AES Corporation ejecuta sentencia de USD 732 millones contra Argentina en cortes de Washington

La compañía eléctrica estadounidense AES Corporation inició acciones legales en tribunales de Washington para obtener el reconocimiento y posterior ejecución de una resolución arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferendos de Inversión por un monto de 732 millones de dólares, según informó Sebastián Maril, director ejecutivo de Latam Advisors.

Esta maniobra judicial representa la materialización de un conflicto que se gestó hace más de dos décadas, cuando Argentina implementó la pesificación forzosa de contratos denominados en moneda extranjera tras el colapso del régimen de convertibilidad en diciembre de 2001. La medida afectó directamente los acuerdos de concesión de la central hidroeléctrica Alicurá, ubicada estratégicamente sobre el río Limay en la zona limítrofe entre Neuquén y Río Negro.

El litigio original ante el organismo arbitral internacional se formalizó el 19 de diciembre de 2002, apenas un año después de que el gobierno argentino modificara unilateralmente las condiciones contractuales que garantizaban ingresos en divisas estadounidenses. La empresa norteamericana había agotado previamente las instancias judiciales domésticas antes de recurrir al mecanismo establecido en el Tratado Bilateral de Inversiones suscrito entre ambos países en 1991.

La resolución adversa conocida en mayo pasado constituye una victoria parcial para la corporación demandante, considerando que sus pretensiones iniciales alcanzaban 1814 millones de dólares, cifra que con la incorporación de intereses podría haber escalado hasta 2500 millones. El tribunal arbitral determinó finalmente una compensación significativamente menor, aunque de todas formas representa un desembolso considerable para las arcas públicas argentinas.

Maril anticipó el desarrollo del proceso judicial en territorio estadounidense, explicando que una vez que la corte otorgue el reconocimiento formal de la sentencia, Argentina activará su estrategia defensiva habitual mediante la interposición de recursos de apelación. Los argumentos específicos que empleará la defensa argentina permanecen desconocidos, pero el patrón histórico sugiere una resistencia prolongada que podría extender el proceso durante varios años adicionales.

La ejecución efectiva de la sentencia requerirá la identificación y posterior embargo de activos argentinos en jurisdicción estadounidense, un procedimiento complejo que involucra múltiples etapas judiciales. Esta táctica dilatoria busca generar presión para forzar una negociación entre las partes, evitando el cumplimiento inmediato de la obligación pecuniaria.

El especialista en litigios internacionales no descarta que la administración de Javier Milei considere alternativas creativas para resolver el conflicto, particularmente en el contexto de eventuales procesos de privatización del sector energético. La transferencia de participaciones accionarias en empresas estatales o la cesión de derechos sobre recursos hídricos podrían configurar modalidades de pago en especie que satisfagan las pretensiones de la demandante.

Este caso forma parte de un panorama litigioso más amplio que enfrenta Argentina en foros arbitrales internacionales. Además del reclamo monumental de Burford Capital por 16100 millones de dólares vinculado a la estatización de YPF, el país afronta otros seis procedimientos en el CIADI que en conjunto suman aproximadamente 1500 millones de dólares en pretensiones.

El expediente BA Desarrollos LLC mantiene su tramitación activa con una demanda por 58.319.315 dólares relacionada con irregularidades en la escrituración de terrenos destinados al proyecto inmobiliario Catalinas Norte II. El tribunal arbitral se constituyó en noviembre de 2023 y actualmente las partes intercambian alegatos escritos en la fase procesal preliminar.

Abertis Infraestructuras persigue una compensación de 295.762.164,79 dólares por la presunta destrucción del sistema tarifario acordado en las concesiones viales de AUSOL y GCO, además de cuestionar la validez judicial de dichos contratos. El proceso continúa su curso normal sin que se haya emitido pronunciamiento definitivo.

La corporación malaya IJM Corporation Berhad reclama 51.131.719 dólares por daños similares al régimen tarifario en el contrato de concesión de GCO, sumado a la anulación judicial del acuerdo correspondiente. El expediente permanece abierto con presentaciones memoriales en desarrollo.

Webuild, anteriormente conocida como Salini Impregilo, obtuvo una resolución favorable en abril de 2025 por un total de 152.631.027,99 dólares, compuesto por 147.031.036,74 dólares en concepto de indemnización principal más 5.599.991,25 dólares por costas procesales. La controversia se originó por la afectación de su participación en Puentes del Litoral S.A. como consecuencia de medidas de emergencia implementadas tras la crisis de 2001.

Nationale Nederlanden Holdinvest B.V. mantiene una demanda por 157 millones de dólares relacionada con la eliminación del régimen de capitalización de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones mediante la Ley 26.425 y su posterior traspaso al sistema previsional de reparto. Las audiencias han concluido y se aguarda la decisión del tribunal.

Casinos Austria GmbH y Casinos Austria Aktiengesellschaft recibieron un laudo en noviembre de 2021 por 21.660.000 dólares tras la revocación de la licencia de explotación de juegos de azar que poseía ENJASA en la provincia de Salta. El caso se encuentra bajo análisis por un pedido de anulación del laudo.

Según la evaluación de Maril, ninguno de estos casos adicionales presenta un grado de avance suficiente para anticipar resoluciones definitivas en el corto plazo. La naturaleza inherentemente lenta del sistema arbitral del CIADI sugiere que no habrá fallos inminentes que agraven la situación fiscal argentina en el horizonte inmediato.

La estrategia de resistencia sistemática que caracteriza la defensa argentina en estos litigios refleja una política de Estado que trasciende administraciones gubernamentales. Esta aproximación busca dilatar los procedimientos y generar condiciones favorables para eventuales negociaciones, aunque frecuentemente resulta en el incremento de las sumas adeudadas debido a la acumulación de intereses y costas procesales adicionales.