La industria de la construcción en Argentina atraviesa una de sus peores crisis en décadas, comparable solo con la debacle económica de 2001. Esta situación crítica fue el tema central de la convención anual de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), donde empresarios y expertos analizaron el sombrío panorama actual y las posibles vías de recuperación.

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Gustavo Weiss, presidente de Camarco, no dudó en calificar la situación como "gravísima". Los números respaldan esta afirmación: el sector de la construcción se desplomó un 19,7% en el primer trimestre de 2024, muy por encima de la caída general del PBI del 5,1%. Más alarmante aún, la industria es responsable de casi el 60% de los puestos de trabajo perdidos desde el cambio de gobierno, con estimaciones que hablan de 100,000 despidos.

El impacto de esta crisis se extiende más allá de los números. Weiss advirtió sobre las consecuencias a largo plazo de la paralización de obras, señalando que la falta de mantenimiento de la infraestructura existente resultará en costos mucho mayores en el futuro. "Es un enorme dispendio de dinero no conservar lo existente. Recuperarlo será mucho más caro que lo que cuesta un mantenimiento en tiempo y forma", afirmó.

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La raíz del problema es doble. Por un lado, el freno casi total a la obra pública debido al ajuste fiscal implementado por el gobierno de Javier Milei. Por otro, el aumento de los costos en dólares para la construcción privada, consecuencia del atraso cambiario. Esta combinación ha llevado a una parálisis sin precedentes en el sector.

Pero la crisis no solo afecta a las perspectivas futuras. Las empresas constructoras enfrentan también un problema inmediato: una deuda acumulada de aproximadamente 400,000 millones de pesos en certificados de obras impagos. Estos certificados, que deberían haberse pagado en diciembre, representan trabajos ya realizados y son pagos garantizados por contrato.

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La situación es tan crítica que algunas empresas están considerando acciones legales para reclamar estos pagos. Sin embargo, como señaló Weiss, "un juicio así en la justicia local puede tardar 10 años, lo más conveniente es negociar con el Gobierno". La posibilidad de que el gobierno emita un bono para saldar estas deudas, similar al utilizado en el sector energético, está sobre la mesa, aunque su aceptación dependería de la paridad ofrecida.

En busca de soluciones, el sector mira hacia dos posibles vías de reactivación. La primera involucra proyectos de infraestructura con financiamiento de organismos de crédito internacionales. Aunque inicialmente se pensó en transferir estos préstamos a las administraciones provinciales, ahora parece más probable que permanezcan bajo el control del gobierno nacional.

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La segunda opción es el traspaso de obras desde la Nación hacia las provincias. Esto implicaría que el financiamiento ya no dependería del Tesoro nacional, sino de los gobiernos provinciales. Aunque esta alternativa es vista con buenos ojos por las empresas, se anticipan desafíos en el proceso de transición, especialmente en lo que respecta a las condiciones de los contratos y la gestión de las deudas acumuladas.

El economista Emmanuel Álvarez Agis, invitado a la convención, ofreció una perspectiva crítica sobre la situación. Según él, el gobierno "está montando un argumento político para resolver un problema bastante claro y cotidiano que es que no tiene dónde ajustar: al no tener dónde ajustar, la obra pública y la infraestructura se llevaron la peor parte".

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La crisis en el sector de la construcción tiene implicaciones que van más allá de la industria misma. Como uno de los mayores empleadores del país y un indicador clave de la salud económica general, su recuperación es crucial para la reactivación económica de Argentina.

Sin embargo, las perspectivas a corto plazo no son alentadoras. Como señaló un veterano del sector, "ya este año está perdido". La recuperación, cuando llegue, probablemente será gradual y dependerá en gran medida de la estabilización de la economía en general y de la implementación de políticas que fomenten la inversión en infraestructura.

El gobierno de Milei se enfrenta ahora al desafío de equilibrar sus objetivos de ajuste fiscal con la necesidad de reactivar un sector clave de la economía. La resolución de la deuda acumulada y la implementación de mecanismos que permitan la continuidad de proyectos críticos serán fundamentales para evitar un deterioro aún mayor de la infraestructura del país.

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En conclusión, la crisis en el sector de la construcción en Argentina es un reflejo de los desafíos económicos más amplios que enfrenta el país. La búsqueda de soluciones requerirá un delicado equilibrio entre la disciplina fiscal y la necesidad de inversión en infraestructura. El éxito en esta tarea no solo será crucial para la recuperación del sector, sino también para el futuro económico de Argentina en su conjunto.