Alerta en Casa Rosada: monitorea crecimiento del caso coimas ANDIS e impacto electoral

La administración presidencial experimenta días de máxima tensión mientras evalúa el alcance potencial de las revelaciones que comprometen a funcionarios del círculo íntimo de Javier Milei. Las autoridades gubernamentales anticipan que el escándalo vinculado a la compra de medicamentos para personas con discapacidad podría expandirse con nuevos señalamientos que afectarían a otros miembros del Ejecutivo nacional.

El epicentro de la controversia se originó tras la difusión de grabaciones atribuidas a Diego Spagnuolo, exdirector ejecutivo de la entidad estatal especializada en discapacidad. En estas conversaciones se sugiere la existencia de un mecanismo mediante el cual Karina Milei y Eduardo Menem recibirían retornos equivalentes al 3% del valor de los medicamentos adquiridos por el Estado, información que supuestamente el funcionario saliente habría comunicado directamente al mandatario.

Desde la sede presidencial emergen versiones contradictorias sobre el origen de las filtraciones. Un sector atribuye la operación al propio Spagnuolo, argumentando que habría instrumentado la difusión de los audios como estrategia negociadora ante su inminente salida gubernamental. Estos funcionarios sostienen que el exdirector conocía la precariedad de su posición debido a deficiencias en su desempeño administrativo.

Las fuentes oficiales señalan irregularidades significativas en la gestión del padrón de beneficiarios durante la conducción de Spagnuolo. Estimaciones internas calculan que Argentina alberga aproximadamente 300.000 personas con discapacidades reales, representando apenas la cuarta parte del total actual de subsidiados. Esta disparidad sugiere la existencia de cerca de 900.000 beneficiarios irregulares que perciben asignaciones estatales sin cumplir requisitos legítimos.

La crítica gubernamental hacia el funcionario cesante se intensifica al considerar que prácticamente no implementó procesos de depuración del registro durante su gestión. Quienes responsabilizan a Spagnuolo por las grabaciones destacan que en sus declaraciones se presenta como víctima de las circunstancias, cuando su actuación podría no haber sido completamente transparente.

Una teoría alternativa atribuye la operación a Santiago Caputo, asesor presidencial que habría mantenido diferencias con la secretaria general de la Presidencia. Sin embargo, el entorno del consultor rechaza categóricamente esta versión, argumentando que forma parte integral del proyecto gubernamental. Además, destacan que Caputo reconoció la efectividad de la estrategia electoral diseñada por Karina Milei, consistente en presentar candidatos propios sin establecer acuerdos amplios con mandatarios provinciales.

Las autoridades gubernamentales defienden categóricamente la honestidad del presidente y su hermana, subrayando que no resultaría inédito que individuos con intenciones delictivas utilicen indebidamente el apellido presidencial para sus operaciones irregulares.

La respuesta oficial inicial consistió en la expulsión inmediata de Spagnuolo del cargo, mientras el jefe de ministros Guillermo Francos asumió la vocería pública del caso. En sus declaraciones, Francos expresó que el Gobierno no teme el escrutinio judicial porque considera que deben demostrarse hechos concretos que estima inexistentes.

La estrategia comunicacional adoptada privilegia la discreción informativa, concentrando el manejo temático en periodistas considerados afines a la gestión. Algunos sectores gubernamentales consideran que resultaría beneficioso escuchar directamente al presidente sobre este asunto, considerando su estilo frontal demostrado anteriormente en el caso Libra.

Aunque la posición oficial consiste en delegar la resolución del conflicto en la justicia, sectores internos del Gobierno sugieren que una señal más contundente podría contribuir a descomprimir la situación. Específicamente, proponen que Eduardo Menem se aparte temporalmente de sus funciones sin implicar culpabilidad, pero creando un espacio para el esclarecimiento de los hechos.

La preocupación gubernamental se centra en el potencial resquebrajamiento del contrato social que permitió a la ciudadanía tolerar los ajustes económicos implementados. Este pacto se fundamentaba en la promesa de combatir la corrupción institucional, elemento central del mensaje presidencial que prometía eliminar los privilegios de la dirigencia política tradicional.

Los analistas políticos coinciden en que la principal fortaleza electoral del oficialismo radica en la ausencia de alternativas competitivas viables. No obstante, desde la perspectiva de la imagen ejecutiva, el escándalo genera costos políticos medibles según la evaluación de observadores especializados.

Los indicadores de popularidad presidencial ya evidenciaban signos de deterioro durante el segundo mes consecutivo, acompañados por la caída en los niveles de aprobación gubernamental. La encuesta más reciente de Synopsis, realizada entre el 11 y 16 de agosto, confirma esta tendencia descendente.

La percepción negativa alcanzó 55.4%, aproximándose al pico máximo registrado a principios de año durante el caso Libra, cuando llegó a 57.5%. Paralelamente, la imagen positiva se ubicó cerca del 41%, cifra que se acerca al registro más bajo aunque mantiene niveles relativamente elevados en términos comparativos.

La consultora dirigida por Lucas Romero identifica múltiples factores explicativos de este comportamiento, incluyendo problemas de gestión evidenciados en el caso fentanilo, dificultades económicas relacionadas con volatilidad cambiaria y tasas de interés, tensiones políticas derivadas del cierre de listas electorales, reveses legislativos como la insistencia en la ley de discapacidad, y casos problemáticos como las sospechas de corrupción en adquisiciones farmacéuticas.

Pese a estos indicadores adversos, La Libertad Avanza mantiene su liderazgo en intención de voto para las elecciones intermedias próximas. La alianza con el PRO le permitiría obtener 40.5% de los sufragios frente a 36.4% de Fuerza Patria, configurando una contienda altamente polarizada donde Provincias Unidas se posiciona en tercer lugar con apenas 5%.

Esta configuración electoral otorgaría al oficialismo el tercio legislativo necesario para sostener vetos presidenciales, aunque no alcanzaría mayorías absolutas en ninguna cámara del Congreso. En Diputados podría sumar 83 representantes propios más 20 aliados adicionales, manteniéndose 46 legisladores por debajo de la mayoría requerida de 129 integrantes.

Respecto al Senado, las proyecciones indican que para diciembre podría alcanzar 21 senadores propios acompañados por 4 aliados, resultando insuficiente para obtener los 37 necesarios para mayoría absoluta, quedando 16 posiciones por debajo del objetivo.

La situación actual presenta un escenario paradójico donde el Gobierno enfrenta deterioro en su imagen pública debido a escándalos de corrupción, pero mantiene ventajas electorales significativas ante la ausencia de alternativas políticas consolidadas. Esta dinámica política particular podría definir el rumbo de la gestión presidencial en los meses venideros, especialmente considerando que nuevas denuncias podrían amplificar las consecuencias del caso actual.

La administración libertaria se encuentra así navegando entre la necesidad de preservar su capital político anti-corrupción y la gestión de crisis que comprometen a figuras centrales de su estructura de poder, en un contexto donde las próximas semanas podrían resultar determinantes para la estabilidad gubernamental y las perspectivas electorales futuras.