La administración libertaria atravesó posiblemente los días más complejos desde la asunción presidencial, enfrentando simultáneamente una cascada de derrotas parlamentarias y un escándalo de corrupción que alcanza el núcleo mismo del poder ejecutivo. La investigación judicial sobre presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad avanza mientras los analistas especulan sobre el impacto electoral de esta crisis en el crucial calendario de octubre.

La Justicia Federal intensifica su investigación sobre el caso que involucra al desplazado director de ANDIS, Diego Spagnuolo, mediante el análisis forense de dispositivos electrónicos incautados durante los allanamientos ordenados por el juez Sebastián Casanello. La Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal ya comenzó a extraer información de los teléfonos secuestrados, utilizando herramientas especializadas para el peritaje de dispositivos móviles.

Los técnicos del Ministerio Público Fiscal analizan específicamente dos teléfonos pertenecientes a Spagnuolo, uno hallado en su residencia de Altos de Campo Grande en Pilar y otro en un automóvil. Paralelamente, examinan el dispositivo de Emmanuel Kovalivker, directivo de la droguería Suizo Argentina, interceptado cuando intentaba abandonar su domicilio en Nordelta con 266000 dólares distribuidos en siete sobres y 7 millones de pesos en efectivo.

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El fiscal Franco Picardi, responsable de la investigación, también ordenó el secuestro del teléfono de Daniel Garbellini, exdirector de Acceso a los Servicios de Salud de ANDIS, identificado como presunto nexo entre la empresa distribuidora de medicamentos y la agencia estatal. Los audios atribuidos a Spagnuolo hacen referencia a este funcionario sin nombrarlo directamente, describiéndolo como alguien que maneja aspectos financieros de la organización.

Los sobres incautados a Kovalivker contienen anotaciones numéricas que los investigadores analizan para determinar si corresponden a nombres o códigos específicos. Las autoridades judiciales verifican si el contenido de cada sobre coincide con las cifras anotadas externamente, buscando patrones que revelen la mecánica de las presuntas transacciones irregulares.

Mientras la investigación judicial progresa, la Casa Rosada enfrentó una semana parlamentaria catastrófica que expuso las limitaciones políticas del oficialismo. Los reveses legislativos comenzaron con la insistencia de la Cámara de Diputados sobre la emergencia en discapacidad, precisamente cuando el escándalo de ANDIS adquiría dimensión pública, creando una paradoja temporal donde el proyecto se convertía en ley simultáneamente con el crecimiento de las denuncias de corrupción.

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La administración logró sostener el veto al paquete previsional que incluía aumentos jubilatorios, bonos y moratoria, interpretando esto como una victoria estratégica. Fuentes gubernamentales expresaron alivio porque consideran que esos proyectos constituían una amenaza directa al superávit fiscal conseguido mediante ajustes presupuestarios severos. La lectura oficial fue que perdieron batallas simbólicas pero ganaron la guerra material de los números.

El Senado continuó con la tendencia adversa al oficialismo, rechazando cinco decretos presidenciales y sancionando definitivamente dos leyes que comprometen el equilibrio fiscal: el financiamiento universitario y la emergencia en pediatría destinada al Hospital Garrahan. Esta dinámica legislativa plantea dilemas complejos para Milei, quien debe decidir entre vetar iniciativas consideradas nobles por la opinión pública o ceder terreno en su política de austeridad.

La estrategia electoral de La Libertad Avanza se ve comprometida por decisiones previas de competir directamente contra gobernadores aliados en distintas provincias, lo que resultó en la pérdida de apoyos legislativos cruciales. El cierre de listas también generó heridas internas, como el caso del diputado Carlos D'Alessandro, desairado en San Luis e intervenido su partido distrital, quien posteriormente abandonó el bloque oficial y sumó otras dos voluntades en contra del gobierno.

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El escándalo de ANDIS presenta características particularmente dañinas para la imagen gubernamental porque involucra a Diego Spagnuolo, abogado personal de Javier Milei y figura de confianza que no puede ser catalogada como funcionario heredado o adversario político. Su cercanía al presidente, documentada en registros oficiales que lo muestran como uno de los visitantes más frecuentes a la quinta de Olivos, convierte sus declaraciones en especialmente comprometedoras para la cúpula libertaria.

