El entramado de contrataciones estatales que involucra a la droguería Suizo Argentina se extiende más allá de la Agencia Nacional de Discapacidad, alcanzando dimensiones que comprometen a múltiples organismos gubernamentales. La obra social de los jubilados emerge como otro actor central en esta trama que sacude los cimientos de la administración libertaria.

Las revelaciones sobre el esquema de presuntas coimas han puesto en evidencia una red de contrataciones que abarca diversos ministerios y entidades estatales. La empresa farmacéutica de la familia Kovaliker logró posicionarse como proveedora privilegiada en un período extraordinariamente breve, acumulando acuerdos comerciales por cifras que superan ampliamente los registros de administraciones anteriores.

Durante los primeros 20 meses de la gestión presidencial actual, PAMI formalizó 28 acuerdos contractuales con la droguería investigada, bajo la dirección de Esteban Leguizamón. Esta cifra resulta particularmente llamativa considerando el contexto temporal reducido y la magnitud económica de las operaciones involucradas.

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Entre las contrataciones más significativas figuran tres acuerdos por valores de 195.000, 168.000 y 105.000 dólares respectivamente, todos ejecutados mediante modalidad de compulsa abreviada. Este mecanismo simplificado permite acelerar los tiempos de contratación bajo argumentos de urgencia, evitando los procedimientos licitatorios tradicionales que requieren mayor escrutinio y transparencia.

El contrato de mayor envergadura se concretó durante 2025, mientras que los otros dos se ejecutaron en el ejercicio anterior. La documentación oficial revela que PAMI privilegió sistemáticamente las ofertas de Suizo Argentina para la adquisición del medicamento importado Patisiran 10 mg, desestimando propuestas competitivas de EHG Drug Store LLC, Clinisped Distribuciones Farmacéuticas S.L. y Farmamondo S.A.

Durante 2024, la frecuencia de contrataciones alcanzó 19 operaciones, la mayoría canalizadas a través del mecanismo de compulsa abreviada. Esta modalidad contractual permite a PAMI adquirir bienes y servicios mediante procesos expeditivos que, si bien agilizan la provisión, reducen significativamente los controles habituales del sistema de compras públicas.

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Las operaciones comerciales no se limitaron a contratos exclusivos con Suizo Argentina. En múltiples ocasiones, la empresa compartió adjudicaciones con otras droguerías, como evidencia una compra por 1.132 millones de pesos destinada a medicamentos antimicrobianos. Esta adquisición específica abastecería a los Policlínicos PAMI I y PAMI II de Santa Fe, el Hospital Dr. Bernardo A. Houssay de Buenos Aires, la Unidad Asistencial Dr. César Milstein de la Capital Federal y el Hospital del Bicentenario de Ituzaingó en territorio bonaerense.

Sin embargo, también se registran contrataciones exclusivas que beneficiaron únicamente a la droguería investigada. Un ejemplo representativo involucra la compra de guantes de examen por 17 millones de pesos destinados al Policlínico PAMI II de Rosario. Similarmente, otra operación contempló la adquisición del medicamento importado PKU Express 15 por 11 millones de pesos.

El ritmo de contrataciones durante 2025 mantiene la tendencia del período anterior, registrándose 8 operaciones hasta la fecha actual, además de un contrato cancelado. Entre las transacciones recientes figura la prórroga para provisión de bolsas de recolección de fluidos con carros y canister en comodato, destinadas al Hospital Bicentenario de Ituzaingó. Paralelamente, se amplió el contrato para elementos descartables de protección personal dirigidos a la misma institución sanitaria.

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Un episodio particular merece atención especial: el 8 de julio, PAMI rescindió la adquisición del medicamento importado Qalsody (tofersen) 100 mg/15 ml, argumentando que un paciente no presentó la documentación requerida. Esta decisión representa una rareza en el patrón contractual establecido con la empresa farmacéutica.

La cronología de eventos adquiere relevancia particular al considerar que la contratación más reciente se formalizó apenas 3 días después del estallido del escándalo provocado por los audios de Diego Spagnuolo. El viernes 22 de agosto, mediante "Orden de Compra Cerrada" por casi 45 millones de pesos, Suizo Argentina fue nuevamente seleccionada junto a otras droguerías para proveer medicamentos antimicrobianos destinados a la prevención de enfermedades en afiliados internados.

Las grabaciones filtradas del exfuncionario de ANDIS revelaron mecanismos específicos del presunto esquema corruptivo. Según los audios, representantes de Suizo Argentina contactaban proveedores indicándoles incrementos porcentuales en los costos medicamentosos, estableciendo que los recursos adicionales serían canalizados hacia la Presidencia mediante comunicaciones telefónicas.

La investigación judicial ha encontrado un nuevo impulso tras confirmarse que personal de las Fuerzas Armadas recibió autorización para proporcionar información relevante sobre el manejo de licitaciones y compras de urgencia dirigidas a la empresa farmacéutica. Esta colaboración podría romper las barreras documentales que la causa requiere para avanzar sustancialmente.

Los exdirectores del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) están dispuestos a aportar datos tanto voluntariamente como bajo citación judicial, según confirmaron fuentes calificadas del sector militar. Esta cooperación institucional representa un avance significativo para esclarecer la trama de contrataciones irregulares.

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El caso trasciende las fronteras de ANDIS, extendiendo sus ramificaciones hacia múltiples organismos estatales incluyendo los ministerios de Salud, Defensa y Seguridad. Esta expansión del escándalo genera preocupación en el Gobierno, que monitorea atentamente la evolución de las investigaciones temiendo nuevas denuncias que podrían amplificar el impacto político del caso.

La revelación de estos contratos millonarios con PAMI agrega una dimensión adicional al escándalo que ya compromete al círculo presidencial más íntimo. Las cifras involucradas y la metodología contractual empleada plantean interrogantes sobre los mecanismos de control en las compras estatales y la efectividad de los sistemas de transparencia gubernamental.

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El entramado contractual con Suizo Argentina evidencia un patrón sistemático que abarca diferentes organismos estatales, sugiriendo la existencia de una estrategia coordinada para posicionar a la empresa como proveedora privilegiada del Estado. La investigación judicial deberá determinar si estas contrataciones respondieron a criterios técnicos legítimos o formaron parte de un esquema más amplio de corrupción institucional.