La industria de la construcción en Argentina atraviesa una profunda crisis, agravada por el recorte de fondos para la obra pública. Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), en reportaje realizado por Liliana Franco de Ambito Financiero, advierte sobre los efectos perjudiciales que esta situación está generando, no solo para las empresas constructoras, sino también para toda la industria proveedora de insumos y la economía en su conjunto.

Según Weiss, la situación ha pasado de la incertidumbre a la desesperación, ya que la casi totalidad de las empresas no cobran un peso desde octubre o noviembre de 2023. Se estima que entre 3.500 y 4.000 obras se encuentran paralizadas, neutralizadas o suspendidas, lo que ha provocado la pérdida de más de 100.000 empleos en los últimos meses.

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La ejecución presupuestaria del Sector Público Nacional refleja una caída real del 87% en el primer trimestre de 2024, con reducciones del 98,4% en las transferencias de capital a las provincias. Weiss señala que la deuda acumulada supera largamente los $300.000 millones, afectando gravemente la situación financiera de las empresas constructoras.

La situación en el interior del país es igualmente preocupante, ya que muchas provincias no cuentan con los recursos necesarios para poner en marcha las obras que el Estado Nacional tiene en ejecución. Weiss enfatiza la importancia de la obra pública como motor de la actividad económica, generadora de empleo directo e indirecto y estimuladora del crecimiento.

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Si bien CAMARCO apoya la lucha contra la corrupción, Weiss considera necesario encontrar un equilibrio entre combatir la corrupción y no paralizar la infraestructura que el país necesita para mantener la actividad económica, crecer y desarrollarse. Estudios realizados por la Cámara demuestran que cada peso invertido en construcción genera un efecto total de $2,24 en la economía y crea un puesto de trabajo adicional por cada puesto creado directamente.

Respecto a la participación privada en el financiamiento de la infraestructura, Weiss señala que, si bien es una opción válida, la experiencia internacional indica que no excede el 15% de la inversión total. El 85% restante no es atractivo para la inversión privada y, por lo tanto, debe estar a cargo del Estado en sus tres niveles.

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La actividad global de la construcción cayó un 24,6% interanual en febrero, según datos del INDEC, mientras que la demanda de insumos disminuyó un 40% en marzo, de acuerdo con el índice Construya. Weiss atribuye esta situación al ajuste fiscal y la reducción de ingresos en los sectores medios, que movilizan la obra privada. Para revertir esta tendencia, es necesario recuperar los salarios, estabilizar el costo de la construcción en dólares y contar con una política de créditos hipotecarios acorde a la realidad económica y social del país.

En cuanto a las perspectivas para el sector, tanto en obra pública como privada, Weiss admite que la visión es muy negativa y no se vislumbra una salida o mejora en las condiciones a corto plazo. Sin embargo, destaca que el constructor es, por definición, optimista y que la innovación es fundamental para enfrentar los desafíos del sector.

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En conclusión, la crisis que atraviesa la industria de la construcción en Argentina requiere medidas urgentes para reactivar la obra pública y privada, generando empleo y estimulando el crecimiento económico. Es fundamental encontrar un equilibrio entre la lucha contra la corrupción y la ejecución de proyectos de infraestructura estratégicos para el desarrollo del país.