Los audios filtrados mencionan directamente a Karina Milei, secretaria de la Presidencia y hermana del mandatario, además de Eduardo Lule Menem, generando especulaciones sobre posibles conflictos internos dentro del triángulo de poder que incluye a Santiago Caputo. Sin embargo, fuentes gubernamentales descartan operaciones internas, argumentando que atacar a Karina equivaldría a destruir el corazón del gobierno.

La proximidad de las elecciones provinciales en Corrientes y Buenos Aires añade presión adicional al escenario político. En Corrientes, donde La Libertad Avanza carece de posibilidades reales de victoria, la estrategia oficial había sido competir contra aliados tradicionales como parte de la construcción territorial nacional. Esta decisión, que apuntaba a consolidar una fuerza política propia en todo el país, contribuyó paradójicamente al aislamiento parlamentario actual.

Para las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre, los analistas anticipan que la tracción electoral funcionará de abajo hacia arriba, dependiendo de la capacidad de movilización de los intendentes. La alianza Somos Buenos Aires, comandada por radicales y desencantados del PRO, podría disputar resultados en el interior provincial, obligando al partido de Karina Milei a buscar compensaciones en la Tercera sección electoral.

Las listas nacionales de octubre presentan desafíos adicionales por la decisión de priorizar pureza ideológica sobre experiencia legislativa. Mientras algunos nombres de peso como Patricia Bullrich, Luis Petri y José Luis Espert aportan reconocimiento, la mayoría de candidatos son desconocidos públicamente. Esta situación refleja la tensión entre construir un bloque disciplinado y contar con figuras capaces de generar tracción electoral independiente.

El consultor Carlos Fara analiza que La Libertad Avanza privilegia la disciplina partidaria sobre el reconocimiento público de sus candidatos, siguiendo una lógica donde el proyecto político trasciende las figuras individuales. Esta estrategia puede resultar efectiva para mantener cohesión interna pero limita las posibilidades de expansión electoral en distritos donde la identidad local resulta determinante.

La investigación judicial del caso ANDIS incluye la prohibición de salida del país para Spagnuolo, los hermanos Kovalivker y Garbellini mientras se recopila evidencia y se define el rumbo procesal. El juez Casanello debe determinar si las pruebas acumuladas justifican citaciones a indagatoria que podrían escalar hacia funcionarios de mayor jerarquía mencionados en los audios.

El timing del escándalo resulta particularmente adverso para el oficialismo, coincidiendo con un momento donde las tasas de interés alcanzan niveles considerados insostenibles por muchos analistas económicos. La escalada hasta 50 por ciento nominal anual en instrumentos bancarios refleja tensiones monetarias que requieren resolución urgente, pero la crisis política limita los márgenes de maniobra gubernamental.

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Los mercados financieros mantienen expectativa cautelosa mientras evalúan el impacto conjunto de la inestabilidad política, las derrotas legislativas y las presiones monetarias. La combinación de estos factores genera incertidumbre sobre la capacidad gubernamental para mantener el rumbo económico sin realizar concesiones que comprometan el equilibrio fiscal conseguido mediante ajustes severos.

Pese a la complejidad del escenario, fuentes gubernamentales mantienen optimismo respecto a las elecciones de octubre, confiando en que lograrán imponerse independientemente de las turbulencias actuales. Un funcionario oficial graficó la situación expresando que llegarán a octubre pero con el automóvil completamente rayado, reconociendo el daño acumulado pero manteniendo expectativas de victoria electoral.

La semana que se avecina resultará crucial para determinar si el gobierno puede estabilizar la situación o si las presiones se intensificarán hasta comprometer seriamente sus perspectivas electorales. La evolución de la investigación judicial y las reacciones del mercado ante las tensiones políticas definirán si esta crisis representa un episodio superable o el inicio de un deterioro más profundo de la posición oficialista.