Argentina sin crédito: deuda de usd 34.200 millones hasta 2027 desafia a Milei

El panorama financiero argentino enfrenta una realidad compleja que trasciende las expectativas electorales de octubre. Los mercados internacionales han consolidado una percepción inquietante: independientemente del resultado de las elecciones legislativas, el país deberá afrontar 2026 sin acceso a financiamiento externo a tasas competitivas, mientras enfrenta obligaciones por 34.200 millones de dólares hasta finales de 2027.

La consultora 1816 circuló entre analistas un informe que proyecta un escenario sin rollover para la segunda mitad de la gestión presidencial actual. Esta perspectiva implica que el ministro de Economía, Luis Caputo, no podrá obtener divisas estadounidenses a costos financieramente viables para el Tesoro nacional. El calendario de vencimientos incluye compromisos con el Fondo Monetario Internacional, bonos denominados en dólares, obligaciones con el Club de París, Bopreales destinados a importadores y préstamos bajo modalidad repo.

La percepción del riesgo soberano mantiene al país excluido del mercado crediticio internacional. Aunque la consultora estima que el oficialismo podría superar 40% de los votos en los comicios legislativos, considera que este resultado favorable no generará impacto significativo sobre el índice de riesgo país. Los bonos globales argentinos ya incorporan implícitamente una elevada probabilidad de ausencia de financiamiento futuro.

El análisis técnico de los valores residuales de estos instrumentos financieros al término del mandato presidencial actual revela paridades ubicadas entre 48,9% y 57,2%. Esta valoración refleja el escepticismo de los inversores internacionales respecto a la capacidad de pago del país en el mediano plazo.

El indicador de riesgo soberano se sitúa actualmente en 1.024 puntos básicos, tras haber superado los 1.100 puntos después de la derrota electoral gubernamental en Buenos Aires. Los operadores financieros anticipan que una eventual victoria oficialista en las legislativas podría generar una reducción marginal del indicador, pero insuficiente para alcanzar niveles compatibles con el acceso al crédito internacional.

Durante el período más favorable para la administración actual, hacia finales del año pasado, cuando el ingreso masivo de dólares del blanqueo de capitales presionó a la baja el tipo de cambio, el riesgo país encontró un piso temporal en 560 puntos básicos. Esta mejora duró apenas unos días, evidenciando la fragilidad de la confianza internacional.

En ese contexto optimista, Caputo logró estructurar un préstamo repo por 1.000 millones de dólares con un consorcio de bancos internacionales, utilizando bonos soberanos como garantía. Pese al ambiente favorable, la operación se concretó a una tasa anual de 8,8%, considerada elevada para estándares internacionales.

Un segundo tramo de financiamiento repo por 2.000 millones de dólares se materializó en junio, cuando el riesgo país se ubicaba en 670 puntos básicos. La tasa acordada fue 8,25% anual, representando una reducción marginal respecto a la operación anterior. Sin embargo, el costo seguía siendo considerable, especialmente considerando que para entonces ya se había eliminado el control cambiario y el FMI había desembolsado 12.000 millones de dólares que incrementaron las reservas del Banco Central.

El optimismo inicial se desvaneció cuando se evidenció el fracaso del programa de Bonos del Tesoro dirigidos a inversores externos. Esta iniciativa, diseñada para captar 8.000 millones de dólares mediante colocaciones mensuales de 1.000 millones, logró únicamente emitir títulos por 1.500 millones de dólares antes de suspenderse definitivamente.

La primera colocación de estos instrumentos en mayo generó euforia oficial. El presidente celebró el retorno al mercado crediticio con expresiones de triunfo en redes sociales. El argumento gubernamental presentaba este bono como un punto de inflexión económico, especialmente porque los inversores de Wall Street habían aceptado títulos pagaderos en pesos, interpretado como muestra de confianza en la estabilidad monetaria.

La experiencia recordaba el precedente de 2018, cuando fondos de inversión como Templeton y BlackRock sufrieron pérdidas significativas al adquirir bonos denominados en pesos durante la anterior gestión de Caputo al frente del Ministerio de Hacienda.

Sin embargo, las expectativas oficiales sobre las tasas de interés demostraron ser incorrectas. Caputo estimaba que el superávit fiscal, la desaceleración inflacionaria, el acuerdo con el FMI y la eliminación del cepo cambiario generarían demanda a tasas relativamente bajas. En cambio, los inversores exigieron un rendimiento de 29,5% en la licitación de mayo, cifra que parecía modesta comparada con el 75% convalidado posteriormente para Letras de Capitalización de corto plazo, pero que entonces causó sorpresa en los mercados.

