Caputo fuerza a bancos en licitación de deuda y profundiza apretón monetario

El ministro de Economía Luis Caputo obtuvo una victoria pírrica en su operación de emergencia para drenar liquidez del mercado, logrando reabsorber 3,78 billones de pesos mediante una estrategia que obligó a las entidades financieras a aceptar condiciones que habían rechazado días atrás. Sin embargo, esta maniobra despertó fuertes críticas del sector bancario y renovó interrogantes sobre la sostenibilidad de la política monetaria en el mediano plazo.

La licitación extraordinaria se concretó tras el fracaso de la colocación de deuda de la semana anterior, que pese a ofrecer tasas del 69%, solo logró renovar una porción de los vencimientos, dejando aproximadamente 5,8 billones de pesos circulando en el sistema financiero. Esta liquidez excedente representaba una amenaza directa para los objetivos de estabilidad cambiaria e inflacionaria que el Gobierno considera prioritarios en el contexto preelectoral.

La estrategia implementada aprovechó los cambios regulatorios en los requisitos de encaje del Banco Central para forzar la participación bancaria. Las entidades se vieron obligadas a adquirir bonos vinculados a la tasa TAMAR más un margen del 1%, resultando en un rendimiento efectivo del 64%, inferior al 69,2% que habían rechazado previamente. Esta diferencia evidencia la pérdida de poder negociador de los bancos ante las nuevas reglas del juego.

Federico Furiase, director del Banco Central e ideólogo del plan de las tres anclas, sintetizó la filosofía oficial con una frase contundente: "Ningún peso va a la calle". Esta declaración, aunque criticada por implicar la aceptación deliberada de un enfriamiento económico, refleja la determinación gubernamental de priorizar la estabilidad nominal sobre el crecimiento en el corto plazo.

El impacto inmediato se manifestó en una volatilidad extrema en el mercado de cauciones, la operatoria interbancaria más utilizada para obtener liquidez de muy corto plazo. La tasa de estas operaciones experimentó fluctuaciones dramáticas durante la jornada del lunes, iniciando cerca del 60%, descendiendo al 50% al mediodía, cayendo al 36% por la tarde y desplomándose por debajo del 10% hacia el cierre.

Esta montaña rusa financiera respondió a los nuevos requerimientos regulatorios que exigen cumplimiento diario de encajes en lugar del esquema mensual anterior. Salvador Vitelli, analista de Romano Group, explicó que esta modificación generó una búsqueda desesperada de colocación después de las 16:30 horas, cuando los bancos descubrían excedentes que debían ubicar urgentemente para evitar mantenerlos sin remuneración en el Banco Central.

Christian Buteler, consultor financiero, caracterizó el nuevo sistema como "totalmente ineficiente" para la operatoria bancaria, señalando que obliga a las entidades a sobrecumplir los requisitos y genera distorsiones innecesarias en el mercado. La volatilidad resultante preocupa a operadores acostumbrados a mayor predictibilidad en los mercados monetarios.

Los ejecutivos bancarios expresaron su descontento de manera reservada pero contundente. Un dirigente de uno de los tres mayores bancos privados calificó las medidas como "daños autoinfligidos" y cuestionó la comprensión gubernamental sobre la gestión de liquidez bancaria. Según esta perspectiva, el temor oficial a una corrida contra el peso carece de justificación, dado que los excedentes monetarios responden a necesidades operativas normales del sistema financiero.

Para sustentar su argumento, el sector bancario aporta datos reveladores sobre el comportamiento del público minorista. Las compras de dólares por parte de ahorristas individuales se redujeron drásticamente en agosto, alcanzando apenas el 25% del promedio registrado durante julio, cuando el efecto aguinaldo impulsaba la demanda de divisas. Esta evidencia sugiere que los temores oficiales sobre presión cambiaria podrían estar sobredimensionados.

El mercado de inversiones en pesos reflejó inmediatamente las distorsiones generadas por la absorción forzosa de liquidez. La curva de rendimientos mostró una inversión pronunciada, donde los instrumentos de vencimiento más lejano ofrecen tasas inferiores a los de corto plazo. Los papeles que vencen a fin de agosto pagan 4,16% mensual efectivo, mientras que los de diciembre remuneran 3,52%, configuración que tradicionalmente indica expectativas de corrección cambiaria.

