A medida que el gobierno de Javier Milei avanza con su programa de ajuste, surgen interrogantes sobre quiénes están soportando realmente el peso de estas medidas y cuáles serán las perspectivas para el resto del año.

Un reciente estudio realizado por la Consultora de Imagen y Gestión Política (CIGP) ha arrojado luz sobre la percepción ciudadana respecto a la situación económica del país. Los resultados son reveladores: el 93,5% de los consultados considera que el ajuste no lo está pagando "la casta", como propuso inicialmente el presidente Milei, sino "la clase media y baja". Este dato contrasta fuertemente con la narrativa oficial y sugiere un creciente desencanto con las políticas económicas actuales.

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La encuesta también revela que dos de cada tres argentinos creen que la situación actual es "mala o muy mala". Este pesimismo generalizado se refleja en diversos aspectos de la vida cotidiana, desde la reducción en el consumo de bienes básicos hasta la disminución en la capacidad de ahorro. El 56,9% de los encuestados afirma no tener remanentes de su salario para ahorrar, un aumento significativo respecto a meses anteriores.

Por otro lado, el sector industrial, tradicionalmente uno de los motores de la economía argentina, enfrenta sus propios desafíos. Los industriales identifican al menos tres riesgos principales para el segundo semestre de 2024: la escasez de dólares, las remarcaciones de precios y los problemas de stock.

La falta de dólares es particularmente preocupante. Como señalan algunos expertos, por cada punto de crecimiento del PIB se necesitan tres puntos de importaciones. En un contexto donde las reservas internacionales netas se encuentran en terreno negativo, surge la pregunta: ¿con qué dólares se abastecerá un potencial aumento de la demanda?

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Este dilema se agrava con la reciente flexibilización en el pago de importaciones, que ahora se realiza en dos cuotas del 50% cada una. Si bien esta medida busca reactivar la actividad económica, también ejerce una presión adicional sobre las ya escasas reservas del Banco Central.

El fin del "sobre stock" es otro factor que preocupa a los industriales. Durante el segundo semestre de 2023, muchas empresas optaron por acumular inventarios como estrategia frente a la inflación y la expectativa de devaluación. Ahora, con esos stocks agotándose y en un contexto de baja demanda, surge la incertidumbre sobre cómo se financiará la reposición de mercaderías.

La posibilidad de nuevas remarcaciones de precios también está en el radar de los empresarios. Aunque la inflación ha mostrado signos de desaceleración, la tenue recuperación salarial en el sector privado registrado podría generar presiones alcistas en los precios, a medida que las empresas busquen encontrar un nuevo punto de equilibrio.

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Frente a este panorama, el gobierno mantiene su apuesta por una política de austeridad fiscal y monetaria. La estrategia oficial se basa en la eliminación de la inflación y la recomposición del crédito como principales motores de la reactivación económica. Sin embargo, esta visión no está exenta de críticas.

Algunos economistas, como Haroldo Montagu, advierten que "todos los indicadores de la industria van para abajo" y que no se vislumbra por dónde podría venir un rebote significativo. Montagu sostiene que se está produciendo una "reconfiguración del sector industrial argentino" orientado al sector externo, con sectores exportadores como el petróleo trabajando al 80% de su capacidad, mientras que sectores orientados al mercado interno, como el automotriz, operan al 40%.

Por su parte, Mauro González, titular de la Confederación General Pyme, es aún más pesimista. Cree que la situación "empeorará" porque "aún no se tocó fondo". González advierte sobre la creciente brecha entre grandes empresas y pymes, señalando que mientras las primeras tienen la capacidad de ajustar variables como el empleo, para las pequeñas empresas, desprenderse de personal a menudo es el preludio del cierre definitivo.

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A pesar de estos desafíos, el gobierno mantiene un tono optimista. Algunos funcionarios señalan indicadores que muestran una leve mejoría intermensual en ciertos sectores, como el patentamiento de autos (que creció un 20,6%) o el despacho de cemento (que aumentó un 17,9%). Sin embargo, estos datos puntuales contrastan con la percepción generalizada de estancamiento económico.

El ministro de Economía, Luis Caputo, ha insistido en que la eliminación de impuestos y la normalización del mercado de cambios serán factores clave para la reactivación. No obstante, la implementación de estas medidas enfrenta obstáculos tanto políticos como económicos.

En este contexto, la relación entre el gobierno y el sector privado se torna cada vez más tensa. En un reciente encuentro en Casa Rosada, ante la pregunta de cuántas empresas quedarían en pie luego de la aplicación del programa económico, la respuesta oficial fue tajante: "Veremos quiénes son empresarios realmente, tendrán que competir. Nosotros no vamos a intervenir".

Esta postura de no intervención estatal genera preocupación en diversos sectores productivos, especialmente en un momento en que la economía global enfrenta sus propios desafíos e incertidumbres.

De cara al futuro, el gobierno apuesta al blanqueo de capitales y a un posible nuevo acuerdo con el FMI como vías para el ingreso de divisas. Sin embargo, la efectividad de estas medidas está por verse, especialmente en un contexto de desconfianza generalizada tanto interna como externa.

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En conclusión, la economía argentina se encuentra en una encrucijada. Por un lado, el gobierno mantiene su apuesta por un ajuste profundo como camino hacia la estabilización y el crecimiento. Por otro, amplios sectores de la sociedad y la industria expresan su preocupación por los costos sociales y económicos de estas políticas.

El desafío para los próximos meses será encontrar un equilibrio entre la necesidad de estabilización macroeconómica y la urgencia de reactivar el aparato productivo. La capacidad del gobierno para navegar estas aguas turbulentas, manteniendo el apoyo popular y empresarial, será crucial para el éxito de su programa económico y, en última instancia, para el bienestar de los argentinos.

Mientras tanto, la sociedad argentina observa con una mezcla de escepticismo y esperanza, consciente de que los próximos meses serán determinantes para el futuro económico del país. La pregunta que queda en el aire es si el sacrificio actual se traducirá en una mejora tangible de las condiciones de vida o si, por el contrario, profundizará las ya existentes desigualdades socioeconómicas.