Para mitigar riesgos se incluyó una cláusula put a dos años, garantizando la posibilidad de liquidar la inversión antes del vencimiento a cinco años. Los títulos pagaban intereses semestrales, y la cláusula de salida anticipada se interpretó como salvaguarda contra riesgo político durante el año electoral de 2027.

El mes siguiente incorporó incentivos adicionales, eliminando la norma que obligaba a inversores extranjeros a mantener sus posiciones seis meses antes de repatriar divisas. Esta modificación, conocida como eliminación del parking, no mejoró sustancialmente la receptividad del mercado, llevando a Caputo a suspender definitivamente el programa.

La persistencia del riesgo país elevado se combinó con señales de incertidumbre cambiaria, reflejadas en el creciente déficit de cuenta corriente y las dificultades para acumular reservas internacionales. Para operaciones que implican prestar dólares y cobrar en pesos resulta indispensable un ambiente de estabilidad cambiaria que actualmente no se percibe.

Los inversores que participaron en la licitación de mayo experimentaron resultados adversos. Vendieron dólares a 1.148 pesos por un bono que rinde 29,5% anual. Sin coberturas contra devaluación, la pérdida fue considerable: en tres meses y medio, el tipo de cambio se incrementó 25%. Los analistas presumen que la mayoría contrató seguros de devaluación en el mercado de futuros, atenuando parcialmente las pérdidas.

Economistas cercanos al gobierno expresan pesimismo respecto a una reducción del riesgo país que permita acceder al crédito a tasas razonables. Se estima que para lograr financiamiento el índice debe ubicarse debajo de 500 puntos básicos. En abril, cuando se levantó el cepo cambiario, las proyecciones más optimistas ubicaban el riesgo país en torno a 300 puntos para fin de año, pero la realidad contradijo estas expectativas.

Federico Machado argumentó sobre la incompatibilidad entre mantener bandas cambiarias y simultáneamente comprar dólares para acumular reservas. El sistema bancario celebró que el gobierno cesara su intervención para defender el techo informal de 1.360 pesos por dólar, evitando quemar divisas del Tesoro con recursos limitados.

Esta decisión permitió reducir tasas de interés y generó discusiones sobre una eventual disminución de los elevados encajes bancarios del 53% sobre depósitos, implementados para absorber pesos excedentarios que podrían comprometer la estabilidad del programa económico.

Cuando Caputo reconoció haber calculado incorrectamente el riesgo país, previendo 400 puntos en agosto cuando alcanzó 800 puntos, los economistas rechazaron su explicación basada en el riesgo kuka. Señalaron que el Congreso había aprobado las leyes de mayor costo fiscal el 14 de julio, momento en que los bonos CER pagaban premio de 10% y las Lecaps rendían 33%. Tras el veto confirmado a la reforma jubilatoria, las tasas no descendieron sino que continuaron su trayectoria ascendente.

Los críticos centraron su explicación en dudas sobre la sostenibilidad del programa económico, con un gobierno incapaz de acumular reservas que se empecinaba en defender un ancla cambiaria mediante intervención oficial en futuros, contradiciendo el discurso de flotación libre.

Amílcar Collante elaboró análisis gráficos demostrando cómo el riesgo país se mueve inversamente respecto a la acumulación de dólares en el Banco Central. El primer año de la gestión actual registró caída de casi 1.000 puntos coincidiendo con compras por 7.000 millones de dólares, seguida de una reversión posterior.

Pese a que el gobierno ratifica su programa y exhibe respaldo del FMI, persisten dudas sobre el mantenimiento de la banda de flotación. Los contratos de futuros para octubre, noviembre y diciembre muestran cotizaciones superiores al techo teórico establecido.

Carlos Melconian expresó elocuentemente que después de octubre se terminaría toda fantasía y el techo de la banda cambiaria perdería sentido. Sin acceso a crédito externo, el gobierno debería acumular 27.300 millones de dólares en dos años, promediando 1.000 millones mensuales, para afrontar vencimientos manteniendo reservas netas en cero.

Esta estimación considera las reservas netas actuales de 6.900 millones de dólares. Alcanzar tal acumulación con recursos propios parece difícil pero factible, requiriendo superávit comercial no inferior a 18.000 millones anuales para proveer demanda interna de divisas y vender al Tesoro para cancelar deuda.

El escenario actual contradice estas necesidades. La encuesta REM entre economistas y banqueros proyecta superávit comercial de poco más de 6.000 millones para este año, la mitad de lo estimado inicialmente. Aunque el gobierno exhibe datos optimistas sobre el potencial de Vaca Muerta para aportar más de 50.000 millones anuales, las inversiones necesarias aún no se han concretado completamente, mientras el calendario de pagos de Caputo muestra obligaciones inmediatas.