del panorama político argentino contemporáneo, buscando elementos que refuercen sus argumentos sobre la urgencia de la ejecución. Esta estrategia evidencia la sofisticación creciente de las técnicas litigiosas empleadas por los fondos especializados en disputas soberanas.
La respuesta argentina a estas tácticas refleja la evolución de las capacidades legales del Estado para enfrentar litigios internacionales complejos, incorporando argumentos técnicos y procedimentales que buscan explotar las debilidades y contradicciones de las posiciones contrarias. La coordinación entre diferentes niveles de la defensa estatal sugiere un enfoque estratégico que prioriza la exhaustividad de los recursos legales disponibles.
El desarrollo futuro del caso dependerá crucialmente de la evaluación que realice la jueza Preska sobre los méritos de los argumentos presentados por ambas partes. La decisión sobre la suspensión de la ejecución constituirá un indicador significativo sobre la dirección que tomará el litigio y las posibilidades de que el Estado argentino logre revertir o modificar sustancialmente los términos del fallo original.
La evolución de este conflicto judicial tendrá implicaciones que trascienden el caso específico, estableciendo precedentes para futuros litigios entre Estados y fondos de inversión especializados en disputas soberanas. La resolución final podría influir en las estrategias legales y financieras de otros países que enfrentan demandas similares en el sistema judicial estadounidense.
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