Las cotizaciones del dólar futuro experimentaron caídas significativas tras la intervención gubernamental. Las posiciones de agosto se desplomaron 18,5%, las de septiembre retrocedieron 15,5% y las de octubre cayeron 10%. Esta reacción evidencia el alivio inmediato generado por la absorción de liquidez, aunque persisten señales de inquietud para períodos más extensos.

La evolución temporal de las cotizaciones futuras revela la persistencia de dudas sobre la sostenibilidad del esquema actual. Mientras la posición más corta se ubica 7% por debajo del techo de la banda de flotación, esta distancia se reduce progresivamente hasta 3,7% para octubre, coincidiendo con las elecciones legislativas, y apenas 1,2% hacia fin de año. Esta convergencia sugiere expectativas latentes de ajuste cambiario post-electoral.

El tipo de cambio real actual de 1.293 pesos por dólar se encuentra 11% por debajo del límite superior de la banda, proporcionando un margen aparentemente cómodo. Sin embargo, las cotizaciones futuras que marcan tendencia ascendente reflejan el costo del "seguro" contra eventuales devaluaciones, indicando que el mercado no descarta completamente escenarios de mayor volatilidad cambiaria.

El equipo económico modificó radicalmente su interpretación teórica sobre la gestión de liquidez. Anteriormente, bajo la doctrina del "Punto Anker", consideraban positivo que las licitaciones no renovaran completamente los vencimientos, interpretándolo como canalización de recursos hacia el crédito en un contexto de crecimiento económico. Actualmente, la perspectiva cambió diametralmente.

Furiase explicó la nueva filosofía oficial: cuando el rollover del Tesoro resulta inferior al 100% sin estar respaldado por incremento genuino en la demanda de dinero, el Banco Central esteriliza automáticamente esa expansión monetaria. Esta definición implica que cualquier excedente será absorbido mediante las herramientas que la autoridad monetaria considere óptimas, independientemente del impacto sobre el crecimiento.

La incertidumbre persiste respecto a los criterios técnicos que permiten distinguir entre aumentos genuinos de demanda monetaria y comportamientos especulativos. Esta ambigüedad genera inquietud en el mercado, que carece de parámetros claros para anticipar las reacciones oficiales ante diferentes escenarios de liquidez.

Caputo estableció explícitamente el horizonte temporal de esta política restrictiva: durará hasta las elecciones legislativas de octubre. El ministro proyecta que, una vez disipados los ruidos políticos y recuperada la confianza del mercado, retornará la doctrina del "Punto Anker" con mayor estímulo al crédito. Esta previsión asume implícitamente un resultado electoral favorable que otorgue a Javier Milei respaldo parlamentario para su programa económico.

El economista Amílcar Collante sintetizó la paradoja actual con una frase elocuente: "De festejar el crowding in a festejar el crowding out", reflejando la transformación de una política que alentaba el desplazamiento de recursos hacia el sector privado a otra que prioriza la absorción de liquidez por el sector público.

La estrategia gubernamental logró efectivamente sus objetivos inmediatos: reabsorber liquidez excedente, pagar tasas inferiores a las que habría aceptado la semana anterior, y generar una descompresión temporal en variables financieras clave. Sin embargo, este éxito táctico no elimina las dudas estructurales sobre la viabilidad del modelo en horizontes más extensos.

El plan económico sigue dependiendo fundamentalmente de mantener atractivo el carry trade para evitar que los pesos migren hacia el dólar. Esta dependencia implica aceptar como costo permanente el mantenimiento de tasas de interés elevadas, lo que inevitablemente impacta sobre la velocidad de recuperación económica y la expansión del crédito productivo.

La tensión entre estabilidad nominal y crecimiento real define el dilema central de la política económica actual. Mientras el contexto electoral justifica la priorización de variables financieras, la sostenibilidad del modelo dependerá de la capacidad futura para restaurar el equilibrio entre ambos objetivos sin comprometer los logros alcanzados en materia de estabilización macroeconómica.