Las empresas de medicina privada no se quedaron de brazos cruzados ante la decisión del Gobierno Nacional de retrotraer las cuotas de los afiliados de las principales prepagas a diciembre y solicitar a la justicia una medida cautelar que ratifique esa decisión y que devuelva los aumentos que superen el IPC devengados en estos primeros meses del año. Inmediatamente alertadas por esta doble vía, las prepagas afilaban su estrategia de contraataque.

El primer paso será apelar la resolución administrativa de la Secretaría de Comercio apoyada en el dictamen de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), y pedir que sea concedida con efecto suspensivo. Es decir, que mientras se tramita, todo siga igual que como hasta ahora. Aunque de corto alcance, esta medida puede serle útil a las empresas en la transición a "cumplir" –bajo sus términos- con la orden oficial.

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El segundo paso será ir a discutir a la justicia el amparo con pedido de medida cautelar presentado por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS). Allí, las prepagas vacilan en cómo defenderse, ya que según la Ley de Cautelares, las apelaciones a estas medidas contra el Estado tienen efecto devolutivo, con lo cual la resolución de la Secretaría de Comercio tendría plena vigencia hasta que resuelva la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal.

Sin embargo, las empresas consideran "inviable" la devolución a los afiliados y el dejar a crédito lo cobrado sobre la fórmula que plantea el Ejecutivo de IPC. Argumentan que sería el desfinanciamiento del sistema y que el primer efecto para evitar quedar desfinanciado sería tener que dar de baja los aumentos a los prestadores (médicos, estudios, etc), lo que podría redundar en que abandonen el servicio y con la consiguiente baja de calidad a los afiliados.

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Además, las prepagas tienen un argumento muy a mano para justificar sus aumentos y defenderse del señalamiento de cartelización. Todas las cartas de incrementos a los afiliados de diciembre a la fecha citan que "como es de público conocimiento, el Gobierno Nacional ha decretado mediante el DNU 70/2023 del 20 de diciembre de 2023 la emergencia sanitaria en el país, posibilitando de tal manera recomponer los precios de los planes vigentes y con ello, cubrir los desfasajes de costos". Ese DNU sigue vigente.

Pero subyacen otras cuestiones igual de complejas. El Gobierno impuso el máximo peso de su decisión sobre las prepagas pero no menciona a otro sector bien concentrado: los laboratorios. A la par de la desregulación de la medicina prepaga, hubo un festival de actualizaciones para las farmacéuticas, que ahora siguen sin estar topeadas. Un sistema se interrelaciona con el otro.

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En este contexto, el Gobierno se enfrenta a su contradicción más feroz: por un lado, debe defender la vigencia del DNU –la matriz de reformas de Javier Milei que todavía sigue en pie-, pero que es precisamente el instrumento que las empresas aducen que le posibilitó hacer lo que ahora el Ejecutivo les censura. Recular sería –de cara a la sociedad- algo de altísimo costo político.

Mientras tanto, Claudio Belocopitt, dueño de Swiss Medical y del 50% de Medicus, se ha convertido, súbitamente, en el enemigo público para el Gobierno, pero también para parte del Círculo Rojo que colabora secretamente con sus detractores. Viejas rencillas que se hunden en lo más fangoso y no reniegan de haber recurrido a lo que consideran material "carpeteable" del empresario de más alto perfil en el sistema de salud privado.

En definitiva, la batalla entre el Gobierno y las prepagas está lejos de haber terminado. Mientras las empresas de medicina privada afilan su estrategia de defensa, el Ejecutivo se enfrenta a sus propias contradicciones y a la necesidad de defender una medida que, de cara a la sociedad, parece ir en contra de sus propios principios de libre mercado. El desenlace de esta historia se escribirá en los tribunales, pero también en el terreno de la opinión pública.