Tensión en las negociaciones entre el Gobierno y los Gobernadores
El punto central de discordia gira en torno a la nueva versión de la ley ómnibus y medidas asociadas como la reinstauración del impuesto a las Ganancias, cambios en jubilaciones y decretos de necesidad y urgencia (DNU)
El gobierno del presidente Javier Milei enfrenta dificultades para avanzar con su agenda legislativa y fiscal debido a la resistencia de gobernadores, tanto de Juntos por el Cambio (JxC) como del peronismo. El punto central de discordia gira en torno a la nueva versión de la ley ómnibus y medidas asociadas como la reinstauración del impuesto a las Ganancias, cambios en jubilaciones y decretos de necesidad y urgencia (DNU).
Posiciones Divididas sobre Ganancias
Una de las principales diferencias radica en el regreso del impuesto a las Ganancias que propone el gobierno. Los gobernadores de JxC no tienen una postura unificada al respecto. Los mandatarios patagónicos, cuyos trabajadores perciben salarios más altos que podrían quedar alcanzados por la nueva escala impositiva, se oponen fuertemente al igual que los gobernadores peronistas.
El ministro del Interior, Guillermo Francos, confirmó la intención del gobierno de Milei de restituir el pago de la cuarta categoría de Ganancias, con un piso mínimo estimado de $1.200.000, una base que rechazan la mayoría de los mandatarios más cercanos al oficialismo. Francos indicó que el tema se incluiría en el paquete fiscal de la ley ómnibus, con posible aplicación retroactiva.
Tensiones por DNU y Fondos Provinciales
La mesa de negociación se complicó aún más cuando el presidente Milei emitió el DNU 280/2024, eliminando el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), el Fondo Compensador al Transporte y suspendiendo giros de la ANSES a 13 cajas previsionales provinciales.
Esto generó fuerte rechazo de los gobernadores afectados, quienes amenazan con recurrir a la Justicia si no se revierten las medidas. Francos intentó bajar la tensión asegurando que las partidas presupuestarias para las provincias están garantizadas, aunque reconoció discusiones pendientes sobre montos de deudas y transferencias.
Reclamos de las Provincias Patagónicas
Los gobernadores patagónicos ratificaron su intención de conformar una Agencia de Desarrollo regional enfocada en el trabajo y la producción. Advirtieron que el DNU de Milei "no puede seguir vigente" debido al fuerte impacto en las facturas de gas.
El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, criticó el "Pacto de Mayo" propuesto por el gobierno, señalando que un verdadero pacto implicaría cumplir con la Constitución y las leyes. Anunció que su provincia no negociará mientras no reciba los recursos adeudados por Nación, que ascienden a $24 mil millones.
Avances en la Ley Ómnibus y Reforma Laboral
A pesar de las diferencias, el oficialismo confía en lograr la aprobación de la nueva ley ómnibus en la Cámara de Diputados. El proyecto ingresaría el jueves a mesa de entradas con la intención de un tratamiento exprés y votación el 25 de abril.
El gobierno cuenta con los 144 votos que obtuvo en la votación en general del primer intento. La novedad es la inclusión de la reforma laboral en el paquete, un tema impulsado por el PRO para darle mayor solidez institucional frente a potenciales cuestionamientos judiciales como los que frenaron el DNU 70.
La reforma propone cambios sensibles como reducción de indemnizaciones (reemplazadas por un fondo de cese laboral), extensión de pasantías y sanciones a asambleas en ámbitos laborales, puntos que generarán fuertes debates.
En síntesis, el gobierno de Javier Milei enfrenta un complejo escenario de negociación con gobernadores de distintos signos políticos para avanzar con su agenda legislativa y fiscal. Si bien existen resistencias a medidas como el regreso de Ganancias y el recorte de fondos provinciales vía DNUs, el oficialismo se muestra confiado en lograr la aprobación de la nueva ley ómnibus con la inclusión de la polémica reforma laboral.
El desenlace de estas tratativas tendrá un impacto significativo en la gobernabilidad y las relaciones entre el gobierno nacional y las provincias en los próximos meses. Se requerirá de habilidad política y capacidad de diálogo para destrabar los conflictos y alcanzar consensos que permitan la implementación de las políticas propuestas por el Ejecutivo.
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