Argentina necesita reducir carga fiscal en 7.6% del PBI según IERAL
La recuperación económica argentina enfrenta obstáculos estructurales que limitan su potencial de crecimiento, según revela una investigación del Instituto de Investigaciones para la Realidad Argentina y Latinoamericana de la Fundación Mediterránea. El análisis, dirigido por el economista Osvaldo Giordano, plantea un diagnóstico contundente sobre la arquitectura tributaria nacional y su impacto en la actividad productiva.
El rebote económico que inicialmente siguió una trayectoria en forma de "V", confirmando las proyecciones oficiales más optimistas, comenzó a mostrar señales de agotamiento. Esta desaceleración no responde a factores novedosos, sino a trabas históricamente arraigadas en el sistema económico argentino. La investigación identifica déficits institucionales profundos que condicionan el desenvolvimiento empresarial y la generación de empleo.
La presión tributaria actual representa uno de los principales cuellos de botella para el desarrollo económico sostenido. El estudio determina que eliminar determinados gravámenes equivalentes al 7.6% del Producto Bruto Interno constituye una medida urgente para destrabar la producción nacional. Esta cifra surge de un cálculo conservador que contempla únicamente aquellos tributos que representan obstáculos evidentes para la competitividad empresarial.
La estrategia gradualista implementada por la administración de Javier Milei, que condiciona la reducción impositiva a la consolidación del superávit fiscal, resulta insuficiente para superar las barreras tributarias existentes. El enfoque de disminuir impuestos paulatinamente, aunque fiscalmente prudente, no genera el impacto necesario para modificar sustancialmente las condiciones productivas.
Entre los gravámenes que requieren eliminación inmediata, el análisis prioriza cinco categorías principales por su volumen recaudatorio y su efecto distorsivo. Ingresos Brutos encabeza esta lista como el tributo provincial que mayor interferencia genera en las cadenas de valor. Le siguen el impuesto al cheque, cuya incidencia sobre las transacciones financieras desalienta la bancarización, los derechos de exportación que penalizan la inserción internacional, los sellos que gravan documentos comerciales y las tasas municipales aplicadas sobre ventas.
Estos cinco tributos concentran más de un cuarto del total de ingresos estatales, lo que explica la complejidad política de su eliminación. Sin embargo, la investigación sostiene que mantener este esquema impositivo perpetúa un círculo vicioso que ahoga la inversión privada y limita la generación de empleo formal.
La reciente reducción parcial de retenciones anunciada por el gobierno nacional ilustra las paradojas del sistema tributario argentino. Esta medida representa una pérdida de ingresos superior al 0.2% del PBI, cifra significativa si se considera que el superávit financiero ronda el 0.3% del producto. No obstante, desde la perspectiva productiva, el alivio resulta prácticamente imperceptible frente al desafío de eliminar completamente los tributos distorsivos.
La primera inconsistencia surge de la desproporción entre el esfuerzo fiscal realizado y el beneficio obtenido por el sector productivo. Esta situación evidencia que las reformas parciales, aunque políticamente viables, generan resultados limitados en términos de competitividad empresarial.
La segunda paradoja se relaciona con la apropiación indirecta de los beneficios por parte de las administraciones provinciales. La disminución de derechos de exportación se compensa, en al menos 50%, mediante incrementos en la recaudación de otros gravámenes. El aumento de la actividad económica derivado de la reducción de retenciones impulsa automáticamente los ingresos por Ganancias, IVA, Ingresos Brutos, sellos y tasas municipales.
Las provincias capturan la mayor parte de estos recursos adicionales, ya sea directamente o mediante el sistema de coparticipación federal. Esta dinámica puede incentivar el aumento del gasto corriente provincial, aprovechando la mayor disponibilidad de fondos generada indirectamente por la política nacional de reducción de retenciones.
La falta de coordinación intergubernamental para abordar una reforma fiscal integral constituye otro obstáculo estructural. El estudio propone una estrategia articulada entre los tres niveles de gobierno que permita que los impuestos menos distorsivos, como IVA, Ganancias e Impuesto al Patrimonio, generen los recursos necesarios para compensar la eliminación de los tributos más perjudiciales.
Esta aproximación requiere abandonar la resignación a tolerar impuestos que dañan la competitividad por temor al retorno del déficit fiscal. La neutralidad recaudatoria puede alcanzarse mediante un rediseño inteligente que privilegie la eficiencia sobre la multiplicidad de gravámenes.
El compromiso asumido con el Fondo Monetario Internacional agrega urgencia a este debate. El acuerdo firmado en abril establece que antes de finalizar el año, el gobierno debe presentar al Congreso un proyecto de reforma tributaria neutra en términos de ingresos. El objetivo consiste en recaudar el mismo monto con menor cantidad de impuestos.
La primera revisión del staff report del FMI menciona la racionalización del gasto tributario del IVA, que representa 1.31% del PBI, junto con la eliminación del impuesto al cheque y otros tributos que encarecen el crédito. Una propuesta en evaluación contempla transferir a las provincias la responsabilidad del IVA para generar competencia interjurisdiccional mediante alícuotas diferenciales que atraigan inversiones.
El cronograma político presenta desafíos adicionales. Si el proyecto se eleva este año, su tratamiento parlamentario se extendería durante 2026, con entrada en vigencia plena recién en 2027. Aunque el oficialismo podría obtener resultados electorales favorables en octubre, la necesidad de negociar con las provincias permanecerá debido a la configuración del Congreso.
La ventana de oportunidad para implementar una reforma tributaria integral se encuentra abierta, pero requiere decisión política y consenso federal. La alternativa es perpetuar un sistema que, según el análisis del IERAL, continuará imponiendo límites artificiales al crecimiento económico argentino.